Cuando la justicia no repara: 17 años después, sigo esperando que alguien responda

29 Abril 2026   Affe Gutierrez   1628

La herida personal, la impotencia y el país que mira hacia otro lado

Por Affe Gutiérrez.

Santo Domingo. - El artículo de esta semana llega tarde, pero llega largo y extendido. Casi no llega. No por falta de palabras, sino por exceso de dolor. Este fin de semana me infarté. Estuve a segundos de que mis hijos quedaran huérfanos de padre; a segundo de dejar un gran dolor en mi familia, a segundos de que la historia de abuso, indiferencia y atropello que vengo cargando desde hace años terminara de la forma más cruel… con mi silencio definitivo. Y quizás eso es lo que muchos han querido durante todos estos años, que uno se canse, que uno se quiebre, que uno se calle, que uno se muera emocionalmente antes de que la justicia termine de hablar.

Porque hay impotencias que no se gritan por falta de educación, sino por cansancio moral. Hay dolores que no vienen de una sola sentencia, sino de un sistema completo que se ha hecho de la vista gorda. Funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores han preferido mirar hacia otro lado antes que hacer cumplir decisiones, antes que corregir abusos, antes que admitir que a un ciudadano lo destruyeron con expedientes, firmas, silencios y complicidades.

Y lo más grave es que no se trata solo del ámbito gubernamental. En el sector privado también llegan los tentáculos. Las puertas se cierran sin explicación. Las llamadas no se devuelven. Las oportunidades desaparecen. La gente sabe, pero teme. La gente entiende, pero calla. La gente escucha, pero se protege. Entonces uno se pregunta: ¿será que en este país nadie está limpio? ¿Será que todo el mundo teme que, si toca a uno de los intocables, le saquen algo de debajo de la alfombra?

Luego de haber permanecido en prisión casi 3 años, el pasado 10 de marzo se cumplieron 16 años de la primera condena, una de las fechas más infames de mi vida. El 10 de marzo de 2010, Fernando Fernández Cruz, hoy juez del Tribunal Superior Electoral, firmó una sentencia que me condenó a 30 años de prisión siendo inocente. Aquella sentencia fue parte del proceso penal seguido contra Rafael Gutiérrez Heredia, mi padre, y contra mí, dentro del cual fui condenado en primera instancia y luego esa decisión fue objeto de impugnaciones, anulaciones y nuevas decisiones judiciales.

En aquella audiencia yo advertí algo que el tribunal decidió no mirar con la seriedad debida, que, según el testigo de la fiscalía, los ataques contra nosotros venían desde Telemicro. Y no lo dije como rumor ni como pataleo de acusado. Lo dije porque había una circunstancia que, como mínimo, exigía prudencia, transparencia y distancia institucional.

Una semana después de que ese tribunal se apoderara de nuestro expediente, el 17 de diciembre de 2009, la esposa del juez, Teresa Chapman, entró a trabajar como “periodista” en la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, C. por A., es decir, Telemicro, conforme a los documentos laborales aportados sobre esa relación.

Y aquí comienza una de las preguntas que todavía nadie ha querido responder con seriedad: ¿cómo puede un ciudadano confiar en un proceso cuando denuncia posibles vínculos de poder, medios, fiscales, abogados y jueces, y la respuesta del sistema no es investigar a fondo, sino seguir empujando el expediente hasta una condena de 30 años?

No termina ahí. El 19 de septiembre de 2011, Fernando Fernández Cruz conoció también como juez un caso relacionado con el hermano del empleador de su esposa. ¿Y quién apareció en ese entramado? El mismo abogado que, según mi relato y mis denuncias, me perseguía. La misma maquinaria. La misma sombra. La misma sensación de que para algunos la justicia es martillo, y para otros es algodón.

En ese otro caso, mientras a mí se me pidió y se me impuso una condena brutal, la fiscalía vinculada al mismo ecosistema del entonces fiscal Perfecto “idiota” Acosta habría pedido una pena muy inferior, y el tribunal terminó imponiendo cinco años. No lo digo para pedir que se condene a nadie sin pruebas. Lo digo para señalar el contraste. Lo digo porque las diferencias de trato procesal, cuando se repiten alrededor de los mismos nombres, dejan de parecer casualidades y empiezan a oler a sistema. Los documentos del caso de Nepomuceno Gómez Díaz permiten observar otro expediente de homicidio voluntario, con acusación, apertura a juicio y sentencia, útil para comparar tratamiento, valoración probatoria, defensa técnica y estándares aplicados.

Mientras tanto, mi vida se partía. No era solo una condena. Era mi nombre. Era mi familia. Era mi carrera. Era mi salud. Era mi licencia. Era mi uniforme. Era mi futuro. Era mi derecho a no ser tratado como basura por un sistema que, cuando se equivoca, NUNCA pide perdón, y cuando destruye, casi nunca repara.

En septiembre de 2010, se presentó una querella disciplinaria contra los magistrados Víctor Mejía Lebrón, Eudelina Salvador Reyes y Eduardo de los Santos Rosario, jueces del Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, denunciando graves irregularidades alrededor del proceso. Esa denuncia fue recibida y registrada. Años después, la propia Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial certificó que dicha denuncia existió, que fue depositada el 14 de septiembre de 2010, registrada bajo el número interno Dominium 193886, investigada y archivada mediante Acta núm. 06/2013 del Consejo del Poder Judicial.

Ahí está el detalle, no pueden decir que uno no denunció. No pueden decir que uno guardó silencio. No pueden decir que uno se quedó cruzado de brazos. Lo que ocurrió fue peor, uno denunció, insistió, reiteró, pidió pronto despacho, solicitó investigaciones, pidió copias, pidió respuestas; y el sistema respondió con archivo, reserva, silencio o extravío. En 2025, cuando solicité por la vía de acceso a la información pública copias íntegras de las actuaciones, informes y conclusiones sobre esas investigaciones disciplinarias, el Poder Judicial respondió que no procedía entregar los expedientes porque eran documentos reservados para los órganos del Poder Judicial. Es decir: el ciudadano denuncia, el órgano investiga, el órgano archiva, y cuando el ciudadano pide ver qué hicieron con su denuncia, le responden que no puede verlo.

Así cualquiera archiva. Así cualquiera se protege. Así cualquiera convierte la justicia en una habitación cerrada donde solo entran ellos, donde solo hablan ellos, donde solo se absuelven ellos.

Y respecto a Fernando Fernández Cruz, la certificación de Inspectoría dice que no se encontró registro de denuncia en su contra. Pero eso no borra la realidad de que hubo solicitudes posteriores, reiteraciones y denuncias donde se cuestionó su participación, incluso su condición de consejero del Poder Judicial al momento de pedirse su inhibición en asuntos vinculados al proceso. La solicitud de inhibición de julio de 2016 planteó expresamente que Fernando Fernández Cruz había sido miembro del tribunal que firmó una sentencia perjudicial posteriormente anulada, y que por ello no debía intervenir en investigaciones relacionadas con ese mismo entramado.

Entonces uno pregunta, con rabia, pero también con derecho: ¿dónde están las respuestas? ¿Quién investigó? ¿Quién verificó? ¿Quién cruzó fechas, vínculos, nombres, empleos, sentencias, abogados, fiscales y decisiones?

Porque los nombres están ahí. Fernando Fernández Cruz. Eudelina Salvador Reyes. José Miguel Cabrera Rivera. Perfecto Acosta. Teresa Chapman. Gómez Díaz. Telemicro. El abogado de la parte contraria. El testigo pagado. El “Bebo”. El pingüino. El señor glotón. El magnate que tiene al país en cinco y no en cuatro. Nombres, apodos, sombras y expedientes.

A algunos les molestará el tono. A otros les molestará que se mencionen nombres. Pero a mí me molesta más haber tenido que pelear por mi vida, por mi libertad, por mi carrera y por mi nombre durante 17 años mientras muchos de esos actores terminaron ascendidos, protegidos o cómodamente instalados en posiciones de poder.

Uno juez de alta corte. Otra jueza de Corte de Apelación. Otro procurador de Corte. Otros con carreras intactas. Y yo, mientras tanto, marcado por expedientes, por prisiones, por cancelaciones, por licencias suspendidas, por antecedentes que no eran antecedentes, por procesos que seguían apareciendo “abiertos” aunque no existiera condena irrevocable en mi contra. La certificación de la Procuraduría de agosto de 2020 dice expresamente que no existían antecedentes penales a mi nombre, pero al mismo tiempo marcaba “proceso penal abierto”, con el daño civil, laboral y reputacional que eso implica.

¿Y qué se supone que haga uno con eso? ¿Agradecer? ¿Callar? ¿Hacer como si nada pasó? No. Hay momentos en que la prudencia deja de ser virtud y se convierte en cómplice del abuso. Y este es uno de esos momentos.

Porque si una sentencia injusta te manda a prisión, pero luego el sistema se niega a reparar plenamente; si una institución te cancela sin debido proceso, pero luego se resiste a corregir; si una autoridad te suspende una licencia profesional por estar sometido a un proceso, pero luego nadie te devuelve los años perdidos; si denuncias jueces, fiscales, abogados, testigos y vínculos, pero todo se archiva, se reserva o se pierde, entonces el problema ya no es solo tuyo. El problema es de país. El problema es de Estado. El problema es de una justicia que, cuando quiere, aplasta; y cuando debe reparar, se esconde.

La Policía Nacional; permiso, falsa deserción, cancelación, una carrera mutilada y hasta complicidad.

Pero mi historia no empezó ni terminó en los tribunales. También pasó por la Policía Nacional, institución a la que pertenecí, serví y representé como Sargento Mayor Piloto. Y ahí también hubo una cadena de decisiones que todavía hoy exige explicación. Porque una cosa es ser separado de una institución por una causa real, probada y tramitada conforme al debido proceso. Otra muy distinta es ser destruido administrativamente mientras se maquilla la arbitrariedad con palabras cómodas como “conveniencia del servicio”.

El expediente demuestra que yo había solicitado permiso para viajar al extranjero por un año, con el propósito de realizar estudios, curso de Seguridad de Vuelo, habilitaciones y avanzar en mi carrera de piloto aviador, CON MI DINERO. Esa solicitud fue tramitada internamente por varios endosos dentro de la Policía Nacional.

Luego aparece una comunicación de fecha 15 de enero de 2008, de la Oficina del Jefe de la Policía Nacional, dirigida al Director General de Migración, informando que se me había concedido permiso para salir del país por un período de un año, a partir de esa fecha, para viajar a los Estados Unidos de América con la finalidad de realizar el curso de Seguridad de Vuelo.

Entonces, ¿cómo se explica que, existiendo solicitud, trámite interno y comunicación oficial a Migración sobre el permiso concedido, luego se haya levantado contra mí una narrativa de deserción? ¿Deserción de qué? ¿De una institución que sabía que yo había pedido permiso? ¿De una institución que comunicó formalmente a Migración que yo estaba autorizado a salir? ¿De una institución que tenía en sus archivos la ruta administrativa de ese permiso? Alburquerque Sasso debe haberle dando cuentas a Dios, pues el abogado acusador pertenecía a esa dirección legal PN, se prestó para eso.

Pero no solo eso, el 1ro. de septiembre del 2009, luego de que José Dionisio Duverge Mejía, nos envió a juico de fondo, fueron ingresado en la jefatura de Guzmán Fermín, el hijo y el marido de la querellante, esta última también en otra institución, más adelante lo mencionare.

Ese es el tipo de contradicción que en cualquier país serio obligaría a una investigación profunda. Pero aquí no. Aquí la vida de un hombre puede torcerse con un papel, una firma y un silencio. En fecha 31 de enero de 2008, apenas días después de aquella comunicación a Migración, se emitió un telefonema oficial disponiendo mi baja de las filas de la Policía Nacional por “conveniencia del servicio”.

Conveniencia del servicio. Qué frase tan elegante para esconder un atropello. Conveniencia del servicio puede significar muchas cosas. Cuando no hay investigación, cuando no hay debido proceso, cuando no hay derecho de defensa, cuando no hay motivación suficiente, cuando no se enfrenta al servidor con una falta debidamente instruida, entonces esa frase se convierte en lo que realmente fue, una cortina administrativa para ocasionar un daño.

Y no lo digo solo yo. Lo dijo la propia estructura interna de la Policía Nacional años después. En el expediente de investigación y recomendación, la Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional emitió una opinión de fecha 15 de diciembre de 2020, en la cual recomendó revocar la desvinculación con efectividad al 1 de enero de 2021, porque se comprobó que la destitución fue realizada sin haberse llevado a cabo la investigación correspondiente y sin observar el debido proceso aplicable a actuaciones judiciales, administrativas y constitucionales.

Ahí está escrito. No es una emoción mía. No es un lamento. No es una exageración. Es una recomendación interna de la propia Policía Nacional.

La institución que me sacó reconoció, por sus propios canales, que la separación se produjo sin la investigación correspondiente. Y, aun así, el país administrativo siguió haciendo lo que mejor sabe hacer cuando se trata de reparar a un ciudadano, nada, o casi nada.

El expediente interno muestra una ruta clara, mi solicitud de reintegro fue referida a Asuntos Legales, luego a Inspectoría General, luego a una Comisión Revisora, luego otra vez a Asuntos Legales, hasta terminar en esa recomendación jurídica de revocación.

¿Y qué pasó? Pasó lo mismo de siempre. El expediente habló, pero el poder calló. La recomendación existió, pero la decisión no llegó como debía. La verdad administrativa quedó escrita, pero no ejecutada con la dignidad que correspondía.

Después vino el Ministerio de Interior y Policía en 2022, con la Resolución MIP-RPN-0118-2022, negando la solicitud. Esa resolución reconoció que ingresé a la Policía Nacional el 1ro de octubre del 1996 con grado de asimilado y que fui destituido el 31 de enero de 2008 con el grado de Sargento Mayor. También recogió que desde 2011 yo venía solicitando revisión de mi proceso de destitución para ser reintegrado.

O sea, el propio Ministerio sabía que esto no era un capricho de última hora. Sabía que era una lucha de años. Sabía que había una reclamación persistente. Sabía que había documentos internos. Sabía que había una recomendación jurídica favorable. Y, aun así, resolvió como si la dignidad de un hombre fuera un expediente molesto que había que cerrar.

Por eso acudí al Tribunal Superior Administrativo. Y el TSA, mediante sentencia núm. 0030-04-2023-SSEN-00773, conoció el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución MIP-RPN-0118-2022. La sentencia fue luego notificada mediante acto de alguacil al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Procuraduría General Administrativa. En esa notificación se transcribe que el TSA acogió el recurso en cuanto al fondo, revocó la resolución del MIP y ordenó conocer nuevamente la solicitud presentada por mí. Y todavía hay más, en enero de 2026, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificó que no figura recurso de casación contra esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo, por lo que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Entonces pregunto: ¿qué más hace falta? ¿Un permiso solicitado y tramitado? Existe. ¿Una comunicación a Migración autorizando la salida? Existe. ¿Una baja por “conveniencia del servicio”? Existe. ¿Un expediente de supuesta deserción cuestionable frente a esos permisos? Existe. ¿Una recomendación interna de la Policía reconociendo ausencia de investigación y debido proceso? Existe.

¿Una sentencia del TSA revocando la resolución del MIP? Existe. ¿Una certificación de no casación? Existe. Entonces, si todo eso existe, ¿por qué no se repara? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué este Estado es tan eficiente para cancelar, someter, suspender y encarcelar, pero tan lento, tan cobarde y tan miserable para rectificar?

Yo tenía una carrera. Tenía un uniforme. Tenía una trayectoria en construcción. Tenía una proyección. Hoy pudiera tener 30 años como miembro de la Policía Nacional. Quizás General. Quizás Director de mi institución. Quizás piloto del Presidente. Quizás capitán de un A380 o de un B777 en una aerolínea internacional. Quizás una vida distinta.

Pero el “quizás” es el cementerio donde entierran los abusos que nadie reparó. Mientras tanto, otros siguieron subiendo. Otros siguieron firmando. Otros siguieron archivando. Otros siguieron ascendiendo.

Los prevaricadores fueron exitosos. Los omisos fueron premiados. Los indiferentes se jubilaron moralmente tranquilos. Y uno, el que tuvo que sobrevivir al expediente, carga todavía con el peso de lo que le quitaron.

No me quitaron solo un puesto. Me quitaron tiempo. Me quitaron ruta. Me quitaron oportunidades. Me quitaron nombre institucional. Me quitaron paz.

Cuando un Estado le roba el futuro a un ciudadano, no basta con decir “revísese otra vez”. Hay que reparar. Hay que restituir. Hay que pedir perdón. Hay que señalar responsables. HAY QUE SOMETERLOS. Si no hay consecuencias para quien destruye, entonces la arbitrariedad queda autorizada para repetirse.

José Tomas Pérez, la licencia de piloto y el castigo profesional disfrazado de prudencia

La persecución no se quedó en los tribunales ni en la Policía Nacional. También alcanzó mi carrera aeronáutica. El expediente del IDAC demuestra que, en marzo de 2010, se solicitó una opinión legal sobre mi estatus y sobre mis derechos civiles para portar la licencia de Piloto Privado No. 844-PP. La opinión legal concluyó que, por estar envuelto en un caso de homicidio y sometido a la justicia, se recomendaba suspender la licencia hasta que mi sentencia adquiriera autoridad de cosa irrevocablemente juzgada o hasta que fuera absuelto. ¿Dónde quedo la presunción de inocencia establecida en la constitución?

Ahí está el problema moral del Estado dominicano, el sometimiento se convierte en condena anticipada. No importaba que no existiera sentencia irrevocable. No importaba que el proceso estuviera en curso. No importaba que todavía operara la presunción de inocencia. Bastaba estar acusado para que la sombra administrativa cayera encima.

Me suspendieron profesionalmente por estar sometido. Pero cuando luego vinieron las anulaciones, absoluciones y cierres procesales, nadie apareció con la misma prisa para devolverme los años, la reputación, los contratos, las horas de vuelo, la confianza perdida, el desarrollo profesional interrumpido. Para suspender, el Estado corre. Para reparar, el Estado gatea.

Y mientras eso ocurría, también se documentó que Marilú Solís, la querellante, laboraba en el IDAC desde el 1 de septiembre de 2009 como auxiliar de oficina en la Sección de Ejecución Presupuestaria, cuando en las audiencias decía que no sabía leer ni escribir. Pero no solo eso, también el testigo estrella de la fiscalía, Esteban Andrés Delgado, fue ingresado a esa institución como Seguridad Interna.

¿Estos datos, por sí solos, no prueba una recompensa? Dentro del cuadro completo, denuncias, testigos, empleos, cancelaciones, licencias, medios, abogados y silencios, no puede verse como un dato aislado. Debe analizarse como parte de un contexto mayor, de un patrón, de una constelación de coincidencias que en un expediente sano debieron ser investigadas con rigor.

Porque aquí hay algo que el sistema nunca quiso mirar, mientras yo perdía mi licencia, mi carrera y mi libertad, personas vinculadas a la acusación aparecían laboralmente insertadas en espacios institucionales relevantes. Y cuando uno lo denunció, la respuesta fue el silencio, el archivo o el tecnicismo.

Y luego algunos se ofenden cuando uno habla con rabia. ¿Cómo quieren que hable quien ha visto su vida profesional arrasada por un expediente que terminó demostrando sus grietas? ¿Cómo quieren que hable quien vio cómo el proceso penal contaminó su vida laboral, su vida policial, su vida aeronáutica, su vida familiar y su salud? ¿Cómo quieren que hable quien tuvo que ver en papeles oficiales que no tenía antecedentes penales, pero aun así aparecía marcado por procesos abiertos?

El sistema dominicano tiene una perversidad silenciosa, no siempre te condena definitivamente, pero te deja lo suficientemente marcado para que no puedas vivir. Te deja “abierto”. Te deja “pendiente”. Te deja “en revisión”. Te deja “en investigación”. Te deja “con oficio pendiente”. Te deja “sin respuesta”. Te deja “archivado”. Te deja “reservado”. Y así pasan los años. Y así pasa la vida.

Y así el ciudadano muere un poco todos los días sin que nadie firme el certificado de defunción de su proyecto de vida.

Los testigos, las retractaciones y la verdad que el expediente gritaba

El expediente también tiene una parte que indigna: la forma en que se construyeron, sostuvieron o ignoraron testimonios.

En el caso de golpes y heridas, existen documentos demoledores. El primer acto de desistimiento de fecha 14 de junio de 2005 recoge que Mariluz Solís retiró la denuncia contra Rafael Gutiérrez Heredia, Affe Gutiérrez Gil y Manuel Rodolfo Castillo, expresando que estos no propinaron golpes ni a ella ni a su hijo Wester Junior Solís.

Luego, en la experticia psicológica de fecha 21 de septiembre de 2006, la propia Marilú Solís refiere que cuando puso la denuncia señaló a Rafael Gutiérrez y Affe Gutiérrez, pero también expresa que ellos eran los dueños del lavadero y que no tenían nada que ver con los golpes que le dieron a ella y a su hijo.

El documento va más lejos, indica que ella quería que sacaran a Rafael y Affe del problema, que ellos no sabían de eso y que nadie la estaba presionando. Además, la observación psicológica la describe cooperadora, ubicada en tiempo y espacio, tranquila, de lenguaje pausado y sin psicopatología aparente.

Entonces, ¿cómo se sostiene una persecución cuando la propia querellante dice que los señalados no tuvieron que ver? ¿Cómo se empuja un expediente cuando existen desistimientos, retractaciones y evaluaciones psicológicas que debieron encender todas las alarmas? ¿Cómo se le arruina la vida a alguien ignorando documentos que el propio sistema produjo?

El segundo desistimiento, de fecha 19 de septiembre de 2006, es todavía más grave, Marilú Solís declaró que desistía de la querella con constitución en actor civil y señaló que esa querella fue inducida por la magistrada Catalina Arriaga, una procuradora adjunta y otra persona mencionada en el acto. También expresó que, al conocer los hechos, entendió que Affe Gutiérrez Gil y Rafael Gutiérrez Heredia no fueron las personas que la agredieron.

Eso no era un detalle menor. Era una bomba procesal. Pero el sistema hizo lo que tantas veces hace: desactivó la bomba no investigando su contenido, sino enterrándola bajo papeles.

Y luego está el tema del “Bebo”, Esteban Andrés Delgado, cuya presencia documental en este expediente merece capítulo aparte. Se aportaron acta de nacimiento, cédula, declaración jurada, certificaciones, proceso penal por drogas, solicitud de medida de coerción, acusación y suspensión condicional del procedimiento.

En la solicitud de medida de coerción contra Esteban Andrés Delgado o Esteban Andrés Delagados, el Ministerio Público sostuvo que en marzo de 2014 fue detenido en un operativo antinarcóticos y que, se encontró en el pavimento, al lado de él, una porción de polvo blanco presumiblemente cocaína, resultando ser 98.63 gramos de cocaína.

Más tarde, su proceso terminó en una suspensión condicional del procedimiento bajo reglas como residir en un lugar determinado, no portar armas, prestar trabajo de utilidad pública y no visitar puntos de droga por un año.  No digo que ese proceso lo condene moralmente para siempre. Digo que, si una persona de esa naturaleza documental aparece vinculada como testigo o pieza del relato acusatorio contra otros, su credibilidad debía ser examinada con bisturí, no con venda en los ojos.

Y si, además, existen denuncias de que testigos fueron premiados, nombrados, protegidos o utilizados, entonces el Estado tenía la obligación de investigar, no de mirar para otro lado.

La justicia no puede aceptar testimonios cuando convienen y despreciar contradicciones cuando incomodan. La justicia no puede convertir a unos en creíbles por utilidad procesal y a otros en invisibles por conveniencia política. La justicia no puede sostenerse sobre testigos frágiles, vínculos turbios y silencios institucionales.

Porque cuando la verdad depende de quién tiene más poder, ya no se llama justicia: se llama administración del daño.

