Milton Morrison y la extraña inmunidad política de los funcionarios que se creen intocables
29 Junio 2026 Affe Gutierrez 12
Por Affe Gutierrez
Santo Domingo.- La denuncia formulada por la comunicadora Nikauly de la Mota contra Milton Morrison no puede ser reducida a una simple discusión personal entre una periodista y un funcionario. De la Mota ha afirmado que recibió mensajes y un video de sus intervenciones públicas que interpretó como una actuación intimidatoria después de haber expresado críticas sobre la gestión del director del Intrant.
Morrison tiene derecho a explicar su versión, y una denuncia mediática no equivale a una condena. Sin embargo, un funcionario público tampoco puede comportarse como si el cuestionamiento ciudadano fuera una provocación personal ni como si la crítica periodística tuviera que ser respondida desde la altura intimidante del cargo.
El funcionario administra poder público; no administra el derecho de los ciudadanos a opinar sobre él.
Lo ocurrido con Nikauly adquiere mayor gravedad política cuando no aparece como un episodio aislado, sino como otra pieza dentro de una larga sucesión de controversias que han acompañado a Morrison durante su paso por importantes posiciones del Estado.
Sobre su figura se han acumulado acusaciones públicas relacionadas con un supuesto cobro del cinco por ciento a empleados públicos vinculados a su organización política; cuestionamientos por rifas realizadas por País Posible; reclamaciones en torno a una vivienda presuntamente ganada y no entregada; rumores y señalamientos sobre su administración en Edesur; acusaciones de mezclar su liderazgo partidario con el ejercicio de funciones públicas; el conflicto contractual y judicial con la empresa Dekolor; y una denuncia por la presunta omisión en su declaración jurada de una vivienda adquirida junto a su esposa en Weston, Florida.
Es indispensable reiterarlo: una denuncia no constituye una sentencia, un rumor no equivale a una prueba y una controversia política no transforma automáticamente a nadie en culpable.
Pero la presunción de inocencia, que protege al ciudadano frente al poder punitivo del Estado, tampoco obliga a la sociedad a renunciar al escrutinio político. El problema no es solamente determinar si existe responsabilidad penal. También corresponde evaluar si la acumulación de dudas, explicaciones incompletas, conflictos y comportamientos públicamente cuestionados afecta la confianza necesaria para dirigir instituciones estratégicas.
Morrison ha negado que País Posible cobrara un cinco por ciento a empleados públicos y ha calificado esas acusaciones como noticias falsas. También ha rechazado irregularidades relacionadas con las rifas promovidas por su partido. Es su derecho defenderse.
No obstante, cuando una mujer afirma públicamente que ganó una vivienda en una rifa vinculada a la organización y que no le fue entregada, la respuesta política no puede agotarse en despreciar la denuncia o atribuirla a la posverdad. Deben exhibirse las bases del sorteo, los boletos, las actas, la certificación del ganador, los documentos de transferencia y la situación jurídica del inmueble.
La transparencia no consiste en declarar que todo es falso. Consiste en presentar documentos capaces de demostrarlo.
La casa de Florida y el deber de explicar
La vivienda adquirida por Morrison y su esposa en Weston, Florida, constituye otra controversia que merece respuestas documentadas y no discursos de victimización.
La existencia de la propiedad y su adquisición por aproximadamente US$837,500 han sido admitidas públicamente. Morrison ha explicado que una parte fue pagada con recursos propios y que el resto fue financiado mediante una hipoteca. También ha asegurado que puede demostrar el origen lícito del dinero.
Hasta ahí, comprar una vivienda en los Estados Unidos no constituye ningún delito.
El cuestionamiento surge por la denuncia de que dicho inmueble habría sido omitido de una declaración jurada de patrimonio. Esa imputación debe ser investigada por los órganos competentes, confrontando la fecha de adquisición, las declaraciones iniciales y finales correspondientes a sus distintas funciones, la titularidad dentro de la comunidad conyugal y el registro del préstamo hipotecario como pasivo.
Mientras no exista una decisión oficial, nadie debe afirmar que Morrison cometió enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tampoco resulta aceptable convertir una pregunta patrimonial legítima en un ataque personal o en una conspiración de enemigos imaginarios.
El funcionario que administra instituciones del Estado tiene la obligación de explicar con mayor claridad que un ciudadano ordinario. No se le exige menos debido a su posición; se le exige más.
Dekolor: una controversia que no debe manipularse
En el enfrentamiento con Dekolor es necesario ser justos. Morrison y el Intrant figuran como denunciantes de supuestos intentos de soborno, presión y chantaje para obtener la extensión de un contrato relacionado con la emisión de licencias de conducir.
Si esos hechos se demuestran, Morrison habría actuado correctamente al rechazarlos y denunciarlos.
Pero incluso una actuación correcta en un expediente no convierte al funcionario en inmune frente a los demás cuestionamientos. Haber denunciado un posible soborno no responde automáticamente las preguntas sobre las rifas, los aportes partidarios, la vivienda en Florida, su conducta frente a periodistas o la eventual utilización de estructuras públicas con fines políticos.
La integridad no se certifica con una sola denuncia. Se demuestra mediante una conducta completa, coherente y permanentemente abierta al escrutinio.
La vara presidencial que cambia según el funcionario
La gran pregunta no recae únicamente sobre Milton Morrison. Recae también sobre el presidente Luis Abinader.
¿Cómo se explica que un funcionario rodeado de tantas controversias haya sido mantenido sucesivamente en dos áreas estratégicas para la seguridad, la economía y la estabilidad nacional: primero el sistema eléctrico y después el sistema de tránsito y transporte terrestre?
El presidente ha separado a otros funcionarios ante una cantidad considerablemente menor de ruido público.
Cecilio Rodríguez fue destituido del Inabie después de denuncias e investigaciones sobre licitaciones de alimentos escolares, uniformes y útiles.
Wanda García fue suspendida y posteriormente destituida del Acuario Nacional tras denuncias de irregularidades en compras, contrataciones y manejo administrativo.
Porfirio Peralta fue removido de Promipyme después de admitirse la venta de boletos de una rifa vinculada a un movimiento político dentro de la institución y de denuncias de presión sobre empleados.
Antonio Julio de la Cruz Nolasco fue sustituido en la Dirección de Embellecimiento de Carreteras después de una investigación periodística que cuestionó la contratación de familiares.
Plutarco Arias fue destituido del Ministerio de Salud Pública en febrero de 2021, en medio del escándalo provocado por una licitación para la compra de jeringuillas durante la pandemia.
Luz del Alba Jiménez fue removida del Ministerio de la Juventud luego de semanas de cuestionamientos públicos.
En varios de esos casos no existía una condena penal cuando se produjo la separación. Bastaron la gravedad de las denuncias, el deterioro de la confianza pública o la necesidad de preservar la credibilidad del Gobierno.
¿Por qué esa misma vara no parece aplicarse a Milton Morrison?
¿Existe una confianza presidencial extraordinaria que la ciudadanía desconoce? ¿Hay compromisos políticos que pesan más que la imagen del Gobierno? ¿O simplemente algunos funcionarios poseen una especie de inmunidad cortesana que no acompaña a los demás?
El silencio del Poder Ejecutivo convierte estas preguntas en una sospecha política legítima.
El síndrome de hubris en la administración pública
Parte del comportamiento que se observa en ciertos altos funcionarios puede analizarse mediante el llamado síndrome de hubris, concepto desarrollado por David Owen y Jonathan Davidson para describir una alteración de la conducta asociada al ejercicio prolongado o intenso del poder.
No se trata de un diagnóstico psiquiátrico oficialmente reconocido ni puede utilizarse irresponsablemente para diagnosticar a distancia a una persona concreta. Es un marco de análisis sobre la manera en que el poder puede deformar la percepción que determinados líderes tienen de sí mismos.
Entre sus manifestaciones se encuentran la confianza desmesurada, la incapacidad para escuchar consejos, el desprecio por la crítica, la identificación del individuo con la institución, la sensación de superioridad moral, la impulsividad y la creencia de que las reglas ordinarias corresponden a los demás, pero no a quien ejerce el mando.
El hubris aparece cuando el funcionario deja de comprender que ocupa temporalmente una oficina del Estado y comienza a actuar como si fuera propietario de ella.
Ya no interpreta una crítica como parte natural de la democracia, sino como un acto de insolencia. No percibe al ciudadano como titular de derechos, sino como un intruso. No ve al periodista como fiscalizador del poder, sino como un enemigo al que hay que disciplinar.
Ese deterioro también se expresa en prácticas aparentemente cotidianas.
Hay funcionarios para quienes solicitar una cita se convierte en un interrogatorio previo. El ciudadano debe explicar a una secretaria todos los detalles de lo que desea conversar, aun cuando se trate de asuntos personales, sensibles o confidenciales. Otros obligan a los visitantes a entregar sus teléfonos celulares antes de entrar al despacho, como si toda conversación con un servidor público tuviera que desarrollarse en una zona clandestina, ajena a la transparencia que debe revestir la administración.
Las medidas de seguridad pueden ser razonables en determinadas instituciones. Lo inadmisible es utilizarlas como instrumentos de humillación, distancia social o escenografía de poder.
Un funcionario accesible no pierde autoridad. La dignifica.
