El combustible, Oriente Medio y la vulnerabilidad dominicana

23 Marzo 2026   Affe Gutierrez   1209

Cuando una guerra lejana entra por la bomba de gasolina, el colmado y la factura eléctrica

Por Affe Gutiérrez

Santo Domingo, R.D.- La República Dominicana vuelve a recibir una lección incómoda de geopolítica real y es que los conflictos no se quedan donde estallan. A veces no llegan en forma de misiles ni de titulares bélicos, sino convertidos en algo más cotidiano y más corrosivo, en un aumento del combustible. En la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso nuevas alzas en los precios internos, llevando la gasolina premium a RD$308.20 y la regular a RD$290.60 por galón; la decisión siguió a otra semana previa de aumentos y fue explicada por el propio Gobierno como resultado de la presión internacional sobre los hidrocarburos.

Pero reducir este episodio a una simple subida de precios sería un error. Lo que estamos viendo no es solo una variación comercial; es la manifestación local de una fractura estratégica global. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado desde finales de febrero, golpeando infraestructura energética, tensando el Golfo y poniendo en jaque el Estrecho de Ormuz, por donde transitan alrededor de 20 millones de barriles diarios, cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, además de una parte crítica del comercio global de gas natural licuado. Esa cifra explica por qué cada amenaza militar en esa zona se traduce casi automáticamente en inflación importada para países como el nuestro.

La causa inmediata del problema dominicano, por tanto, no está en una refinería local ni en una decisión administrativa aislada. Está en la estructura del mercado energético mundial. Cuando el Golfo Pérsico entra en crisis, el precio del barril incorpora una “prima de guerra”: no solo se paga el petróleo, se paga el riesgo de que no llegue, de que llegue tarde, de que haya que asegurarlo más caro, de que deba redirigirse por rutas más largas, o de que simplemente el mercado anticipe una escasez mayor. Medios han coincidido en que la disrupción actual combina daño físico a instalaciones, amenazas a buques, cierre parcial o efectivo de rutas y una volatilidad extraordinaria en la formación de precios.

Para la República Dominicana, el impacto es particularmente delicado porque seguimos siendo una economía altamente expuesta a los combustibles importados. El FMI ha señalado que el país depende del petróleo importado para satisfacer su consumo energético, mientras la IEA reporta que las importaciones netas de derivados equivalen a una porción relevante del consumo final de productos petroleros. Al mismo tiempo, aunque la matriz eléctrica se ha ido diversificando, la CNE todavía proyecta un peso central del gas natural y una presencia persistente de combustibles fósiles en la generación. Es decir, hemos avanzado, pero no al punto de blindarnos.

Ese es el primer dato geoestratégico que debe entenderse, República Dominicana no está en la zona de guerra, pero sí está en la zona de impacto. Somos vulnerables no por cercanía militar, sino por dependencia logística y energética. El conflicto no nos alcanza por frontera; nos alcanza por factura. Y cuando llega por esa vía, toca simultáneamente transporte, alimentos, turismo, industria, generación eléctrica y estabilidad macroeconómica.

Cabe señalar que este análisis fue preparado previo a un pronunciamiento oficial del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y aun sin haber sido publicado, el presidente Luis Abinader se dirigió al país a través de su canal de WhatsApp bajo el hashtag #ProtegiendoTuBolsillo, reconociendo el impacto directo del conflicto en Oriente Medio sobre la economía dominicana, particularmente por la disrupción en el Estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

En su mensaje, el mandatario enfatizó que la República Dominicana importa el 100 % de los combustibles que consume, confirmando así el nivel de exposición estructural que este artículo plantea. Anunció además medidas orientadas a mitigar el impacto social y económico, incluyendo la asignación de RD$10,000 millones para programas sociales y RD$1,000 millones para subsidios a fertilizantes, así como la continuidad de subsidios a los combustibles y el mantenimiento del precio del GLP para los hogares.

Asimismo, destacó la fortaleza macroeconómica del país, el nivel de reservas internacionales y la diversificación de la matriz energética como factores que permitirían amortiguar parcialmente el choque externo, especialmente en lo relativo a la tarifa eléctrica.

Este pronunciamiento, lejos de contradecir el análisis aquí desarrollado, lo confirma y lo contextualiza, la situación no solo es reconocida a nivel técnico, sino también asumida a nivel político como un desafío externo con efectos directos sobre la economía nacional. La diferencia, como siempre, no estará únicamente en el diagnóstico, sino en la capacidad de ejecución, sostenibilidad fiscal y manejo estratégico de los riesgos que este escenario impone.

¿Dónde se sentirá primero el golpe?

El primer impacto será en el transporte. Eso incluye transporte de carga, distribución urbana, motoconchos, taxis, flotillas empresariales, pasajes interurbanos y eventualmente tarifas aéreas y marítimas. El Banco Central ya ha mostrado en sus informes del IPC cómo el grupo Transporte es uno de los canales más sensibles a los cambios en precios vinculados a vehículos, pasajes y combustibles. Aunque febrero todavía reflejaba relativa normalización, esa fotografía era previa a la aceleración de los precios internacionales de marzo. Lo que sube en la bomba termina filtrándose al resto de la economía con algunos días o semanas de retraso.

El segundo impacto será sobre los alimentos. No porque el petróleo sea comida, sino porque la comida depende del transporte, de la refrigeración, de los fertilizantes, de la cadena logística y de los costos de importación. Diversos análisis recientes han advertido que la guerra en torno al Golfo ya no solo amenaza la energía, sino también insumos agrícolas y costos logísticos globales. Para una economía importadora neta de múltiples bienes esenciales, eso significa más presión sobre la canasta básica.

El tercer impacto será fiscal. El Estado dominicano suele amortiguar parte del choque con subsidios para evitar traslados abruptos al consumidor final. Pero subsidiar combustibles no elimina el costo, lo cambia de bolsillo. Lo que no paga enteramente el conductor lo termina absorbiendo parcialmente el fisco, con efecto sobre las cuentas públicas y sobre el margen para otras prioridades. En otras palabras, la paz social de corto plazo puede comprarse con presión presupuestaria de mediano plazo.

El cuarto impacto será monetario y financiero. Si los combustibles se encarecen de forma persistente, la inflación puede rebotar por el lado de bienes transables, transporte y servicios conexos. Eso complica la tarea del Banco Central, porque una economía que venía mostrando inflación dentro del rango meta podría verse obligada a convivir otra vez con presiones importadas externas. La política monetaria no produce petróleo; solo administra el daño secundario que genera su encarecimiento.

Seguros, logística y comercio: el efecto invisible del conflicto

Si hablamos de seguros, las primeras líneas afectadas serán las de transporte marítimo, carga, casco, responsabilidad y guerra. medios han reportado que las primas de riesgo de guerra para buques en la zona del Golfo se han disparado desde niveles muy bajos a porcentajes capaces de costar millones por viaje, obligando a aseguradoras a estructurar coberturas especiales para navegación en zonas de conflicto. Cuando asegurar el trayecto cuesta más, importar cuesta más; y ese mayor costo termina incorporándose al precio final de combustibles, mercancías y materias primas. A esto se suma el efecto de los desvíos de rutas marítimas para evitar zonas de riesgo, lo que incrementa tiempos de tránsito, consumo de combustible y costos logísticos, elevando aún más el costo de las importaciones.

También sentirán presión los seguros de aviación y de carga aérea, tanto por el encarecimiento del combustible como por ajustes en rutas, desvíos y recalibración del riesgo operacional. Esto no solo impacta las operaciones de las aerolíneas, sino que se traduce en un aumento progresivo en los boletos aéreos, afectando directamente la competitividad del turismo dominicano. En un país donde el turismo es un eje transversal de la economía, cualquier incremento en el costo de acceso reduce márgenes, ajusta la demanda y presiona la cadena de valor completa. De igual forma, las zonas francas, dependientes de logística eficiente, costos controlados y cadenas de suministro estables, se verán impactadas por el aumento en fletes, seguros, tiempos de entrega y costos operativos.

A eso se suma la eventual afectación de seguros de interrupción de negocios, seguros de crédito comercial y reaseguros vinculados a cadenas internacionales de suministro. Cuando la guerra altera el comercio, el seguro deja de ser un apéndice técnico y se convierte en uno de los termómetros más precisos del riesgo global.

Si por “seguranzas” hablamos también de seguridad nacional y resiliencia estratégica, entonces el impacto es aún más amplio. Un país que depende del exterior para una parte decisiva de su energía, de sus fertilizantes, de parte de su alimentación y de su logística portuaria, debe asumir que la seguridad energética ya no es solo un asunto económico: es seguridad nacional. No se trata de militarizar la economía, sino de comprender que la autonomía relativa en energía, almacenamiento y abastecimiento es una forma moderna de defensa.

¿Qué seguridades serán impactadas?

Si se observa el fenómeno desde una perspectiva geopolítica, el aumento del combustible no solo impacta precios, sino que tensiona directamente varias capas de seguridad del Estado dominicano. La primera y más evidente es la seguridad energética. La República Dominicana, al ser un país importador neto de hidrocarburos, depende de la estabilidad de rutas y mercados que no controla. Cada alteración en el Golfo Pérsico o en el Estrecho de Ormuz se traduce en incertidumbre sobre suministro, costos de generación eléctrica y presión sobre el gasto público vía subsidios. No se trata solo de pagar más, sino de reconocer que la estabilidad energética nacional está atada a decisiones y conflictos externos.

A partir de ahí, el impacto se desplaza hacia la seguridad alimentaria. El combustible es un insumo transversal en toda la cadena de alimentos, producción, transporte, almacenamiento e importación. Cuando la energía se encarece, también lo hacen los costos agrícolas, los fletes y la distribución. En una economía que combina producción local con importaciones relevantes, esto implica una presión directa sobre la canasta básica y, en escenarios prolongados, el riesgo de tensiones en el abastecimiento. La historia económica demuestra que las crisis energéticas sostenidas tienden a trasladarse, inevitablemente, al precio de los alimentos.

Otra dimensión crítica es la seguridad logística y de abastecimiento. El conflicto en Oriente Medio no solo encarece el petróleo, sino que incrementa los costos de transporte marítimo, seguros de guerra y tiempos de entrega. Para un país insular como la República Dominicana, altamente dependiente del comercio marítimo, esto significa vulnerabilidad en el flujo de bienes esenciales: desde combustibles hasta medicamentos, insumos industriales y productos de consumo. No es únicamente un problema de cuánto cuesta importar, sino de cuán seguro y estable es el acceso a esos bienes.

En paralelo, se ve comprometida la seguridad económica y macrofinanciera. El aumento sostenido del combustible presiona la inflación, reduce el poder adquisitivo y obliga al Estado a intervenir con subsidios que impactan las finanzas públicas. Esto genera un efecto en cadena sobre el equilibrio fiscal, la política monetaria y la estabilidad del tipo de cambio. En términos prácticos, el país comienza a absorber un “shock externo” que no controla, pero que debe gestionar internamente con herramientas limitadas.

Ese conjunto de presiones termina incidiendo en la seguridad social y la estabilidad interna. Cuando el encarecimiento del combustible se traduce en aumento del transporte, de los alimentos y de los servicios, la carga recae directamente sobre la población. Históricamente, este tipo de escenarios ha sido terreno fértil para tensiones sociales, reclamos sectoriales y desgaste en la percepción de estabilidad económica. No es la guerra la que llega al país, es su efecto acumulado sobre la vida cotidiana.

Finalmente, en un plano más amplio, se ve expuesta la seguridad estratégica nacional. La crisis revela una vulnerabilidad estructural, la dependencia de factores externos para sostener funciones básicas de la economía. Esto obliga a replantear la seguridad no solo en términos militares, sino como una combinación de energía, alimentos, logística y resiliencia económica. En ese contexto, la geopolítica deja de ser un análisis distante y se convierte en un elemento central de la planificación nacional.

¿Cómo afectará el diario vivir del dominicano?

Afectará de manera acumulativa. Primero, el tanque del vehículo rendirá menos frente al bolsillo. Luego subirán fletes, conchos, entregas, materiales y productos importados. Después aparecerá el efecto silencioso, más presión sobre el presupuesto familiar, menos capacidad de ahorro, menor consumo discrecional y mayor percepción de incertidumbre. El dominicano no sentirá Oriente Medio como un mapa; lo sentirá como una cadena de pequeñas renuncias, comprar menos, moverse menos, postergar arreglos, ajustar rutas, limitar salidas, revisar gastos.

En el plano empresarial, las MIPYMES serán de las más expuestas, porque operan con menos espalda financiera para absorber combustible caro, inventarios más costosos o retrasos logísticos. En turismo y aviación, el alza del jet fuel y de los costos operativos puede no destruir la demanda de inmediato, pero sí erosionar márgenes y encarecer gradualmente tarifas. En agricultura, el transporte y los insumos pueden volver menos rentable producir y distribuir. Ningún sector queda intacto cuando la energía se vuelve incierta.

¿Qué debe hacer la República Dominicana?

Lo primero es entender que no basta con subsidiar. El subsidio puede ser necesario como amortiguador coyuntural, pero no puede ser la estrategia principal. El país necesita una doctrina de seguridad energética que combine reservas, diversificación, eficiencia y protección social focalizada. Esa doctrina debería incluir, como mínimo, más capacidad efectiva de almacenamiento, protocolos claros para compras extraordinarias, esquemas temporales de apoyo al transporte público y de carga, y reglas transparentes para que los subsidios sean quirúrgicos y no indiscriminados.

Lo segundo es acelerar la diversificación real. No en discursos, sino en infraestructura. Más renovables firmes, más almacenamiento, redes mejoradas, expansión de generación menos dependiente de derivados líquidos y una política seria de eficiencia energética en el sector público y privado. La CNE ya ha defendido una trayectoria de mayor diversificación; ahora la geopolítica convierte esa agenda en prioridad estratégica, no ambientalista.

Lo tercero es proteger el sistema logístico. Puertos, cadena fría, combustible para transporte esencial, hospitales, alimentos y turismo deben formar parte de un plan nacional de continuidad operativa ante shock energético. Eso exige coordinación entre Hacienda, Industria y Comercio, Banco Central, sector eléctrico, puertos, transportistas y grandes importadores. Una crisis de combustible mal administrada no solo encarece: desorganiza.

Lo cuarto es una política de comunicación honesta. El país soporta mejor un sacrificio cuando entiende su causa y ve una hoja de ruta. Lo peligroso es improvisar o maquillar. La ciudadanía debe saber qué parte del aumento es internacional, qué parte está siendo absorbida por el Estado, qué sectores recibirán alivio temporal y cuáles reformas estructurales se pondrán en marcha. La opacidad, en este terreno, también cuesta.

¿Qué se vislumbra sobre el futuro del conflicto?

Aquí conviene hablar con prudencia. Al día de hoy, 23 de marzo 2026, el escenario más visible no es una resolución rápida, sino una fase de alta volatilidad con riesgo de escalada adicional, especialmente mientras siga amenazado el Estrecho de Ormuz y continúen los ataques a infraestructura energética y nodos estratégicos. Los medios han reportado amenazas cruzadas sobre instalaciones energéticas, cierres parciales de rutas y presión internacional para reabrir la navegación. Eso sugiere que el mercado seguirá pagando una prima de incertidumbre, incluso si no se produce una interrupción total y permanente.

Veo tres escenarios posibles. El primero, y menos dañino, sería una desescalada negociada con reapertura funcional del tránsito marítimo; en ese caso, los precios podrían bajar, pero no volverían de inmediato a niveles previos, porque el riesgo geopolítico dejaría cicatriz. El segundo sería una guerra contenida pero prolongada, con ataques intermitentes, seguros caros y petróleo alto durante semanas o meses. El tercero, el más grave, sería una ampliación regional sostenida con daño recurrente a infraestructura y bloqueo durable de rutas críticas; ese escenario empujaría al mundo a una crisis inflacionaria más profunda y a una reorganización acelerada de flujos energéticos y comerciales.

La República Dominicana debe prepararse sobre la base del segundo escenario, esperando el mejor y gestionando para evitar el tercero. Eso significa actuar como país vulnerable, pero no inerme. La vulnerabilidad no desaparece negándola; se reduce administrándola con inteligencia estratégica.

La subida del combustible en República Dominicana no es un hecho aislado, ni un simple problema de estación de servicio. Es la traducción doméstica de una guerra que está reordenando riesgos, rutas, seguros, costos e intereses de poder en el sistema internacional. El mensaje de fondo es duro, pero útil, un país insular, importador y dependiente no puede tratar la energía como un asunto menor. La energía es economía, pero también soberanía práctica. Y mientras Oriente Medio arde, la verdadera pregunta para nosotros no es solo cuánto subirá la gasolina, sino qué tan preparado está el país para no seguir pagando cada crisis ajena como si fuera propia.

El autor es Abogado y Comunicador

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.