Bukele en Haití y la prudencia que exige la frontera dominicana
26 Octubre 2026 Affe Gutierrez 5
dominicana
La cooperación anunciada por Abinader, el despliegue salvadoreño y los reportes sobre un viaje de Bukele a Washington obligan a examinar los límites de nuestra participación. Una escalada podría agravar los desplazamientos, alimentar tensiones históricas y trasladar costos de seguridad a República Dominicana.
Por Affe Gutiérrez
Santo Domingo.- La determinación de Nayib Bukele frente a las pandillas obliga a tomar en serio sus advertencias sobre Haití. Su trayectoria permite considerar creíble una intensificación de la respuesta militar, aunque no autoriza a dar por decidida una campaña cuyo alcance todavía se desconoce. Para República Dominicana, esa incertidumbre exige cautela. Una operación concebida para recuperar a cuatro ciudadanos salvadoreños podría desencadenar consecuencias que rebasen el lugar del enfrentamiento y alcancen nuestra frontera.
El pasado miércoles el presidente salvadoreño anunció una operación para rescatar a cuatro técnicos militares de aviación desaparecidos, a quienes describió como secuestrados por bandas haitianas. Advirtió que ampliaría la respuesta si no eran liberados vivos e ilesos. Al día siguiente, se informó de la llegada de 100 efectivos de fuerzas especiales salvadoreñas. La advertencia ya estaba acompañada de un despliegue militar.
Al día siguiente, el Ministerio de Defensa dominicano comunicó que las condiciones existentes no justificaban cerrar la frontera y anunció continuidad de las actividades habituales bajo vigilancia. Posteriormente, el Gobierno informó de nuevas medidas de refuerzo y de conversaciones con Bukele. La evolución obliga a examinar la respuesta dominicana más allá del comunicado inicial.
La diferencia geoestratégica es fundamental. El Salvador puede decidir cuánto personal despliega y en qué condiciones modifica su participación. República Dominicana permanecerá junto a Haití después de cualquier operación, independientemente de su resultado. Compartimos una frontera terrestre, circuitos comerciales y comunidades expuestas a los efectos de la crisis. Nuestra política de defensa debe partir de esa permanencia geográfica.
La admiración por Bukele y el entusiasmo por intervenir
Existen expresiones públicas de respaldo a Bukele y de apoyo a una actuación internacional más firme en Haití. Entre quienes admiran la visión de gobierno de Bukele, el recurso a la fuerza puede interpretarse como una respuesta esperanzadora frente al poder de las organizaciones criminales. El cansancio ante la delincuencia ayuda a comprender esa simpatía. Un gobernante que proyecta autoridad puede representar, para muchos, la respuesta que esperan de sus propias instituciones.
Sin embargo, trasladar esa admiración al respaldo de operaciones militares en el país vecino requiere un examen más exigente. La simpatía por un liderazgo no permite anticipar el resultado de una campaña ni garantiza que sus consecuencias beneficien automáticamente a República Dominicana.
Quedan preguntas que el entusiasmo no resuelve. ¿Quién protegerá los territorios recuperados? ¿Dónde encontrarán refugio las familias desplazadas? ¿Qué ocurrirá si las bandas se dispersan y buscan otras rutas de operación? Celebrar el despliegue desde la distancia resulta sencillo; administrar sus repercusiones en una frontera compartida exige recursos y decisiones difíciles.
El Gobierno dominicano debe escuchar a la ciudadanía sin convertir la popularidad de un dirigente extranjero en doctrina de defensa. Nuestro interés nacional debe orientar las decisiones incluso cuando la prudencia resulte menos aplaudida que una demostración de fuerza.
Washington y los límites de la cooperación regional
En pleno desarrollo de la crisis, Bukele viajó inmediatamente a Washington. Como interpretación geoestratégica, la coincidencia del viaje reportado con el despliegue permite considerar una búsqueda de respaldo político, coordinación y capacidades operativas. Una misión de rescate necesita inteligencia confiable, transporte, comunicaciones y evacuación médica. La determinación de un presidente no elimina esas necesidades.
La interlocución con Washington también podría servir para establecer límites y coordinar esfuerzos con las autoridades haitianas y la fuerza internacional. Una consulta diplomática puede facilitar tanto una intensificación de operaciones como una contención de riesgos. Su significado depende de compromisos concretos.
Para República Dominicana, esa posible coordinación exige una diplomacia activa. Nuestro país necesita hacer valer sus intereses en las conversaciones que puedan afectar su frontera y reclamar previsiones humanitarias antes de cualquier escalada. Las decisiones deben considerar a las poblaciones que sufrirían sus consecuencias inmediatas, comenzando por la haitiana.