La prisión injusta: cuando el Estado encarcela primero y pregunta después

Hay una violencia que no deja sangre visible, pero destruye igual, la violencia del Estado cuando encarcela a un inocente, lo arranca de su familia, lo encierra en condiciones indignas, lo expone públicamente, lo convierte en sospechoso permanente y luego pretende que una sentencia posterior borre los años perdidos.

A mí no me contaron lo que es la prisión preventiva abusiva. La viví. Y la viví dos veces: en el cuerpo y en el nombre.

El expediente muestra que en el proceso penal por homicidio, secuestro y asociación de malhechores se dictó medida de coerción contra mí. Luego vinieron acusaciones, aperturas a juicio, condenas, anulaciones, absoluciones, casaciones, Tribunal Constitucional, nuevas decisiones y finalmente cierres procesales que fueron demostrando lo que desde el principio grité: que ese expediente era una farsa.

La prisión no fue un detalle procesal. Fue una condena anticipada. La sentencia de apelación de 2011 hace constar que yo me encontraba recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al momento ocurrir los hechos que me imputaban, más aun, el mismo Ministerio Público emitió una certificación de que yo estaba bajo su poder. El fiscal José Miguel Rivera Cabrera se limpió algo más claro que su negro corazón con ella.

Los periódicos de julio de 2010 documentaron mi huelga de hambre, mi reclamo de justicia, mi deterioro físico y mi desmayo en prisión. Los titulares no eran poesía ni espectáculo, eran el reflejo público de un hombre que sentía que el sistema lo estaba matando lentamente.  “Affe reclama justicia con huelga de hambre”. “Piloto continúa en huelga de hambre”. “Gutiérrez se desmaya en cárcel de La Victoria”. “Teme por la salud de piloto Affe Gutiérrez”. Eso no era teatro. Era desesperación. Era impotencia. Era la única forma que me quedaba para decirle al país, me están destruyendo y nadie quiere mirar.

Después, los daños físicos también aparecieron. Una certificación médica de 2018 emitida por el Dr. Jonathan Simhaee, en Nueva York, refiere que yo estaba bajo tratamiento por dolor lumbar crónico y recoge como antecedente que el dolor comenzó tras mi tiempo en prisión en República Dominicana, donde habría permanecido en una celda muy pequeña y encorvado la mayor parte del tiempo.

Otra certificación médica, de Gastroenterology and Nutrition, P.C., indica evaluación por dolor abdominal crónico y asocia el cuadro, tomando en cuenta mi historia y estrés subyacente, con síndrome de intestino irritable bajo tratamiento.

Es decir, no se trató solo de cárcel. Se trató de cuerpo. Se trató de salud. Se trató de años de estrés, encierro, exposición pública, miedo, rabia, humillación y ruina emocional. Y luego, cuando reclamé reparación por prisión injusta, el propio Estado, ese mismo Estado que me encerró, se defendió como si la víctima fuera él.

La Procuraduría General de la República terminó con una condena histórica, en un proceso por prisión injustificada, según el cuadro documental que hemos venido reconstruyendo; y cuando llego esa condena de la Suprema Corte de Justicia, elevaron un recurso de revisión al Tribunal Constitucional con el argumento de que a la PGR se le vulneraron derechos. ¿Y a mí? ¿Quién habla de mis derechos? ¿Quién habla de mis hijos? ¿Quién habla de mi salud? ¿Quién habla de mis años? ¿Quién habla de mi uniforme perdido? ¿Quién habla de mi licencia suspendida? ¿Quién habla de mi carrera aeronáutica mutilada? ¿Quién habla de las puertas cerradas por un expediente que no debió pesar como condena?

Porque esa es la obscenidad moral del aparato estatal, cuando el ciudadano reclama, el Estado se presenta como agraviado; cuando el ciudadano exige reparación, el Estado se refugia en tecnicismos; cuando el ciudadano pide justicia, el Estado pide plazo, archivo, reserva o inadmisibilidad. Y uno queda parado frente al monstruo burocrático preguntándose si la Constitución sirve para algo más que para adornar discursos.

La sentencia TC/0354/16 del Tribunal Constitucional conoció un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por mí contra la Resolución núm. 1125-2014 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Esa sola ruta procesal demuestra la extensión del calvario: un ciudadano obligado a caminar por todas las instancias, no para obtener privilegio, sino para que se reconozca lo mínimo. Lo mínimo: que no se encarcela impunemente. Lo mínimo: que no se destruye una vida y luego se archiva el daño. Lo mínimo: que el Estado no puede lavarse las manos después de haber usado sus manos para hundir a alguien.

Pero aquí seguimos. La justicia dominicana tiene una habilidad macabra, puede tardar años en reconocer una injusticia, y luego tardar otros tantos en repararla. Es decir, primero te mata en vida; después, cuando ya estás herido, te obliga a litigar para que te reconozcan la sangre.

