La República a oscuras: apagón, gobernanza y riesgo operacional
24 Febrero 2026 Affe Gutierrez 1133
El país que no domina su electricidad compromete su productividad, su seguridad y su institucionalidad.
Por: Affe Gutiérrez
Santo Domingo R.D.- Santo Domingo, R.D.- El apagón general de ayer 23 de febrero no es un episodio aislado: se encadena con el apagón nacional del 11 de noviembre de 2025 y con el apagón que impactó el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el 21 de septiembre de 2025, y ayer otra vez. Tres fechas recientes bastan para una conclusión sobria y evidenciar que hay fragilidad sistémica y, lo más grave, reincidencia sin rendición de cuentas.
A tal punto llega la disfunción que el propio presidente Luis Abinader suspendió “La Semanal”. No es un detalle mediático, es un símbolo administrativo. Si el Estado no puede garantizar continuidad energética, tampoco puede garantizar normalidad institucional.
La politización como ingeniería del apagón
La crisis eléctrica dominicana no es un “accidente técnico” recurrente, es prácticamente el resultado de un modelo donde la infraestructura crítica se gestiona con lógica política y no con disciplina técnica. Durante décadas, el sistema eléctrico nacional ha operado con tres fallas estructurales: (1) distribución estatal politizada (EDEs), (2) infraestructura envejecida y subinvertida (ETED y EGEHID), y (3) gobernanza fragmentada y opaca.
En ese esquema, las EDEs no han tenido doliente técnico, han tenido padrinos. Pues la electricidad dominicana no ha sido gestionada, usualmente ha sido repartida.
Diagnóstico institucional: EDEs sin doliente y clientelismo como método
Las empresas distribuidoras han sido administradas durante años como cuotas políticas antes que, como empresas técnicas de servicio público, sin un responsable institucional real por la continuidad, la inversión y la eficiencia. En ese vacío, el clientelismo opera como tecnología de gestión: decisiones subordinadas al ciclo electoral, tolerancia estructural a pérdidas y una cultura organizacional donde la lealtad pesa más que la competencia.
Ejemplos sobran:
- EDEESTE “se la comió” Luis Ernesto de León Núñez: sin trayectoria técnica que justifique dirigir una empresa de distribución, pero con “doctorado” en el único posgrado que garantiza puestos: el parentesco político con Danilo Medina.
- EDESUR conoció retroceso bajo Milton Morrison, dejando cuestionamientos de gestión y, más tarde, ese patrón se reflejó desde su llegada al INTRANT, donde se evidencio conflictos, dudas, ruido y desgaste institucional.
Cuando el Estado sustituye meritocracia por clientelismo, el resultado no es un debate académico: es apagón, pérdidas, inseguridad y descrédito. La Ley General de Electricidad reconoce la incidencia decisiva del sector en el desarrollo; sin embargo, en la práctica, el sistema ha sido tratado como botín político y no como infraestructura estratégica.
Impacto económico real: el apagón como impuesto informal
Los apagones generales no afectan a todos igual.
- El gran empresariado se blinda: plantas, UPS, contratos especiales.
- El pequeño productor no puede: colmados, panaderías, talleres, peluquerías, farmacias, emprendimientos digitales y comercio informal quedan expuestos.
El apagón funciona como un impuesto no legislado contra quien no puede comprar “independencia energética”. Y ese impuesto se paga en pérdidas por mercancía dañada, interrupción de cadena de frío, caída de ventas, daños a equipos, inseguridad y desconfianza del cliente.
Impacto social-operacional: movilidad, salud y vida cotidiana
El apagón general paraliza el tránsito y debilita la movilidad urbana; afecta el funcionamiento de servicios esenciales y coloca a hospitales y entidades críticas en modo contingencia. También deteriora la vida cotidiana: agua por bombeo, refrigeración, conectividad, conservación de alimentos y seguridad dependen de energía estable.
El costo más corrosivo no es la interrupción puntual: es la normalización del apagón como rutina nacional.
Infraestructura crítica, seguridad y defensa: vulnerabilidad estratégica
Un país que puede quedar a oscuras en minutos es un país vulnerable en términos de seguridad, continuidad del Estado y soberanía operativa. El suministro eléctrico es infraestructura crítica nacional: sin electricidad se debilitan comunicaciones, vigilancia, respuesta de emergencias y logística.
Además, la seguridad privada y doméstica también queda expuesta: cámaras, alarmas, cercos eléctricos y controles de acceso dependen de corriente (y frecuentemente de conectividad). En términos simples: el apagón no solo apaga bombillos; apaga ojos, barreras y capacidad de respuesta.
Aeropuerto y seguridad operacional: el error de medir impacto por “vuelos cancelados”
Aunque AERODOM haya informado que en el día de ayer no se cancelaron vuelos, ese dato no agota el análisis. En aviación y seguridad operacional, el estándar no es “si se canceló o no”; es continuidad, redundancia, integridad de sistemas y control de riesgos.
Un apagón que afecte un aeropuerto, aunque no derribe el itinerario presiona redundancias eléctricas y tiempos de transferencia (que comprobó que aún no la tienen); iluminación y señalización operativa; vigilancia, control de accesos y comunicaciones internas; y continuidad de sistemas tecnológicos que soportan la seguridad aeroportuaria. La seguridad se administra antes del incidente, no después.
ETED y EGEHID: cuando la columna vertebral falla, el país se desploma
Si la distribución es el rostro visible del problema, transmisión y generación son la columna vertebral. ETED es crítica: un evento sistémico puede escalar cuando la red carece de redundancia, automatización y protecciones modernas. EGEHID forma parte del mix y exige planificación, mantenimiento, expansión y coordinación con el sistema interconectado.
Un apagón nacional es, por definición, una alerta sobre el diseño, la protección y la coordinación del SENI. Por eso el colapso no sorprende: es estructural.
El fracaso del Pacto Eléctrico
En 2021 el país firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021–2030 con metas de modernización, transparencia y eficiencia. Cinco años después, la reiteración de eventos sistémicos sugiere que seguimos atrapados en los mismos nudos: opacidad de datos, debilidad institucional y falta de mecanismos efectivos de implementación.
Marco legal: no es solo indignación, hay deberes exigibles
Existen normas que respaldan el reclamo y la exigencia de consecuencias:
- Compensación por energía no servida: cuando hay déficit y fallas prolongadas, el esquema legal contempla compensaciones asociadas al desabastecimiento y su traslado al cliente.
- Deber de explicación: ante variaciones por fuerza mayor, existe obligación de explicar a clientes y autoridad reguladora en plazos breves.
- Responsabilidad por servicio defectuoso (Ley 358-05): el daño patrimonial por defecto o insuficiencia del servicio atribuible al proveedor obliga a reparación adecuada (incluyendo restitución, devolución e indemnización).
- Protección del usuario (PROTECOM): existen instancias para canalizar reclamaciones y asistencia al consumidor.
Por lo que podemos concluir que hay base normativa. El problema es de ejecución, aquí la ley se cita, pero no se cumple.
Comparación regional: el contraste incómodo
Países de la región han estabilizado su suministro con reformas similares, pero con separación real de funciones, regulador técnico independiente, inversión sostenida en redes y operadores del sistema con gobernanza clara. La diferencia no es riqueza: es gobernanza energética.
Propuestas mínimas, medibles
Peritos consultados en la materia opinan que, para salir de opinión y entrar en solución, lo mínimo exigible:
- Estándares públicos de continuidad por circuito (SAIDI/SAIFI) y sanción real.
- Plan de modernización de ETED: automatización, protecciones y redundancia.
- Blindaje técnico de designaciones en EDEs: perfiles obligatorios e incompatibilidades.
- Compensación efectiva al usuario por energía no servida, con trazabilidad.
- Fortalecer PROTECOM con trazabilidad digital y tiempos máximos de respuesta.
- Resiliencia crítica: aeropuertos, hospitales, Metro/Teleférico, 9-1-1 y nodos de seguridad con auditorías y pruebas periódicas.
- Descentralización inteligente (microredes/renovables donde aplique).
El apagón revela la verdad
Que AERODOM informe que no se cancelaron vuelos no elimina el hecho central; un apagón que alcanza infraestructura crítica no es un simple corte; es una señal de riesgo sistémico. Y que el país vuelva a apagarse mientras los responsables cambian de silla sin consecuencias confirma la tesis: en República Dominicana la electricidad no falla sola; la hacen fallar.
La ciudadanía no exige milagros ni discursos; exige continuidad, transparencia y responsabilidad. Porque la oscuridad no es “normalidad tropical”; la oscuridad, repetida, es fracaso de gestión. El 23 de febrero de 2026 no se fue la electricidad otra vez, se fue la ilusión de normalidad. La República Dominicana no sufre apagones; sufre un modelo eléctrico fallido que necesita cirugía, no parches.
Un país puede perdonar muchas cosas, entre ellas la burocracia, impuestos, incluso corrupción, pero no puede funcionar sin electricidad. La energía es la sangre de la economía moderna, y hoy esa sangre circula con interrupciones sistémicas. Cada apagón general recuerda que aún no dominamos nuestra infraestructura esencial. Mientras el país oficial se ilumina con discursos, el país real sigue encendiendo velas.
El autor es Abogado y Comunicador
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