Los sistemas de gobiernos y la corrupción

02 Agosto 2021   Julio Gutiérrez Heredia

Los sistemas de gobiernos y la corrupción

Las actividades corruptas no tienen muros ni fronteras. Desde el punto de vista psico-social, es imposible detectar las inclinaciones delictivas de un individuo, ya que las circunstancias no regulan el comportamiento de los seres vivos, en especial los humanos, como bien lo definió Ortega y Gasset. La circunstancia suele ser una característica que define una actitud, por un tiempo o permanente.

Si una persona elige como pauta de comportamiento y modus vivendi, incurrir en malas prácticas, los muros de la vergüenza no lo detienen, los controles y sistemas de seguridad, no son óbices para llevar a cabo su objetivo. Tampoco, los valores como la ética y la moral; mucho menos, las consecuencias que pudieran derivarse de sus malas acciones.

La mayoría de los gobiernos tienen dentro de sus políticas publicas mecanismos y herramientas para combatir el flagelo de la corrupción. En la lucha contra la corrupción no hay distinción ideológica. La diferencia se puede percibir en los métodos para enfrentar acciones y reacciones delictivas.

Los sistemas de gobiernos se diferencian uno de otro en la aplicación de las penas. En un tipo de gobierno, la penalización de actos corruptos es más radical, ya que las mismas van desde los azotes en sitios públicos hasta la muerte del inculpado. Estos regímenes se identifican por la forma autoritaria de aplicar las leyes.

En los gobiernos donde los poderes del Estado están separados constitucionalmente, debido a los procedimientos que exigen las leyes para su aplicación, los imputados de delitos de corrupción, utilizan las debilidades del sistema judicial para evitar el impacto de las penas.

Muchos analistas coinciden en que la proliferación de la corrupción es un mal de la democracia. Entienden que su contagio es más virulento porque se incuba en las altas gerencias y, desde esa cúspide, se derrama a todas las vertientes de la sociedad, involucrando a otros y perjudicando a muchos. Sin querer defender a los rateros ubicados en las clases depauperadas; los mayores zarpazos al erario público, no salen de los barrios lúgubres sino de los grandes y elegantes despachos.

Robar una cadena, un celular o asaltar una banca de apuestas, son manifestaciones dolosas que cualquier gobierno puede combatir con éxito, aplicando medidas de prevención. En cambio, la corrupción institucional genera más estragos que los producidos por rateros en las calles, ya que su efecto en la economía y el desarrollo de un país, son desastrosos, debido a que inciden directamente en todos los estamentos de la sociedad.

Las tropelías y malas intenciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el uso de los recursos generados por los aportes de los actores del sistema de la seguridad social, al imponer subterfugios legales para no honrar la devolución de los fondos de aquellos que han adquirido méritos para recibir la devolución de sus aportes generados por el producto de décadas de esfuerzo, es una mala actitud. De igual forma las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), se abrogan el derecho de decidir el tipo de medicamentos que un afiliado doliente de una enfermedad, deben ser subvencionados por el sistema. A esto se suma el papel asumido por algunos congresistas para “santiguar” los desafueros de esas Administradoras, modificando leyes para proteger los intereses de esos grupos en detrimento de los verdaderos beneficiados de los sistemas de salud y pensión.

Los países como el nuestro deben de revisar su manera de gobernar, pues no podemos seguir dándole créditos a instancias extranjeras, para que califiquen nuestros procedimientos y manera de enfrentar la corrupción, ya que esta enfermedad social, se manifiesta como un virus, debido a que su contagio no se circunscribe a un simple contacto, que con efecto de demostración basta. En muchas ocasiones, a través del tiempo, se ha constatado que, hay gobiernos exportadores e importadores del virus de la corrupción como si fuera una mercancía.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense