Vergüenza ajena
01 Marzo 2021 Julio Gutiérrez Heredia 948
SANTO DOMINGO, RD.- No puedo ocultar mi inconformidad por la manera que una institución como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ha sido víctima de grupos politizados, que se creyeron podría ser utilizada como ariete para embestir los valores éticos y morales de sus poderes constitucionales y legales, en contra de acciones violatorias a las normas procedimentales y de auditoria.
Una institución como la Cámara de Cuentas, que nació conjuntamente con la independencia del país, merece una conformación de servidores identificados con sus valores y derechos institucionales. Produce vergüenza ajena, al conocerse de las imputaciones de la Procuraduría General de la República. Conociendo que la vergüenza ajena está fundamentada en la empatía, pero, paradójicamente produce rechazo, cuando el desempeño de sus autoridades es cuestionado. Por lo tanto, todo aquello que se sale del marco de las normas y las pautas de comportamientos, como son los cargos encastados por el Ministerio Público, generan vergüenza ajena.
En el Artículo 248 de la Constitución de la República, se define a la Cámara de Cuentas como el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. De igual modo, en el Articulo 1 de la Ley 10-04, se establece que la Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, con autoridad para promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas.
En un momento como el actual, en que las autoridades gubernamentales del país están interesadas en presentar una imagen refrescante de la Marca País, el órgano que debe dar ejemplo de transparencia, ofrece sombras y opacidad, por los escarceos de los Fiscales en detectar maniobras dolosas en una entidad que debe ser ejemplo de honestidad y fiel desempeño.
Una institución como la Cámara de Cuentas, colocada por la Constitución de la República en la cúspide del control externo, con atribuciones para examinar las cuentas generales y particulares de la República, no puede caer en el marasmo por la falta de credibilidad.
El producto principal de la Cámara de Cuentas, es el informe de auditoría, cuya elaboración se articula sobre la base de un programa de auditoria, fundamentado en los papeles de trabajo del equipo de interventores; así como, los borradores plasmados en los ordenadores portátiles, con el objetivo de determinar los hallazgos que identifiquen el grado de cumplimiento del auditado. Si un informe de auditoría carece de veracidad debido a la violación de normas y principios de auditoria, en especial las Normas de Contabilidad y Auditoría para el Sector Público, los valores éticos y morales de sus representantes, en ese preciso instante, inician un proceso hacia la baja de la calidad del producto.
Pero donde el daño a la institución tiene mas repercusión, es a nivel internacional, ya que la Cámara de Cuentas forma parte de la matrícula de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), compuesta por veintidós Entes Fiscales Superiores (EFS), que tienen por norma evaluar el grado de cumplimiento y transparencia de sus afiliados. Ante la eventualidad de la apertura de un juicio a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por corrupción administrativa, le seria muy cuesta arriba contar con la anuencia del pueblo dominicano y la credibilidad de entidades extranjeras, como la International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI, por sus siglas en ingles) y la Organización Europea de Entidades de Fiscalización Superior (EUROSAI).
La vergüenza ajena se manifiesta con mayor énfasis, mientras más cercanos nos sintamos con la institución, pues deploramos todo lo que afecte a su imagen, ya que sin quererlo percibimos el bochorno que produce al saber de las evidencias o ruidos producidos por las imputaciones, a las que son sometidos, sus principales autoridades.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