Afortunadamente, existen servidores públicos amables, respetuosos y conscientes de que su salario proviene del ciudadano. Reciben, escuchan, responden y comprenden que el cargo no aumenta su valor humano ni disminuye el de quien toca la puerta.
Otros, en cambio, llegan al Estado con una biografía ordinaria y, después de recibir choferes, escoltas, oficinas, viáticos y ceremonias, comienzan a caminar como si hubieran sido escogidos por la providencia.
El cargo les presta importancia y ellos terminan creyendo que la importancia les pertenece.
El funcionario que golpea al ciudadano también golpea al partido
La arrogancia administrativa no afecta solamente al ciudadano común. También golpea a los dirigentes, militantes y compañeros del partido oficialista que trabajaron para llevar a Luis Abinader al poder.
Son ellos quienes recorrieron barrios, organizaron estructuras, defendieron votos y enfrentaron años de oposición. Sin embargo, al intentar acceder a determinadas instituciones, con frecuencia reciben el mismo desprecio, las mismas puertas cerradas y la misma indiferencia burocrática que cualquier ciudadano.
El funcionario designado olvida que no ganó una elección personal. Llegó al despacho montado sobre los votos y sacrificios de miles de personas.
Después se rodea de aduladores, antiguos adversarios oportunamente convertidos y tecnócratas que jamás buscaron un voto, mientras los dirigentes de base esperan durante meses una respuesta, una cita o el simple respeto de ser escuchados.
La paradoja resulta todavía más irritante cuando algunos de esos funcionarios no estuvieron precisamente entre quienes defendieron a Luis Abinader durante la campaña electoral de 2020. Por el contrario, hubo quienes dedicaron buena parte de su exposición pública y mediática a cuestionarlo, descalificarlo y combatir sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, una vez alcanzado el poder, fueron premiados con posiciones estratégicas, acceso privilegiado y una transformación exponencial de su vida pública, social y económica. Quien antes atacaba con dureza al candidato presidencial del PRM terminó convertido en uno de los funcionarios favorecidos por su Gobierno. Hasta ser figura estelar y recurrente en FITUR.
Esa conducta no solamente erosiona la administración. Destruye políticamente al Gobierno desde dentro.
Quien humilla a un ciudadano le resta legitimidad al Estado. Quien humilla a un compañero de partido le resta votos al presidente.
Que lean el “manual” de Guido antes de que la soberbia se convierta en derrota
Algunos funcionarios deberían recibir, junto con el decreto de designación, un ejemplar de Para que no se repita, del Doctor Guido Gómez Mazara.
No para convertirlo en objeto decorativo dentro de un despacho, sino para recordar que los gobiernos comienzan a perderse cuando sus funcionarios dejan de escuchar, confunden la popularidad presidencial con una licencia personal y consideran que el poder será eterno.
El presidente Abinader debe hacer descender a ciertos incumbentes de la “línea de Kármán” política en la que se creen instalados, antes de que la gravedad de sus egos termine precipitándose sobre el propio Gobierno.
No se trata de destituir a una persona por cada rumor que aparezca en las redes sociales. Se trata de establecer una política coherente de rendición de cuentas. Cuando existen denuncias múltiples, controversias patrimoniales, conflictos partidarios y señalamientos sobre intimidación, corresponde investigar, publicar resultados y determinar si la confianza presidencial continúa siendo compatible con la confianza ciudadana.
Milton Morrison tiene derecho a defenderse y a presentar todas las pruebas que considere pertinentes. Nikauly de la Mota tiene derecho a criticarlo sin sentirse intimidada. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Y el presidente tiene la obligación política de explicar por qué la duda pública que ha sido suficiente para separar a tantos funcionarios parece no alcanzar nunca a uno de sus incumbentes predilectos.
La pregunta no es si Milton Morrison se cree un Dios.
La pregunta es quién, desde el Palacio Nacional, le ha permitido sentirse políticamente intocable.
Posdata para los enemigos de la lectura y aun así me leen 😉
Dicen que mis escritos son largos. Publico una vez por semana, y leer uno de ellos toma menos tiempo del que cualquier persona debería dedicar diariamente a ejercitar sus neuronas.
No es que el texto sea demasiado extenso; algunas mentes han sido domesticadas por titulares, videos de quince segundos y opiniones que no sobreviven a un párrafo.
Yo no escribo para entretener la pereza intelectual ni para alimentar cerebros acostumbrados a que les mastiquen las ideas. Los asuntos serios requieren contexto, argumentos y profundidad.
Mis escritos no son largos. Lo que se ha vuelto peligrosamente corta es la atención de quienes pretenden comprender el mundo sin realizar siquiera el esfuerzo de leerlo.
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
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