La cercanía política entre otros gobiernos no puede comprometer automáticamente nuestra participación militar. Santo Domingo debe conservar autonomía para decidir qué apoyo ofrece, bajo qué condiciones y con qué garantías.
La cooperación anunciada por Abinader exige claridad
El pasado sábado, Luis Abinader informó que había conversado con Bukele sobre colaboración logística y de inteligencia para las operaciones contra las bandas criminales en Haití. También señaló que mantenía comunicación con la fuerza internacional. El anuncio incorpora una dimensión concreta que debe reconocerse al discutir la posición dominicana.
Esa coordinación no demuestra, por sí sola, participación dominicana directa en combates. Sin embargo, obliga a definir hasta dónde llegará el respaldo y qué mecanismos impedirán que se amplíe por la presión de los acontecimientos.
Compartir alertas para proteger la frontera, facilitar una evacuación médica y aportar información destinada a una operación ofensiva tienen consecuencias diferentes. El alcance del apoyo logístico también depende de su finalidad y de las actividades que permita sostener. Estas distinciones merecen una evaluación política y estratégica rigurosa.
El Gobierno puede preservar la reserva necesaria sobre sus procedimientos y explicar, al mismo tiempo, los objetivos y límites de la cooperación. La ciudadanía necesita conocer los compromisos generales que asume el país y cómo se protege la autonomía de sus decisiones.
La cautela exige evitar que una colaboración inicialmente limitada termine comprometiendo a República Dominicana con objetivos militares que no controla. Mantener al país fuera de las operaciones ofensivas debe constituir una decisión expresa, respaldada por preparación defensiva y actividad diplomática.
El alcance y los límites de la determinación
Bukele ha construido buena parte de su autoridad política alrededor de la confrontación con las pandillas. La reducción de los homicidios en El Salvador ha coexistido con denuncias documentadas de detenciones arbitrarias, torturas y vulneraciones del debido proceso. Ambas dimensiones importan al evaluar su política y las pretensiones de reproducirla en otro territorio.
Haití presenta un problema que excede la captura de cabecillas. Una ofensiva necesita prever quién protegerá a la población, quién conservará el control de los territorios recuperados y cómo funcionarán la justicia, los servicios y la asistencia después de los combates. Si esas respuestas faltan, una victoria táctica puede dejar un vacío que aprovechen otras estructuras criminales.
La eventual fragmentación de las bandas tampoco equivaldría necesariamente a su desaparición. Grupos debilitados podrían dispersarse, reorganizarse o disputar nuevas zonas. La evaluación del éxito debe incluir la seguridad posterior de los habitantes y la capacidad de las instituciones haitianas para sostenerla.
El desplazamiento humano y la presión fronteriza
Para República Dominicana, una de las consecuencias más sensibles sería un aumento de los desplazamientos humanos. La OIM ha identificado cerca de un millón y medio de desplazados internos en Haití. Se trata de personas desplazadas dentro de su propio país, no de una población que necesariamente se dirigirá hacia territorio dominicano. Nuevos combates, interrupciones del abastecimiento o pérdida de lugares seguros podrían, sin embargo, modificar sus rutas de huida.
La presión sobre nuestra frontera dependería de la extensión de las operaciones, de las vías disponibles y de la capacidad de protección dentro de Haití. No existe fundamento para anunciar un éxodo de magnitud determinada ni para atribuir a esta operación un desplazamiento masivo hacia República Dominicana sin evidencia verificable. Sí existen razones para preparar respuestas ante llegadas superiores a las habituales.
Ese escenario podría incrementar la demanda de atención de emergencia, transporte, vigilancia y recursos municipales en las comunidades fronterizas. También abriría oportunidades para traficantes de personas, intermediarios corruptos y redes de explotación. Las familias que huyen con miedo y sin documentación suficiente resultan particularmente vulnerables.
La planificación debe contemplar posibles concentraciones de personas cerca de los pasos fronterizos y necesidades humanitarias que requieran coordinación inmediata. Improvisar frente a una multitud atemorizada aumentaría el riesgo de incidentes, decisiones arbitrarias y enfrentamientos evitables.
Infiltración criminal y daños económicos
Entre los riesgos de seguridad debe contemplarse que integrantes de grupos armados intenten eludir las operaciones mediante movimientos clandestinos. Esa posibilidad requiere inteligencia e identificación individual. La nacionalidad, el color de piel o la pobreza no permiten determinar quién pertenece a una organización criminal.
Confundir a los civiles desplazados con las pandillas perjudicaría la protección de personas inocentes y restaría precisión al trabajo de seguridad. El control debe alcanzar también a las redes que facilitan traslados, suministran documentación fraudulenta, transportan armas o compran complicidades. La corrupción fronteriza podría comprometer cualquier dispositivo de vigilancia, por amplio que sea.
Los daños indirectos alcanzarían igualmente la economía. Una interrupción prolongada de los intercambios afectaría a comerciantes, transportistas, productores y trabajadores de ambos lados. A su vez, cerrar pasos formales sin capacidad suficiente para controlar rutas clandestinas podría desplazar el tránsito hacia redes ilegales.
Las restricciones deberían responder a riesgos concretos, aplicarse donde resulten necesarias y revisarse conforme evolucione la situación. Mantener la actividad comercial tampoco puede convertirse en una obligación invariable si aparecen amenazas que requieran ajustes.
La historia como terreno de polarización
La dimensión histórica exige una atención especial. La independencia dominicana de 1844, las confrontaciones del siglo XIX y la matanza de haitianos ordenada por la dictadura de Trujillo en 1937 forman parte de una memoria compleja. También han existido solidaridad, cooperación y relaciones cotidianas entre ambas sociedades. Presentar esa historia como una enemistad inevitable facilita su manipulación política.
Una escalada militar podría reactivar prejuicios y discursos de hostilidad. En República Dominicana, el temor a una presión migratoria extraordinaria podría utilizarse para promover sospechas indiscriminadas contra haitianos residentes. En Haití, una participación dominicana visible en acciones ofensivas podría ser explotada para presentar el conflicto como una agresión del país vecino.
Incluso las expresiones de entusiasmo por la actuación salvadoreña podrían utilizarse para atribuir a toda nuestra sociedad una voluntad de confrontación. Esa generalización sería falsa, pero podría resultar útil para quienes buscan movilizar resentimientos o convertir a República Dominicana en un adversario común.
La comunicación oficial debe impedir que se confunda el respaldo a la seguridad del pueblo haitiano con hostilidad hacia ese pueblo. Las pandillas no representan a la población haitiana. Su sometimiento a la justicia y la protección de sus víctimas deben orientar cualquier esfuerzo de estabilización.
Una frontera reforzada requiere una respuesta integral
Los refuerzos dominicanos anunciados deben reconocerse. Según la Presidencia, Abinader informó de la incorporación de dos batallones adicionales en la frontera sur, junto con equipos pesados y artillería, y señaló que el Gobierno permanecía en sesión permanente ante la situación haitiana. Son medidas comunicadas oficialmente cuya eficacia deberá evaluarse por su funcionamiento.
La discusión debe concentrarse en la suficiencia, coordinación y sostenibilidad del dispositivo. El número de efectivos y los equipos desplegados necesitan acompañarse de inteligencia, comunicaciones, abastecimiento, supervisión y procedimientos claros ante incidentes.
La respuesta debe integrar a las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, Migración, Salud Pública, el COE y las autoridades locales. Las comunidades fronterizas necesitan información oportuna y canales confiables para comunicar amenazas sin alimentar rumores.
En el plano internacional, República Dominicana debe reclamar que cualquier ampliación de la ofensiva incorpore recursos suficientes para proteger civiles y atender desplazamientos dentro de Haití, siempre en lugares realmente seguros. También debe exigir una distribución regional de responsabilidades. La proximidad geográfica no puede utilizarse para trasladarle unilateralmente los costos humanos y económicos de decisiones tomadas por otros gobiernos.
La prudencia como expresión de soberanía
República Dominicana debe preservar su distancia de las operaciones ofensivas en territorio haitiano, delimitar la cooperación anunciada y fortalecer su capacidad de defensa. Cualquier solicitud de utilización del territorio, instalaciones o espacio aéreo para fines de combate requeriría una evaluación rigurosa de sus consecuencias y de su fundamento jurídico.
La protección de la frontera y el trato digno a las personas deben sostenerse juntos. Un Estado demuestra capacidad cuando identifica amenazas, aplica sus normas con rigor y evita que el miedo sustituya la evaluación de cada situación. La arbitrariedad debilita la legitimidad de sus decisiones y crea tensiones que pueden comprometer la seguridad que pretende preservar.
Quienes admiran al mandatario salvadoreño tienen derecho a respaldar su visión de gobierno. A las autoridades dominicanas le corresponde una responsabilidad superior a cualquier simpatía política. Deben evaluar qué compromisos protegen a nuestra población y cuáles podrían exponerla innecesariamente.
La determinación de Bukele merece atención. La incertidumbre sobre los desaparecidos, el despliegue militar y la cooperación regional exigen todavía más prudencia. Ninguno de esos elementos permite anticipar un desenlace sencillo.
República Dominicana necesita conservar la libertad de decidir según sus propios intereses, proteger a sus comunidades y evitar que una crisis criminal haitiana adquiera la forma de un enfrentamiento entre pueblos. Otros gobiernos podrán reducir su participación o retirar sus tropas. Nosotros permaneceremos aquí. Esa realidad debe pesar en cada compromiso que asumamos.
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
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