UNA REPÚBLICA EN “29”: CUANDO LA SEGURIDAD COMIENZA A CONTAR MUERTOS Y DEJA DE CONTAR CAUSAS
04 Octubre 2026 Affe Gutierrez 172
Al menos 44 fallecidos desde el relevo policial, 53,877 órdenes de arresto pendientes y una sociedad que comienza a celebrar la muerte plantean una pregunta mucho más grave que quién disparó primero: ¿estamos combatiendo la delincuencia o administrando las consecuencias de décadas de fracaso preventivo?
Por Affe Gutiérrez
Santo Domingo R. D.- Hay momentos en que un problema de seguridad ciudadana deja de ser exclusivamente policial y comienza a adquirir dimensiones de seguridad nacional. No porque haya tanques en las calles ni porque exista una amenaza convencional contra la soberanía, sino porque empiezan a comprometerse simultáneamente la autoridad del Estado, la confianza en sus instituciones, el monopolio legítimo de la fuerza, la cohesión social y, sobre todo, una parte importante de su juventud. Creo que República Dominicana se está acercando peligrosamente a ese punto.
El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García fue designado director general de la Policía Nacional el 17 de agosto de 2026 y formalmente posesionado al día siguiente. Poco más de un mes después, el país entró en una secuencia particularmente intensa de muertes durante actuaciones policiales.
Establecer una cifra absolutamente consolidada requiere cautela porque los recuentos periodísticos y los registros institucionales no siempre utilizan idénticos criterios. Pero hay una referencia suficientemente seria para dimensionar lo ocurrido: medios han documentado dos muertes bajo la nueva jefatura durante agosto, mientras Participación Ciudadana cifró en 42 las ocurridas durante septiembre. Una reconstrucción simple permite hablar, por tanto, de al menos 44 personas fallecidas en actuaciones policiales desde el inicio de la gestión de Rodríguez García, sin presentar esa suma como una estadística oficial consolidada de la Policía.
Cuarenta y cuatro muertos en aproximadamente mes y medio no pueden analizarse únicamente desde la crónica roja. Esto ya exige un análisis de Estado.
EL POLICÍA TIENE DERECHO A REGRESAR VIVO A SU CASA
Comencemos por despejar una hipocresía. Un agente policial no está obligado a dejarse matar. Cuando una patrulla intenta ejecutar una orden de arresto y es recibida a tiros, cuando existe una amenaza real e inminente contra la vida del policía o de terceros y cuando no existe otro medio eficaz para neutralizarla, el Estado reconoce legítimamente el empleo de la fuerza, incluso de fuerza potencialmente letal.
La propia Ley núm. 590-16 establece que el uso de la fuerza debe ser excepcional y que las armas de fuego pueden utilizarse frente a un peligro inminente de muerte o lesiones graves cuando medidas menos extremas resulten insuficientes. Ese mismo estándar aparece en los principios internacionales sobre uso de la fuerza y en la jurisprudencia interamericana.
Por eso considero falsa la disyuntiva según la cual uno tiene que escoger entre defender a la Policía o defender los derechos humanos. Se pueden defender ambas cosas.
Si un hombre dispara contra policías, estos tienen derecho a defender su vida. Pero si ese hombre puede ser reducido, desarmado y arrestado, debe llegar vivo ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez. Ahí radica toda la diferencia entre la fuerza legítima del Estado y la venganza.
La misión de un cuerpo policial democrático no consiste en producir cadáveres. Consiste en neutralizar amenazas, capturar requeridos, preservar evidencias, desarticular estructuras y entregar imputados a la justicia.
Incluso la Corte Interamericana ha establecido que, cuando agentes estatales emplean armas de fuego con consecuencias mortales, surge para el Estado el deber de realizar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva.
Por tanto, investigar cada muerte no constituye una acusación automática contra el policía que disparó. También puede servir para demostrar que actuó correctamente. Eso protege igualmente al agente.
EL MANOTAZO DEL PRESIDENTE
En medio de esta coyuntura apareció una imagen políticamente poderosa. El presidente Luis Abinader, hablando de personas con órdenes de arresto pendientes, golpeó la mesa con la mano y expresó:
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”.
También cuestionó a aquellos que aparecen en redes sociales exhibiendo armas, realizando disparos y desafiando abiertamente a las autoridades.
Ahora el Presidente ha vuelto sobre el tema y ha elevado todavía más el tono del mensaje al dirigirse específicamente a más de 70 delincuentes considerados de alta peligrosidad y con órdenes de arresto pendientes:
“A los más de 70 delincuentes de alta peligrosidad con orden de arresto: ¡entréguense! Este es un país de gente buena y trabajadora que quiere vivir en paz, y esa paz se la vamos a garantizar”.
La afirmación contiene dos mensajes que deben analizarse por separado. El primero es perfectamente legítimo: el Estado tiene la obligación de perseguir y capturar a quienes tienen órdenes judiciales pendientes, especialmente cuando se trata de individuos considerados de alta peligrosidad. Ningún Estado serio puede permitir que personas requeridas por la justicia circulen libremente, exhiban armas en redes sociales o desafíen públicamente su autoridad.
El segundo mensaje tiene una dimensión política y comunicacional mucho más delicada.
No corresponde convertir un gesto corporal en una prueba sobre las intenciones íntimas de un presidente. Pero en comunicación política los gestos importan. Un golpe sobre la mesa funciona retóricamente como signo de autoridad, determinación, urgencia y cierre de tolerancia. Refuerza físicamente lo que verbalmente se está diciendo.
Y cuando posteriormente el propio Presidente vuelve a advertir a un grupo concreto de más de 70 personas de alta peligrosidad que se entreguen, el mensaje adquiere todavía mayor fuerza. El problema, por tanto, no está en que el Presidente ordene perseguir a quienes tienen órdenes de arresto pendientes. Esa es precisamente una obligación constitucional y legal del Estado.
El problema surge cuando ese mensaje se produce dentro de un ambiente social en el que decenas de personas acaban de morir durante actuaciones policiales y en el que una parte de la ciudadanía comienza a asociar peligrosamente las palabras “los van a buscar” con un desenlace previamente conocido.
Porque una cosa es lo que jurídicamente está diciendo el Presidente, “que serán localizados y capturados para ejecutar órdenes judiciales” y otra muy distinta es lo que puede terminar interpretando una sociedad donde ya circula con absoluta normalidad la expresión: “Entréguense o los ponen en 29”.
Y ahí es donde la comunicación oficial debe ser extremadamente cuidadosa.
Los más de 70 hombres identificados como objetivos prioritarios pueden ser peligrosos. Pueden tener múltiples órdenes de arresto. Algunos pueden estar armados y otros pueden responder violentamente cuando sean localizados. Pero existe una diferencia esencial que el Estado nunca debe permitir que se diluya:
sobre ellos pesan órdenes de arresto, no sentencias de muerte. Si se entregan, deben ser arrestados. Si pueden ser reducidos, deben ser arrestados. Si intentan escapar y existen mecanismos legales para impedirlo, deben ser capturados. Y solamente si durante el procedimiento producen una amenaza real e inminente contra la vida de policías o ciudadanos podrá utilizarse la fuerza que resulte necesaria y proporcional para neutralizar esa amenaza. Eso no debilita a la Policía. La fortalece.
Porque una Policía profesional no demuestra su poder únicamente cuando dispara. También lo demuestra cuando puede localizar a un hombre peligroso, rodearlo, reducirlo, esposarlo, preservar las evidencias y ponerlo a disposición de la justicia.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha sido explícita al afirmar que los intercambios de disparos no constituyen una política de Estado y que la reforma policial tiene entre sus fundamentos los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. Precisamente por eso el discurso oficial y la actuación operativa deben caminar en la misma dirección. La autoridad debe infundir respeto.
Debe dejar claro que ninguna persona con una orden judicial pendiente puede sentirse intocable. Debe advertir que el Estado la buscará, la localizará y hará cumplir la ley. Pero nunca debe permitir que se instale la percepción de que una orden de arresto se ha convertido, en la práctica, en una sentencia anticipada.
Quizás por eso el mensaje institucional más contundente no sería solamente: “Entréguense, porque los vamos a buscar”.
Sería algo todavía más fuerte: “Entréguense, porque los vamos a encontrar. Y cuando los encontremos, el Estado hará cumplir la ley”.
Ese es el lenguaje de un Estado fuerte. No el de un Estado vengativo.
EL “29”: CUANDO UNA SOCIEDAD EMPIEZA A CELEBRAR CADÁVERES
Pero lo que más me preocupa no ocurre necesariamente dentro del Palacio Nacional ni en el Palacio de la Policía. Está ocurriendo en nosotros. “Pónganlo en 29”. “Faltan tantos”. “Que los maten a todos”.
La expresión “poner en 29” ha regresado con fuerza al lenguaje cotidiano dominicano para referirse a personas fallecidas durante actuaciones policiales. Esto no es un código oficial que autorice ejecuciones; se ha convertido, sobre todo, en una construcción del lenguaje popular. Y eso puede ser más preocupante.
Porque cuando una sociedad comienza a convertir una muerte en un número, ocurre un fenómeno de despersonalización. El muerto deja de ser Freddy, Juan, José o Pantaleon. Es “otro 29”.
Y el problema deja de ser quién era, qué hizo, qué pruebas existían, quién disparó primero, si había posibilidad de arrestarlo o si el uso de fuerza fue proporcional. Lo único que importa es actualizar el marcador.
No conozco una encuesta científica que permita afirmar que “todo el pueblo” desea esas muertes, y sería irresponsable presentarlo así. Pero basta observar una parte significativa del debate público y de las redes sociales para advertir una normalización preocupante del lenguaje de eliminación. Eso merece un estudio psicosocial serio.
¿Qué nivel de miedo, frustración, indefensión o pérdida de confianza en los tribunales necesita acumular una población para comenzar a celebrar que un sospechoso muera antes de ser juzgado?
Quizás cuando una sociedad deja de creer que la justicia castigará al delincuente, comienza a buscar justicia en el fusil. Ese es un fracaso institucional mucho más grave que cualquier estadística criminal.
DELINCUENTES HACIENDO PROPAGANDA Y COMUNICADORES PONIENDO RELOJES
También está ocurriendo otra batalla que las autoridades parecen haber comprendido tardíamente: la guerra comunicacional.
Personas buscadas por la justicia aparecen en las redes exhibiendo armas, desafiando a las autoridades, lanzando amenazas y construyendo identidades alrededor de la criminalidad. Eso desafía directamente la autoridad estatal.
El propio presidente Abinader se refirió a individuos que se exhiben disparando y mostrando armas en redes sociales.
Pero combatir esa propaganda criminal con otra narrativa igualmente extrema puede resultar peligroso.
El comunicador Ramón Tolentino ha sido identificado públicamente con una especie de “reloj” o cuenta regresiva dirigida a personas buscadas. Incluso ha reclamado públicamente respuestas “en 29” frente a determinados hechos criminales. Esa metodología ha generado cuestionamientos dentro de los propios medios de comunicación.
Esto merece atención. Los comunicadores podemos denunciar delincuentes, investigar bandas, entregar información, presionar para que una autoridad actúe y exigir consecuencias. Lo que nunca deberíamos hacer es convertirnos simbólicamente en quienes dictan la sentencia.
Porque el día en que un comunicador pone el reloj, la Policía ejecuta la cuenta regresiva y las redes celebran el resultado, la frontera entre información, persecución penal y espectáculo comienza peligrosamente a borrarse. Y el Estado de derecho no puede convertirse en reality show.
53,877 ÓRDENES: EL NÚMERO QUE DEBERÍA QUITARNOS EL SUEÑO
Entonces llegó la cifra.
53,877 órdenes pendientes de arresto, búsqueda o captura. El dato fue revelado por la Policía Nacional este 1 de octubre. El desglose es impresionante: 17,635 corresponden a violencia intrafamiliar; 11,587 a robos; 5,951 a agresiones físicas; 4,018 a agresiones sexuales; 2,761 a delitos cibernéticos; 2,681 a homicidios y 1,630 a amenazas, además de otras categorías.
Pero existe una precisión imprescindible: 53,877 órdenes no significan necesariamente 53,877 prófugos distintos. Una misma persona puede acumular varias órdenes y algunas datan de años anteriores. La propia información divulgada indica que existen requeridos con decenas de registros, uno solamente con 41.
