LA SOBERANÍA TAMBIÉN SE COME: EL ARROZ DOMINICANO ENTRE EL DR-CAFTA Y LA DEPENDENCIA EXTRANJERA
11 Octubre 2026 Affe Gutierrez 158
LA SOBERANÍA TAMBIÉN SE COME: EL ARROZ DOMINICANO ENTRE EL DR-CAFTA Y LA DEPENDENCIA EXTRANJERA
Cuando una nación pierde la capacidad de producir sus alimentos, comienza a entregar una parte de su seguridad nacional. La historia de Haití, la confesión de Bill Clinton y la apertura comercial dominicana obligan a preguntarnos si estamos defendiendo un tratado o comprometiendo nuestro futuro.
Por Affe Gutiérrez
Santo Domingo. - Las amenazas contra la soberanía de una nación no siempre se manifiestan mediante incursiones militares, violaciones del espacio aéreo o la presencia de embarcaciones extranjeras en sus aguas territoriales. Existen otras formas de vulnerabilidad, menos visibles, que se desarrollan progresivamente mediante decisiones económicas, compromisos comerciales y políticas públicas cuyos efectos pueden comprometer capacidades esenciales del Estado. Entre ellas se encuentra una de las más sensibles para cualquier sociedad, la posibilidad de producir los alimentos necesarios para sostener a su población.
La reciente derogación del Decreto núm. 693-24, mediante el Decreto núm. 635-26, del 9 de septiembre de 2026, coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende los intereses de los productores arroceros dominicanos. La decisión, vinculada con los compromisos comerciales asumidos frente a Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA, reabre el debate sobre nuestra seguridad alimentaria, la competitividad agrícola y la capacidad del Estado para preservar sectores productivos considerados estratégicos.
Sería incorrecto presentar esta situación como una imposición comercial inesperada. República Dominicana conocía desde la entrada en vigor del tratado, en marzo de 2007, que el arroz quedaría sometido a un proceso gradual de desgravación arancelaria que culminaría en 2025. Durante casi veinte años, las autoridades tuvieron conocimiento de las condiciones que eventualmente enfrentarían nuestros agricultores.
La interrogante verdaderamente importante consiste en determinar qué hizo el Estado dominicano durante ese período para preparar al sector arrocero frente a una competencia internacional considerablemente desigual. Resulta necesario establecer cuánto se invirtió en investigación agrícola, tecnología, mecanización, sistemas de riego, infraestructura, financiamiento y reducción de costos productivos. También corresponde examinar si las políticas implementadas fueron suficientes o si nos limitamos a administrar una protección arancelaria cuyo vencimiento era perfectamente previsible.
Los acuerdos comerciales constituyen instrumentos legítimos de integración económica. Sin embargo, su utilidad estratégica depende de la capacidad de los Estados para anticipar sus consecuencias, aprovechar sus oportunidades y corregir oportunamente las vulnerabilidades que puedan generar en sus estructuras productivas.
Bill Clinton y una confesión que debería preocuparnos
En marzo de 2010, el expresidente estadounidense Bill Clinton reconoció públicamente que las políticas de liberalización comercial promovidas durante su administración habían contribuido al debilitamiento de la producción arrocera haitiana. Su reconocimiento adquirió especial relevancia al admitir que aquellas decisiones favorecieron los intereses de productores estadounidenses, particularmente de Arkansas, mientras perjudicaron la capacidad agrícola de Haití.
La política de importaciones baratas se sustentaba en la idea de que los países económicamente vulnerables podían obtener mayores beneficios comprando alimentos producidos en el extranjero que destinando recursos a mantener actividades agrícolas menos competitivas. Aquella concepción privilegiaba la eficiencia comercial inmediata, pero subestimaba las consecuencias sociales y estratégicas derivadas del desplazamiento de la producción local.
El deterioro agrícola haitiano respondió también a problemas históricos de infraestructura, financiamiento, gobernanza y productividad. Reducir sus causas exclusivamente a las decisiones comerciales estadounidenses sería una simplificación. No obstante, el reconocimiento de Clinton permite comprender que una política capaz de reducir inicialmente los precios de los alimentos también puede contribuir a debilitar la producción nacional y aumentar la dependencia exterior.
República Dominicana presenta condiciones diferentes. Nuestro país conserva una estructura arrocera importante, con una producción que, según cifras oficiales divulgadas en octubre de 2026, alcanzó aproximadamente 14.7 millones de quintales durante 2025, suficientes para cubrir alrededor del 95.75 % del consumo nacional estimado.
Esa capacidad representa una fortaleza económica y estratégica. Preservarla constituye una responsabilidad que no debería quedar subordinada exclusivamente a las fluctuaciones de los precios internacionales. La experiencia haitiana merece ser estudiada precisamente para evitar que decisiones adoptadas bajo criterios de rentabilidad inmediata terminen generando costos nacionales considerablemente superiores.
El arroz también forma parte de la defensa nacional
La doctrina contemporánea de seguridad y defensa ha evolucionado considerablemente. La protección territorial continúa siendo una responsabilidad fundamental del Estado, pero las amenazas modernas también comprometen las cadenas logísticas, los sistemas energéticos, las comunicaciones, las infraestructuras críticas y el abastecimiento de bienes esenciales.
La seguridad alimentaria pertenece a esa dimensión ampliada de la seguridad nacional. Su importancia adquiere particular relevancia en una nación insular como República Dominicana, cuya economía depende en buena medida del transporte marítimo internacional y de relaciones comerciales sujetas a conflictos geopolíticos, fluctuaciones energéticas y decisiones de terceros Estados.
La eventual pérdida de una parte significativa de nuestra capacidad arrocera podría aumentar la exposición nacional ante circunstancias extraordinarias. Una guerra que afecte las rutas marítimas, restricciones de exportación impuestas por países proveedores, una crisis mundial de combustibles o una interrupción prolongada de las cadenas de suministro podrían comprometer el abastecimiento interno y provocar aumentos de precios con consecuencias sociales difíciles de contener.
Resulta oportuno recordar lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19 y las alteraciones comerciales generadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos acontecimientos demostraron la vulnerabilidad de los mercados internacionales frente a circunstancias capaces de interrumpir suministros, encarecer los alimentos y modificar inesperadamente las prioridades comerciales de los Estados.
Desde la perspectiva estratégica, disponer de capacidad propia de producción reduce la exposición a esos riesgos y aumenta las alternativas nacionales ante una emergencia. La autosuficiencia absoluta no resulta necesaria ni económicamente conveniente en todos los productos, pero conservar niveles adecuados de producción en determinados rubros esenciales puede constituir una importante garantía de resiliencia.
La agricultura debe ser comprendida, en consecuencia, como parte de la arquitectura de seguridad nacional, aunque su dirección y administración continúen correspondiendo a las instituciones civiles competentes. Las Fuerzas Armadas protegen el territorio y contribuyen a la respuesta ante emergencias; la política agropecuaria debe garantizar que, incluso durante una crisis, ese territorio disponga de capacidades suficientes para sostener a sus habitantes.
El mandato constitucional que no podemos ignorar
El artículo 54 de la Constitución dominicana atribuye al Estado la responsabilidad de promover la investigación y la transferencia tecnológica para la producción agropecuaria, con la finalidad de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.
La Ley núm. 589-16, sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, desarrolla ese compromiso mediante la formulación de políticas destinadas a fortalecer la producción nacional, mejorar el acceso a los alimentos y articular las responsabilidades públicas relacionadas con el abastecimiento.
Estas disposiciones no convierten la soberanía alimentaria en una autorización automática para desconocer tratados internacionales. República Dominicana asumió compromisos mediante el DR-CAFTA y debe cumplirlos conforme al ordenamiento jurídico aplicable. La estabilidad de nuestras relaciones comerciales también constituye un interés nacional que merece protección.
La obligación estatal, sin embargo, no se agota en respetar los acuerdos suscritos. El cumplimiento de un tratado debe coexistir con políticas públicas capaces de fortalecer la producción agropecuaria, promover inversiones y reducir vulnerabilidades económicas. La discusión jurídica no debería limitarse a determinar si podemos mantener un arancel, sino extenderse a establecer cuáles herramientas permanecen disponibles para proteger legítimamente nuestra capacidad productiva.
Defender la seguridad alimentaria requiere instituciones que planifiquen, presupuestos que respondan a prioridades estratégicas y mecanismos permanentes de evaluación. La Constitución establece un objetivo que exige actuaciones concretas, no declaraciones ocasionales de solidaridad con nuestros agricultores.
Estados Unidos, la geopolítica y las asimetrías del comercio
Las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos tienen una importancia económica, política y estratégica incuestionable. Nuestro principal socio comercial representa un mercado fundamental para las exportaciones dominicanas, una fuente significativa de inversiones y un actor determinante dentro de la estructura económica regional.
Precisamente por esa relación debemos analizar el DR-CAFTA con racionalidad geopolítica, reconociendo que los intereses comerciales de ambos países no necesariamente coinciden en todos los sectores.
Estados Unidos dispone de una industria agrícola altamente desarrollada, apoyada en tecnología, infraestructura, investigación científica y mecanismos internos de respaldo a sus productores. República Dominicana compite desde una estructura económica y productiva diferente, con limitaciones relacionadas con el costo de los insumos, el financiamiento, el tamaño de las explotaciones y la eficiencia de determinadas infraestructuras agrícolas.
La apertura comercial entre economías de capacidades distintas puede generar beneficios para los consumidores y oportunidades de integración, pero también presiones sobre sectores nacionales que no hayan alcanzado niveles suficientes de productividad.
Esta realidad obliga a formular una política exterior que combine el respeto a nuestros compromisos internacionales con una defensa técnicamente fundamentada de los intereses nacionales. La cooperación con Estados Unidos no debe interpretarse como una renuncia a negociar, ni la defensa de nuestros productores como una manifestación de hostilidad hacia ese país.
Las naciones que comprenden sus intereses estratégicos negocian con información, planificación y capacidad institucional. República Dominicana necesita consolidar esa misma práctica, particularmente en sectores vinculados con su seguridad alimentaria.
Una estrategia nacional para proteger la producción sin desconocer los tratados
La respuesta dominicana no debería limitarse a exigir el restablecimiento de aranceles cuya compatibilidad con el DR-CAFTA resulta jurídicamente controvertida. Esa solución, además de generar conflictos comerciales, dejaría sin resolver las deficiencias estructurales que afectan la competitividad de nuestros agricultores.
Propongo la formulación de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa Alimentaria, acompañada de un programa de modernización productiva con objetivos verificables y continuidad presupuestaria, independientemente de los cambios de gobierno.
Su primera prioridad debería ser una negociación bilateral con Estados Unidos para explorar mecanismos de cooperación agrícola, asistencia tecnológica y eventuales ajustes comerciales mediante procedimientos jurídicamente válidos. Una relación estratégica madura debe permitir que ambas partes examinen las consecuencias económicas y sociales de sus compromisos, particularmente cuando afectan sectores sensibles.
Paralelamente, considero necesario crear un Fondo Nacional de Competitividad y Resiliencia Arrocera, concebido para financiar la modernización tecnológica, mejorar los sistemas de riego, facilitar maquinaria agrícola, promover semillas de mayor rendimiento, reducir pérdidas durante la cosecha y ampliar el acceso a créditos adecuados.
Su funcionamiento debería estar sometido a mecanismos independientes de fiscalización y a indicadores públicos de productividad. Los recursos estatales no pueden convertirse en transferencias permanentes destinadas a sostener estructuras ineficientes. La protección económica adquiere sentido estratégico cuando permite que los productores mejoren progresivamente su capacidad de competir.
Otra medida fundamental sería establecer una reserva estratégica nacional de arroz, dimensionada mediante estudios técnicos sobre el consumo interno y los escenarios de emergencia. Dicha reserva permitiría responder ante interrupciones temporales de abastecimiento y contribuiría a la estabilidad alimentaria durante acontecimientos extraordinarios.
Su administración exigiría procedimientos transparentes de adquisición, almacenamiento y rotación de inventarios. También deberían examinarse las condiciones jurídicas de las compras públicas y su compatibilidad con las obligaciones internacionales. El propósito sería garantizar capacidad de respuesta y continuidad del suministro, evitando distorsiones innecesarias en los mercados.
La estrategia también debería incorporar un sistema nacional de evaluación de riesgos agroalimentarios. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con las instituciones de planificación, gestión de riesgos y seguridad nacional, tendría que identificar las zonas agrícolas críticas, infraestructuras esenciales, vulnerabilidades logísticas y escenarios que pudieran comprometer la disponibilidad de alimentos.
Las Fuerzas Armadas podrían participar dentro de sus atribuciones constitucionales en ejercicios de planificación y apoyo logístico para emergencias de gran magnitud, particularmente frente a desastres naturales o interrupciones graves de las comunicaciones terrestres. Esa participación no supondría militarizar la agricultura, sino integrar la protección del abastecimiento a la planificación nacional de contingencias.
Finalmente, debemos diversificar nuestras capacidades alimentarias. La producción de arroz merece especial atención por su importancia en la dieta dominicana, pero la seguridad nacional también exige fortalecer otros cultivos esenciales, desarrollar almacenamiento, mejorar las redes de distribución y evitar concentraciones excesivas de dependencia respecto de proveedores internacionales.
El escenario más difícil y la posibilidad de incumplir compromisos comerciales
Una discusión estratégica responsable no debe excluir el análisis de escenarios extraordinarios en los cuales el Estado considere adoptar medidas que entren en tensión con sus obligaciones internacionales.
El derecho internacional establece el principio de cumplimiento de buena fe de los tratados. Por consiguiente, la protección de un sector económico, por importante que sea, no constituye automáticamente una justificación suficiente para desconocer compromisos comerciales.
El propio DR-CAFTA y el sistema de la Organización Mundial del Comercio contemplan determinados mecanismos de consultas, excepciones y solución de controversias. Su utilización dependería de las circunstancias específicas, las disposiciones aplicables y los requisitos establecidos en cada instrumento. Algunas salvaguardias especiales estuvieron sujetas al período de transición y no pueden suponerse disponibles indefinidamente.
No obstante, imaginemos una crisis extraordinaria debidamente acreditada, en la cual el abastecimiento alimentario nacional se encuentre seriamente comprometido y las herramientas ordinarias resulten insuficientes. Ante semejante escenario, el Estado tendría la responsabilidad de evaluar todas las medidas legalmente disponibles y, de persistir una amenaza grave, ponderar incluso decisiones excepcionales que pudieran generar una controversia internacional.
Tal posibilidad no debería confundirse con una facultad ilimitada para incumplir tratados. La necesidad de una medida debe fundamentarse en información verificable, proporcionalidad, temporalidad y evaluación de alternativas. El Estado también tendría que ponderar las consecuencias diplomáticas, económicas y jurídicas de sus actuaciones, incluidas eventuales reclamaciones y medidas comerciales autorizadas por los procedimientos correspondientes.
Un incumplimiento unilateral, aun cuando responda a una decisión política deliberada, no queda jurídicamente legitimado por la sola invocación de la soberanía. Los costos podrían extenderse a otros sectores productivos dominicanos que dependen del acceso preferencial al mercado estadounidense.
La protección de nuestros agricultores no debe poner imprudentemente en riesgo a otros productores, exportadores o trabajadores nacionales. La estrategia exige valorar el conjunto de los intereses económicos del país, sin reducir la soberanía a una consigna que termine ocasionando más perjuicios que beneficios.
La responsabilidad histórica de quienes conocían el desenlace
Uno de los aspectos más preocupantes de esta controversia es su carácter previsible. La eliminación progresiva de las barreras comerciales aplicables al arroz fue acordada con suficiente anticipación para diseñar una transformación estructural del sector.
Desde 2007 hasta 2025 transcurrieron distintas administraciones gubernamentales, responsables de formular políticas agropecuarias, ejecutar presupuestos, impulsar investigaciones y promover inversiones productivas. Examinar sus resultados constituye una exigencia legítima de rendición de cuentas.
La discusión pública no debería quedar atrapada en la búsqueda de un único responsable político. La derogación reciente del régimen de protección merece evaluación, pero también el conjunto de decisiones y omisiones acumuladas durante casi dos décadas.
Resultaría particularmente relevante que las autoridades presentaran un informe nacional sobre los recursos invertidos durante ese período, los avances reales de productividad, los costos comparativos de producción y las medidas previstas para proteger a los agricultores frente al nuevo escenario comercial.
La información permitiría determinar cuáles programas funcionaron, cuáles fracasaron y qué transformaciones siguen pendientes. Sin diagnósticos transparentes, corremos el riesgo de continuar respondiendo a problemas estructurales mediante decisiones coyunturales.
En materia de seguridad y defensa, la previsión constituye una obligación esencial. La preparación frente a amenazas conocidas permite disminuir pérdidas y preservar capacidades. Ese principio debe orientar también las decisiones económicas relacionadas con los alimentos que consume nuestra población.
La protección del productor no puede convertirse en un castigo al consumidor
La soberanía alimentaria tampoco debería utilizarse para justificar precios artificialmente elevados, estructuras de comercialización poco transparentes o beneficios concentrados en determinados intermediarios.
El consumidor dominicano tiene derecho a acceder a alimentos suficientes, seguros y a precios razonables. Los agricultores, por su parte, necesitan condiciones que les permitan sostener sus explotaciones, recuperar sus inversiones y competir mediante mejoras reales de productividad.
Ambos intereses son legítimos y deben ser considerados dentro de una política pública equilibrada. Sería insuficiente proteger los ingresos agrícolas a costa de trasladar cargas excesivas a los hogares, particularmente a las familias de menores recursos.
La reducción de costos mediante mejores infraestructuras, financiamiento, tecnología y logística puede permitir que la producción nacional gane competitividad sin depender permanentemente de restricciones a la importación.
También es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión comercial para garantizar información veraz sobre la procedencia del arroz, las condiciones de comercialización y la formación de precios. La transparencia favorece tanto a productores como a consumidores y contribuye a evitar distorsiones de mercado.
El interés nacional comprende a quienes producen nuestros alimentos y a quienes necesitan comprarlos. Cualquier política que ignore una de esas dimensiones terminará ofreciendo una solución incompleta.
La soberanía que debemos preservar
La experiencia haitiana y el reconocimiento de Bill Clinton merecen ocupar un espacio importante en nuestras discusiones estratégicas. No constituyen una demostración de que República Dominicana inevitablemente recorrerá el mismo camino, pero ofrecen elementos suficientes para comprender los riesgos que puede generar el debilitamiento de la producción nacional ante una dependencia creciente de las importaciones.
Nuestro país todavía dispone de agricultores, tierras cultivadas, conocimientos productivos e infraestructuras que sostienen una parte fundamental de su alimentación. Esa realidad representa una ventaja que no deberíamos comprometer por falta de planificación ni por la ausencia de una visión estratégica de largo plazo.
La seguridad alimentaria requiere políticas de Estado, continuidad institucional, inversiones productivas y relaciones comerciales administradas con inteligencia. Su defensa no exige aislamiento económico, pero sí capacidad de negociación, preparación ante emergencias y preservación de alternativas propias.
La soberanía nacional también se expresa en la posibilidad de tomar decisiones sin encontrarnos condicionados por vulnerabilidades que nosotros mismos pudimos haber evitado.
Resulta legítimo aprovechar los beneficios del comercio internacional y adquirir productos extranjeros en condiciones favorables. Lo cuestionable sería permitir que esas ventajas inmediatas conduzcan al abandono progresivo de capacidades agrícolas cuya recuperación, ante una crisis, podría resultar extraordinariamente costosa.
La República Dominicana debe cumplir sus compromisos internacionales, pero también debe exigir resultados a quienes tienen la responsabilidad de proteger su desarrollo productivo. Y si alguna circunstancia extraordinaria llegara a comprometer de manera comprobable la seguridad alimentaria nacional, corresponde disponer de una doctrina institucional que permita responder con firmeza, proporcionalidad y conocimiento de las consecuencias.
Una nación no se fortalece únicamente aumentando su capacidad militar o modernizando sus sistemas de vigilancia. También necesita garantizar que sus habitantes puedan alimentarse y que sus estructuras productivas sean capaces de resistir acontecimientos externos.
La independencia política tiene un valor indiscutible, pero su ejercicio efectivo requiere condiciones materiales que reduzcan las vulnerabilidades del Estado.
La República Dominicana puede y debe comerciar con el mundo. Lo que no puede permitirse es perder, por imprevisión o indiferencia, la capacidad estratégica de alimentar a su propio pueblo.
Al final, la fortaleza de una nación también se mide por aquello que todavía es capaz de producir con sus propias manos y sobre su propia tierra.
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
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