Jueces, fiscales y archivos: el club de los intocables

Una de las cosas que más indigna de este caso no es solo lo que pasó, sino lo que pasó después de denunciarlo.

Porque yo denuncié. No una vez. Varias. Denuncié ante el Consejo del Poder Judicial. Denuncié ante la Suprema Corte de Justicia. Denuncié ante la Procuraduría General de la República. Denuncié ante órganos disciplinarios. Pedí investigación. Pedí pronto despacho. Pedí inhibición. Pedí copias. Pedí respuestas.

Y, aun así, la muralla siguió en pie. En 2010 se depositó una querella disciplinaria contra los jueces Víctor Mejía Lebrón, Eudelina Salvador Reyes y Eduardo de los Santos Rosario, denunciando supuestas gestiones de dinero para “resolver” el caso, intermediarios, vínculos con abogados, intenciones de ventilar el proceso de forma secreta, enfrentamientos con la prensa y rumores de condena previa.

La denuncia existió. Eso ya no puede negarse. La Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial certificó en 2025 que reposó una denuncia depositada el 14 de septiembre de 2010, registrada bajo el número Dominio 193886, contra esos magistrados; que fue investigada; y que resultó archivada por decisión acogida mediante Acta núm. 06/2013 del CPJ.

Pero cuando solicité el expediente completo, la respuesta fue que no se podían entregar las actuaciones, informes ni conclusiones porque el proceso disciplinario tenía naturaleza reservada.

Entonces el país debe hacerse una pregunta muy seria: ¿qué clase de control disciplinario existe si el denunciante no puede conocer realmente qué se investigó, qué se omitió, qué se descartó, qué se ponderó y por qué se archivó?

Una cosa es proteger la intimidad de un juez investigado. Otra cosa es convertir la reserva en un escudo absoluto para que el ciudadano nunca pueda fiscalizar si su denuncia fue tratada con seriedad o simplemente sepultada. Porque aquí el archivo no cerró la herida. La profundizó. Cuando un órgano disciplinario archiva sin transparencia suficiente, no produce confianza; produce sospecha.

Cuando el Poder Judicial dice “investigamos, archivamos, pero no podemos enseñarte el expediente”, el ciudadano no se siente protegido por la institucionalidad. Se siente expulsado de ella. Y sobre José Miguel Cabrera Rivera, fiscal actuante, también se presentaron denuncias y solicitudes de pronto despacho. En fecha 29 de julio de 2016, Rafael Gutiérrez Heredia solicitó pronto despacho respecto de una denuncia de fecha 11 de agosto de 2014 contra José Miguel Rivera Cabrera, Procurador Fiscal Adjunto de la Provincia Santo Domingo, señalando que el Ministerio Público llevaba dos años apoderado sin dar respuesta.

Dos años sin respuesta. Y luego más silencio. Nada que tranquilice. Nada que explique. Nada que repare. Nada que convenza.

Pero qué exitosos han sido algunos. Uno juez de alta corte. Otra jueza de Corte de Apelación. Otro Procurador de Corte. Y yo, el ciudadano que denunció, todavía buscando que alguien me diga qué hicieron con mis denuncias, por qué se archivaron, por qué no aparecen registros, por qué nadie responde y por qué los años de mi vida parecen valer menos que la carrera de quienes firmaron, pidieron, acusaron o callaron.

Ahí es donde nace la rabia. No de un impulso. No de una rabia infantil. Sino de ver cómo el sistema protege mejor a sus funcionarios corruptos, que a sus víctimas. Y uno llega a una conclusión amarga, será que en este país hay expedientes que se mueven rápido cuando hay que destruir, y se vuelven eternos cuando hay que corregir.

Las absoluciones, anulaciones y el expediente que se cayó más de una vez

A quienes pretendan reducir esta historia a una queja emocional, hay que recordarles algo, el caso no terminó con una condena firme contra mí. El proceso de homicidio fue una montaña rusa judicial que por sí sola demuestra la fragilidad de lo actuado.

Hubo sentencia condenatoria. Hubo anulaciones. Hubo nueva condena. Hubo sentencia absolutoria. Hubo casación. Hubo nueva apelación. Hubo Tribunal Constitucional. Hubo segunda sentencia absolutoria. Hubo inadmisibilidades. Hubo recursos rechazados o cerrados. Eso no es estabilidad probatoria. Eso es una tormenta procesal.

La sentencia absolutoria No. 173-2011, de la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, forma parte de ese recorrido.  La sentencia No. 0039-TS-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, también integra esa cadena compleja de decisiones.  Luego vino la segunda sentencia absolutoria No. 941-2017-SSEN-00103, de fecha 3 de mayo de 2017, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.  Y posteriormente, la Resolución No. 444-SS-2017 de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisibles recursos de apelación contra esa absolución.  Finalmente, existe comunicación de la Suprema Corte de Justicia de abril de 2018 informando la inadmisibilidad del recurso de casación de Mariluz Solís mediante Resolución No. 609-2018.

Entonces, cuando alguien pretenda hablar de mí como si yo fuera una condena ambulante, que lea el expediente completo. Que lea las anulaciones. Que lea las absoluciones. Que lea las inadmisibilidades. Que lea los documentos donde la propia querellante se retracta o desiste. Que lea los informes médicos. Que lea las certificaciones. Que lea la recomendación interna de la Policía Nacional. Que lea la sentencia del TSA. Que lea la certificación de no casación. Que lea todo antes de repetir la infamia.

Porque ese ha sido otro castigo, la gente recuerda la acusación más que la absolución. Recuerda la prisión más que la libertad. Recuerda el titular más que la sentencia. Recuerda el escándalo más que el documento.

El daño reputacional tiene esa perversidad, la mentira corre con sirena; la verdad llega en archivo PDF. Y cuando llega, ya muchos hicieron carrera sobre tu destrucción.

La pregunta que nadie quiere contestar: quién devuelve una vida

Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo procesos. Veo una vida desviada. Veo al joven piloto que pudo tener otra ruta. Veo al policía que pudo tener 30 años de servicio. Veo al padre que casi deja huérfanos a sus hijos este fin de semana. Veo al ciudadano que ha tenido que gritar demasiado para obtener demasiado poco. Veo al hombre que tuvo que probar una y otra vez que no era el monstruo que otros necesitaron fabricar.

Y entonces pregunto: ¿Quién devuelve una vida? ¿Quién devuelve los años de prisión? ¿Quién devuelve los vuelos no hechos? ¿Quién devuelve los ascensos perdidos? ¿Quién devuelve la salud quebrada? ¿Quién devuelve la paz familiar? ¿Quién devuelve el nombre limpio cuando el lodo institucional lo manchó durante años? ¿Quién responde por la licencia suspendida? ¿Quién responde por la baja policial sin debido proceso? ¿Quién responde por los expedientes abiertos que siguieron pesando como cadenas? ¿Quién responde por las denuncias archivadas, reservadas o no localizadas? ¿Quién responde por los funcionarios exitosos y el ciudadano destruido?

Porque ese es el núcleo de todo, el poder siguió su vida. Yo tuve que reconstruir la mía desde los escombros. Y hay algo profundamente indecente en un país donde los que firman abusos terminan en altos cargos, y los que sufren esos abusos tienen que agradecer cuando apenas les reconocen un pedazo de razón. Yo no quiero lástima. No quiero silencio compasivo. No quiero palmadas en la espalda. Quiero justicia. Quiero reparación. Quiero que se cumplan las decisiones. Quiero que se diga la verdad. Quiero que se sepa quién hizo qué, quién calló, quién protegió, quién archivó, quién pidió, quién firmó, quién presionó, quién se benefició y quién miró hacia otro lado.

Porque el país no se sanea celebrando discursos sobre institucionalidad mientras se esconden expedientes incómodos. El país se sanea cuando el abuso tiene consecuencias. El país se sanea cuando el ciudadano deja de ser aplastado por el funcionario. El país se sanea cuando el poder entiende que una toga, una placa, un cargo, una oficina o un apellido no son licencia para destruir vidas.

¿DÓNDE ESTÁ LA MALDITA JUSTICIA INDEPENDIENTE?

No estoy escribiendo desde el rencor; estoy escribiendo desde la supervivencia

Algunos dirán que este texto tiene rabia. Claro que la tiene. Sería inmoral que no la tuviera. La rabia también es una forma de dignidad cuando nace de una injusticia no reparada. La rabia no siempre es odio. A veces es la última defensa del alma contra la resignación.

Yo he sobrevivido a expedientes, prisiones, archivos, silencios, cancelaciones, suspensiones, enfermedades, infartos morales y ahora un infarto físico. He sobrevivido a la maquinaria de un país que parece diseñado para que los poderosos nunca expliquen y los ciudadanos nunca descansen.

Pero sigo aquí, hijos de su maldita madre. Y mientras siga aquí, voy a nombrar. Voy a recordar. Voy a documentar. Voy a exigir. Porque si algo me ha enseñado esta historia es que el silencio no protege al inocente; protege al abusador.

Y yo no pienso regalarle mi silencio a nadie. No después de 17 años. No después de 2 condenas de 30 años siendo inocente, 7 anulaciones y 2 descargos. No después de una carrera policial mutilada. No después de una carrera aeronáutica destruida. No después de una prisión injusta. No después de ver cómo las denuncias se archivan, los expedientes se reservan y los responsables prosperan.

¡NO DESPUÉS DE HABER ESTADO A SEGUNDOS DE QUE MIS HIJOS FUERAN HUÉRFANOS DE PADRE!

Si este país quiere llamarse Estado de derecho, que empiece por hacer algo elemental, que es cumplir sus propias decisiones, reparar sus propios abusos y dejar de proteger a quienes convirtieron la justicia en un instrumento de persecución.

La justicia que no repara no es justicia, es apenas una forma más educada de impunidad.

El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.

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