Hecha la precisión, quedan dos preguntas demoledoras:
¿Dónde están todas esas personas?
Y todavía peor:
¿por qué no habían sido arrestadas?
Ese debería ser el centro del debate de seguridad. Porque si el Estado posee decenas de miles de órdenes judiciales sin ejecutar, el problema no comienza cuando un DICRIM encuentra a uno de esos hombres y se produce un tiroteo.
El problema comenzó mucho antes. Comenzó cuando el sistema produjo la orden y fue incapaz de localizar al requerido. Cuando alguien acumuló tres, cuatro, cinco o diez órdenes y continuó circulando. Cuando una base de datos no conversó adecuadamente con otra. Cuando inteligencia, migración, sistema penitenciario, Policía, Ministerio Público, tribunales y controles territoriales no consiguieron cerrar el círculo.
Desde una perspectiva estratégica, 53,877 órdenes pendientes constituyen un indicador de capacidad estatal acumulada pendiente de ejecución. Y allí debería comenzar una verdadera ofensiva. No una ofensiva para matar. Una ofensiva de inteligencia, localización y captura.
17,635 VECES NOS ESTÁ GRITANDO LA FAMILIA
De todas las cifras existe una que debería preocuparnos especialmente. 17,635 órdenes vinculadas a violencia intrafamiliar. El 32.7 % de todas las registradas. Casi una de cada tres.
Esa cifra por sí sola no demuestra matemáticamente que toda la política dominicana contra la violencia intrafamiliar haya “fracasado”; una orden pendiente mide, entre otras cosas, capacidad de persecución y ejecución. Pero sí constituye una advertencia suficientemente grave para preguntarnos si el modelo predominantemente reactivo está dando los resultados que necesitamos.
Porque seguimos llegando cuando la bofetada ya ocurrió. Cuando la mujer ya fue amenazada. Cuando el niño ya observó al padre golpear a la madre. Cuando la denuncia ya llegó. Cuando el juez ya emitió la orden. Siempre después.
La seguridad nacional moderna comienza mucho antes que la patrulla. Comienza en la escuela. Un niño debe aprender desde temprano que una mujer no es propiedad de un hombre. Una niña debe aprender que control, celos, amenazas y golpes no son demostraciones de amor.
Pero también debemos enseñar que el respeto funciona en ambas direcciones: niñas y niños deben aprender convivencia, límites, dignidad, resolución de conflictos, responsabilidad y respeto mutuo. Eso no es ideología. Es prevención criminal.
LOS “NIÑOS” QUE ESTAMOS MATANDO Y LOS JÓVENES QUE ESTAMOS PERDIENDO
Y aquí llegamos a una parte incómoda. Observe las edades que aparecen una y otra vez en la crónica policial: 18, 19, 20, 21 y hasta 22 años. Jurídicamente son adultos. Pero sociológica y humanamente pertenecen todavía a nuestra juventud.
Incluso desde el desarrollo neurobiológico existe evidencia de que determinadas áreas relacionadas con planificación, evaluación de consecuencias y toma de decisiones continúan madurando durante los primeros años de la adultez. El National Institute of Mental Health sitúa la maduración cerebral completa generalmente entre mediados y finales de los veinte. Eso no elimina responsabilidad penal ni convierte automáticamente en inimputable a quien delinque; simplemente recuerda que prevención y oportunidades durante esas edades continúan teniendo enorme importancia.
Entonces debemos hacernos una pregunta que no aparece en los partes policiales:
¿qué está ocurriendo para que una parte de nuestros jóvenes esté creciendo con una pistola en la cintura antes de haber construido un proyecto de vida?
Ese joven puede ser victimario. Puede haber asesinado. Puede representar una amenaza mortal y la Policía tendrá que enfrentarlo. Pero antes de convertirse en objetivo del DICRIM fue niño. Pasó por algún barrio. Por alguna escuela o la abandonó. Tuvo o no tuvo familia. Encontró o no encontró oportunidades. Aprendió de alguien determinado código de masculinidad, poder, dinero y violencia.
Desde el punto de vista estratégico, limitarse a matar o encarcelar al producto final sin intervenir la fábrica social que continúa produciendo nuevos candidatos sería una política condenada a repetirse indefinidamente.
El Banco Mundial ya había identificado para República Dominicana múltiples factores asociados a la violencia juvenil: pobreza, desempleo juvenil, debilidad educativa, disponibilidad de armas, drogas, pandillas y fallas institucionales, destacando que las intervenciones preventivas más eficaces combinan escuela, familia, formación, oportunidades y segundas oportunidades. Ese es el campo de batalla que casi nunca aparece en televisión.
UNA NIÑA EMBARAZADA TAMBIÉN ES UN ASUNTO DE SEGURIDAD
También debemos hablar del embarazo y las uniones tempranas. No podemos convertir a una madre adolescente ni a su hijo en sospechosos anticipados de delincuencia. Sería científicamente falso y socialmente injusto afirmar que un niño criado sin padre inevitablemente se convertirá en criminal.
Pero tampoco podemos ignorar los factores de riesgo. Una menor embarazada por un adulto puede encontrarse, según la edad y las circunstancias, ante una relación abusiva o incluso un delito sexual. A ello pueden añadirse deserción escolar, dependencia económica, pobreza intergeneracional, ausencia de redes de apoyo y exposición a violencia.
UNICEF ha señalado precisamente la relación de las uniones tempranas con limitaciones educativas, violencia, abuso sexual, embarazo precoz y reproducción intergeneracional de la pobreza. Y aunque República Dominicana redujo en 2025 los embarazos en menores de 19 años en 7.65 %, todavía fueron registrados 16,481 embarazos adolescentes ese año.
Eso también es seguridad nacional. Porque defensa no significa exclusivamente proteger fronteras. Significa proteger el capital humano con el cual existirá la República dentro de veinte años.
Cada niño que permanece escolarizado, cada adolescente que construye un proyecto de vida, cada joven que consigue una oportunidad laboral y cada familia que rompe un ciclo de violencia representa potencialmente un problema menos que tendrá que enfrentar la Policía diez años después.
TAMBIÉN EL TRÁNSITO SE APRENDE ANTES DE CONDUCIR
La misma lógica aplica al tránsito. Durante décadas hemos pretendido corregir en las calles lo que nunca enseñamos en las aulas. Multamos al adulto por cruzarse un semáforo después de pasar quince años por el sistema educativo sin recibir una formación sistemática sobre convivencia vial.
Por eso considero correcta la dirección que comienza a seguirse en esta materia. INTRANT y MINERD anunciaron en mayo la integración gradual de educación vial en la formación de bachillerato y programas de participación estudiantil.
Debe profundizarse. Pero no solo educación vial. Hace falta recuperar una verdadera formación en moral y cívica, Constitución, ciudadanía, convivencia, prevención de violencia, resolución de conflictos, consecuencias jurídicas del delito, respeto a la mujer, respeto al hombre, responsabilidad parental, cultura vial y proyecto de vida.
Los resultados no aparecerán la próxima semana. Probablemente tampoco durante este período gubernamental. Aparecerán en diez o quince años. Precisamente por eso se llama política de Estado.
DERECHOS HUMANOS: TAMBIÉN DEBEN MIRARSE AL ESPEJO
Tengo razones personales para hablar de este tema. Pasé aproximadamente tres años privado injustamente de libertad y durante aquella etapa no sentí de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la presencia que habría esperado frente a mi situación.
Lo digo con conocimiento personal y con la libertad que me concede haber estado del otro lado de unas rejas esperando que instituciones creadas precisamente para levantar la voz frente a abusos la levantaran también por mí. Eso condiciona mi juicio crítico sobre su eficacia.
Pero sería igualmente injusto ocultar que, ante estos acontecimientos recientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emplazado públicamente al director de la Policía a investigar y detener lo que esa organización califica como ejecuciones, y ha reclamado la intervención del Defensor del Pueblo.
Mi crítica permanece. Pero los derechos humanos pierden legitimidad si se convierten exclusivamente en consignas, de la misma manera que la seguridad pierde legitimidad cuando se convierte exclusivamente en cadáveres.
Necesitamos instituciones que acompañen víctimas, familiares de policías muertos, ciudadanos inocentes, personas injustamente perseguidas y también sospechosos cuyos derechos deben ser protegidos hasta que un tribunal determine responsabilidad. Los derechos humanos no son derechos de delincuentes. Son límites al poder del Estado. Y precisamente porque el Estado posee pistolas, cárceles, fiscales, jueces y capacidad coercitiva, es al Estado al que más debemos exigirle reglas.
LA DOCTRINA QUE NECESITAMOS
La nueva dirección de la Policía tiene una oportunidad histórica. Puede convertir esta coyuntura en algo más que una temporada de enfrentamientos.
La primera prioridad debería ser una operación nacional de depuración y ejecución de órdenes pendientes, construida sobre inteligencia, interoperabilidad tecnológica y coordinación con Ministerio Público, Poder Judicial, Migración y demás organismos competentes.
La segunda debe ser consolidar una doctrina inequívoca de captura primero: todo requerido que pueda ser arrestado debe llegar vivo a la justicia; quien amenace de manera inminente la vida de policías o ciudadanos enfrentará el nivel de fuerza que legalmente corresponda.
La tercera debe ser transparencia. Cada muerte causada por agentes debe generar automáticamente preservación de la escena, balística, armas ocupadas, cámaras corporales cuando existan, testimonios, intervención del Ministerio Público e información posterior sobre el resultado de la investigación.
La cuarta tiene que ser ganar la batalla de información. El delincuente que aparece armado en TikTok no puede imponer la narrativa. Pero el Estado tampoco debe competir con él mediante amenazas espectaculares. Debe demostrar algo mucho más intimidante para una estructura criminal: que puede localizarla, penetrarla, capturarla, probar sus delitos y conseguir una condena.
La quinta es prevención social. Ahí tienen que entrar Educación, CONANI, Mujer, Salud Pública, Trabajo, Deportes, Cultura, gobiernos locales e iglesias, además de Interior y Policía. Si la política criminal solamente comienza cuando aparece el DICRIM ya comenzó demasiado tarde.
NO ME PREOCUPAN SOLAMENTE LOS 44 MUERTOS. ME PREOCUPAN LOS PRÓXIMOS 4,400
Al final, mi preocupación principal no está en discutir si cada uno de esos hombres merecía simpatía. Y estoy seguro de que muchos hicieron cosas atroces. Mi pregunta es otra.
¿Cuántos muchachos de 12, 13 y 14 años están creciendo hoy para ocupar dentro de cinco años el lugar de los que estamos enterrando esta semana?
Esa es la pregunta de seguridad nacional. Podemos matar delincuentes. Podemos llenar cárceles. Podemos publicar fotografías de armas ocupadas. Podemos exhibir resultados operativos.
Pero si simultáneamente continuamos produciendo exclusión, embarazo adolescente, abandono escolar, hogares violentos, masculinidades construidas alrededor del dominio, jóvenes sin oportunidades, barrios tomados por economías ilícitas y una cultura donde una pistola proporciona más reconocimiento que un título, el sistema simplemente sustituirá cada hombre que cae por otro.
La República Dominicana necesita una Policía firme. Muy firme. Una Policía que no huya frente al delincuente y cuyos agentes puedan regresar vivos con sus familias. Pero precisamente por eso necesitamos también una Policía profesional, técnica y sometida a la Constitución.
Porque la mayor demostración de poder de un Estado no consiste en matar a quien desafía su autoridad. Consiste en ser capaz de encontrarlo, desarmarlo, esposarlo, probar lo que hizo, condenarlo y al mismo tiempo impedir que otros cien jóvenes quieran convertirse en él.
El verdadero éxito no será llegar un diciembre anunciando que pusimos a cien delincuentes “en 29”. Será llegar dentro de quince años y descubrir que ya casi no tenemos muchachos a quienes perseguir.
Si no comenzamos ahora, veo feo el futuro. Muy feo. Una nación que empieza a celebrar la muerte de sus propios jóvenes, aunque esos jóvenes hayan escogido delinquir, no solamente está enterrando delincuentes. Puede estar enterrando también el reconocimiento de que algo profundamente equivocado ocurrió mucho antes de que sonara el primer disparo.
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
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