El encierro perpetuo de la justicia: libertad condicional y miedo judicial en República Dominicana

En República Dominicana la privación de libertad no termina con la condena, sino que suele prolongarse por la desidia del sistema. Las cárceles se han convertido en una extensión de la desigualdad social: mientras la ley proclama derechos y garantías, la realidad los niega en los calabozos húmedos de las prisiones, donde la esperanza se pudre más rápido que el cemento.

La libertad condicional: un beneficio, no un favor

La libertad condicional se   consagra  como   una   medida  de reinserción y humanización de la pena. El condenado que ha cumplido parte sustancial de su condena, muestra buena conducta y voluntad de reintegrarse a la sociedad, tiene derecho a solicitarla.

Sin embargo, en la práctica, este derecho se ha vuelto una excepción temida por quienes deberían garantizarla. Los jueces de la ejecución de la pena, lejos de actuar como agentes de reintegración, muchas veces sucumben al miedo: miedo al escarnio público, miedo a la sospecha de “corrupción”, miedo a ser señalados por cumplir la ley. Su función —asegurar que la pena cumpla su finalidad social— se ve sofocada por el ruido mediático que convierte la justicia en espectáculo y la prudencia en cobardía.

Los jueces y el miedo como doctrina

El juez de la ejecución de la pena debería ser el rostro más humano del sistema penal. Pero en República Dominicana ejerce en condiciones de precariedad, sin recursos, sin equipos técnicos ni respaldo institucional, y bajo una presión constante que transforma el Derecho en cautela. La consecuencia es una justicia que prefiere encarcelar de más antes que liberar conforme a la ley.

Ese miedo institucionalizado ha convertido el sistema penal en una maquinaria retributiva, perpetua e inhumana. El temor del juez, el abandono estatal y la indiferencia social conforman el triángulo perfecto de la negación de derechos.

El Estado y su deuda con la reinserción

La Constitución dominicana, en su artículo 40, numeral 16, reconoce que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social del condenado. Este mandato obliga al Estado a crear programas de formación, terapia ocupacional y acompañamiento postpenitenciario.

Pero la realidad es otra: las cárceles dominicanas están saturadas, insalubres y desprovistas de programas sostenibles. Los internos enfrentan un laberinto burocrático donde la libertad condicional parece un privilegio reservado a quienes tienen recursos o influencias. La reinserción, más que una política pública, es un acto de fe.

La prisión preventiva: el reflejo más cruel

A esto se suma una práctica tan extendida como perversa: la prisión preventiva convertida en norma. Lo que debería ser una medida cautelar excepcional se ha vuelto la regla general, violando el principio de inocencia. Más del 60% de los privados de libertad espera juicio, lo que evidencia un sistema que encarcela primero y juzga después.

El ciudadano común confunde la prisión con justicia rápida, sin advertir que es, en realidad, la confesión de un Estado que no investiga bien y que desconfía de sus propias garantías procesales.

El miedo como política penal

Ya existe el nefasto precedente: un juez que decidió cumplir su rol y fue removido de su cargo como si la ley fuera un golpe al estómago que dobla y hace reverencia al antojo del poder. Se violó, sin rubor, la inamovilidad que garantiza la independencia judicial, y el afectado —con la dignidad de quien se resiste al abuso— tuvo que recurrir a los tribunales para defender lo obvio: que la justicia no puede ser administrada como hacienda privada. Lo más grave fue el origen del atropello: vino del propio órgano que jura custodiar la justicia, como si el templo hubiese decidido incendiar su propio altar. En una escena que recuerda la caverna de Platón, los que debían iluminar el sistema prefirieron encadenarse a las sombras. Volvimos a la Roma antigua, donde el pueblo pedía sangre y el poder, siempre dispuesto a sacrificar a alguien, la ofrecía sin pudor, sin juicio y sin alma.

Y mientras los templos del Derecho se desmoronan, en las cárceles de este país hay hombres que ya no cumplen condena, sino que agonizan por turnos, devorados por enfermedades que avanzan más rápido que la compasión. Son cuerpos en trámite, fantasmas sin diagnóstico ni médico, esperando una muerte que ya no sorprende a nadie. Allí, la tuberculosis tiene más autoridad que el alcaide, el cáncer dicta sentencias y la fiebre es el himno nacional de los olvidados. Los enfermos terminales se pudren ante la mirada ausente de un Estado que, por miedo o cobardía, ha convertido la cárcel en su vertedero moral. Y mientras los moribundos se apagan, los sanos se contaminan: la prisión ya no castiga delitos, sino que fabrica pestes. Hemos hecho del encierro una política sanitaria, del dolor un trámite, y de la justicia un cementerio donde el silencio tiene rango de ley.

Y cuando la enfermedad no es del cuerpo sino del alma, las víctimas son los jóvenes. Cada muchacho que entra a una cárcel dominicana sale con un diploma invisible en delincuencia aplicada. Las prisiones se han vuelto universidades del crimen, donde la desesperanza es el pensum obligatorio y la violencia el idioma oficial. En vez de reeducar, el sistema los corrompe; en lugar de rehabilitar, los entrena para sobrevivir en la jungla que él mismo ha creado. Sin orientación, sin oportunidades, sin una mano que los reconcilie con la sociedad, esos jóvenes salen con la dignidad fracturada y el alma endurecida, convertidos en lo que el sistema temía: delincuentes sin redención. La cárcel no los corrige, los fabrica, y luego los devuelve a las calles como prueba viviente de su propio fracaso. Así, el Estado rompe lo que dice querer arreglar, y la sociedad aplaude el espectáculo sin notar que mañana será ella la que pague el precio.

El coraje de la justicia

La justicia penal dominicana vive atrapada entre el miedo y la indiferencia: miedo de los jueces a liberar conforme a la ley, miedo del Estado a invertir en reeducar, miedo de la sociedad a comprender que reinserción no significa impunidad.

Mientras tanto, miles de hombres y mujeres siguen tras las rejas cumpliendo condenas que la ley ya les permitió extinguir. La cárcel dejó de ser un espacio temporal para convertirse en una sentencia perpetua de exclusión.

La verdadera libertad, en este contexto, no se halla en la puerta del penal, sino en la valentía institucional para aplicar la ley sin miedo y, como diría un gran profesorcitando a Rubén Blades, hacerlo con “amor y control”.

Por: Affe Gutiérrez, El autor es Abogado y Comunicador.