El Proceso De Cesación De Una Empresa Pública

31 Mayo 2021   Julio Gutiérrez Heredia, CPA

El Proceso De Cesación De Una Empresa Pública

Durante los años 1997 y 1998, el grupo de entidades propiedad del Estado Dominicano, denominadas las 3C (CORDE, CEA Y CDE), mediante la Ley 141-97, de Capitalización de la Empresa Pública, del 24 de junio de 1997, fueron seleccionadas para ser sometidas a un proceso de adecuación y transformación. Además de las Tres C´s, se incluyó a la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera.

De ese grupo de entidades, la que mas tiempo sobrevivió a los efectos de la referida Ley 141-97, fue la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Tanto la CORDE (Corporación Dominicana de Empresas Estatales) como el CEA (Consejo Estatal del Azúcar), sufrieron el ataque feroz de los “intereses creados”. CORDE fue desmantelada y los nombres comerciales y sus franquicias, se esfumaron. En cambio, el CEA, experimentó una mutación, de un emporio fabricante de azúcar, a una “inmobiliaria”.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 9 de la referida Ley 141-97, para implementar el proceso de capitalización, las empresas publicas seleccionadas, debieron ser sometidas a una auditoría, así como a una tasación que determine el valor de mercado de cada una de las empresas a capitalizar. Muchas de las empresas de CORDE no pudieron ser sometidas a esas evaluaciones, debido al alto grado de desorganización y deterioro en que encontraban. En el CEA, por la complejidad de la composición de sus activos (instalaciones fabriles, terrenos sin identificar y otros ocupados ilegalmente), tampoco pudo ser valorada en su totalidad.

De las Tres C´s, la que más experimentó cambios en su estructura física y organizativa, fue la CDE. También, fue la única que pudo ser objeto de una auditoria, cuyo resultado arrojó activos por 44 mil millones de pesos. El cambio de nombre fue un elemento determinante para el proceso de transformación; en lugar de CDE, adquirió el nombre de CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), por lo que, el Sector Eléctrico se subdividió en: empresas de generación, empresas de transmisión y empresas de distribución de electricidad (EDES).

 Cada empresa perteneciente a un subsector fue constituida conforme a lo estipulado en el Código de Comercio; es decir, como sociedades anónimas, compuestas por accionistas, con capital suscrito y pagado definido, un consejo de administración y los registros exigidos por ley. En el año 2003, el Gobierno Dominicano negoció con los inversionistas privados su participación en las empresas distribuidoras de electricidad, adquiriendo el control total de las operaciones de las “Edes” y la trasmisión.

Ahora, las nuevas autoridades que tomaron posesión del Gobierno dominicano, el pasado 16 de agosto del 2020, han decidido transferir las operaciones y transacciones de la CDEEE al Ministerio de Energía y Minas, para darle vigencia al Articulo 2 de la Ley 100-13, que crea al referido Ministerio. El paso a dar por el Gobierno, se interpreta como una cesación de las actividades de la Corporación estatal y, por supuesto se considera una disolución o liquidación de las empresas donde el Estado Dominicano posee casi el cien por ciento.

Un proceso de cesación, disolución o liquidación de una sociedad comercial, ya sea publica o privada, debe cumplir con unos requisitos legales e institucionales, los cuales son considerados como traumatizantes, por las múltiples gestiones, y las innumerables cantidades de documentos a elaborar. De manera sucinta, podemos listar los requisitos exigidos para cesar o disolver una sociedad comercial, según la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones por la Ley 31-11:

a) Manifestar textualmente en un Acta de Asamblea General Extraordinaria, la intención de disolver la sociedad y estar aprobada por dos tercios de los socios, registrada, autorizada y sellada por la Cámara de Comercio y Producción;

b) Designar un Comisario Liquidador;

c) Contratar una Firma de Contadores para elaborar los balances de las cuentas corrientes, y patrimoniales a liquidar;

d) Cancelar el Registro Mercantil;

e) Cancelar el Registro Nacional de Contribuyente;

f) Llenar el Form.RC-02 ;

g) Carta de Garantía firmada por el Representante Legal, notariada y legalizada por la Procuraduría General de la República; h) Presentar una Declaración Jurada Final, mediante el Formulario IR-2 de la DGII.

Existe la posibilidad que, en las cesaciones o liquidaciones de las empresas del Estado, antes y ahora, no se han cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley y las instituciones vinculadas a esta gestión, como son, la Dirección General de impuestos Internos, la Cámara de Comercio y Producción y la Procuraduría General de la República. De ser así, el proceso de cesación o disolución ejecutado, es ilegal.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense