Los recursos del dominio público un festín para los corruptos

08 Febrero 2021     979

El Artículo 9 de la Constitución de la República Dominicana, define la conformación del territorio nacional, como la porción que comprende la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto natural de su geomorfología terrestre, marina y espacial. Por su condición de Estado libre e independiente, los recursos del dominio público, son inalienables.

Para la protección y preservación de los recursos del Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo asume la administración y control interno de los bienes del país, evitando la enajenación o dispendio de los derechos y propiedades estatales. Para tales propósitos, debe contar con instituciones especializadas en la aplicación de las leyes, decretos y normas.

En la historia política de la porción oriental de esta isla, los gobernantes han malinterpretado su rol de administrador de la cosa pública, creyéndose que tienen potestad para determinar el uso y destino de los recursos de la Nación. Debido a esas maneras de pensar, algunos funcionarios cometen indelicadezas, al pretender que los bienes materiales o intelectuales, puestos bajo su responsabilidad, les pertenecen.

Desde la Primera República, en el 1844, personas inescrupulosas se dieron a la tarea de creer que la República Dominicana era una botija donde solo al meter la mano, podían sacar una fortuna. Esa actitud ha prevalecido hasta nuestros tiempos, con mayor énfasis a partir de la Década del Treinta, donde los recursos del Estado Dominicano, se confundieron con el patrimonio personal del mandatario de esa época.

Los recursos del dominio público han sido malversados mediante diferentes formas y procedimientos. Desde el punto de vista institucional, los bienes rescatados de la dictadura trujillista fueron distraídos, transferidos o enajenados por personas o grupos enquistados en el poder. Franquicias, nombres comerciales, propiedades inmobiliarias, derechos accionarios, desaparecieron sin identificar culpables.

Bajo la mirada indiferente de los gobernantes dominicanos, las rutas aéreas, marítimas y terrestres adquirieron “dueños”, violando normas y procedimientos legales. De igual modo, las playas, ríos, canales, lagos y diques, en muchos lugares del país, son consideradas propiedad privada.
El espectro radiofónico ha sido una víctima constante de aquellos que, entienden no existir regulaciones para su otorgamiento. Como también sucede con los permisos para importaciones de productos de primera necesidad y las exenciones de impuestos sin ninguna justificación.

Prácticamente, los recursos del dominio público se han convertido en una piñata para aquellos que los bienes del Estado Dominicano, se pueden distraer a su antojo, debido a que en su mente les pasa la idea de que, al ostentar cargos públicos, deben ser considerados próceres de la Patria.

Esa manera sutil y dolosa a la vez de escanciar las arcas del Estado, para los “corruptos asintomáticos”, no es considerada como estafa o acto de corrupción, pues tomar para si un terreno, explotar las riberas de los ríos, adjudicarse una ruta terrestre o adueñarse de una franquicia, son gajes del oficio. Porque el hecho de estar en el poder o tener vínculos con ese entorno, le da derecho a participar del festín que ofrecen los recursos del dominio público.

Esperamos que a partir del 16 de agosto de año pasado, esta manera de actuar, deje de ser una practica en el sector público. Un sector que, aparentemente, no tenía dolientes, puesto que, los organismos de fiscalización, control y seguimiento de las adquisiciones y ejecución de los recursos del Estado, desvirtuaron sus deberes y responsabilidades.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense