Cuando la corrupción se vuelve costumbre y la prisión preventiva se confunde con justicia

Por: Affe Gutiérrez

Santo Domingo, R.D. En la República Dominicana, la corrupción ya no es un estallido ocasional ni un rumor de oficina pública. Es una presencia constante, casi doméstica, que se desliza entre ventanillas, contratos, favores y silencios. Es el visitante que nadie invita, pero que todos aceptan. No siempre destruye con violencia; desgasta con precisión. Y ese desgaste silencioso y cotidiano es el que termina desfigurando la confianza en la democracia.

Esa corrupción rutinaria, la que se normaliza, no solo corroe las finanzas públicas, sino que, reeduca la conciencia colectiva. Enseña que lo correcto es ingenuo, que el atajo es eficiente y que la ley es negociable. Cuando esa pedagogía se impone, la justicia deja de ser un proceso y se convierte en espectáculo.

Avances que celebran los discursos, raíces que celebran la impunidad.

El país acaba de subir 33 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. El dato se presenta como prueba de institucionalidad renovada, Ministerio Público independiente y política de “cero tolerancia”. Son avances reales, aunque claramente insuficientes.

Mientras se anuncia la buena nueva, las auditorías de la Cámara de Cuentas revelan irregularidades por más de RD$25 mil millones; el Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte que persisten complicidades oficiales en redes de trata y corrupción sistémica; y la OCDE ha señalado altos riesgos de captura institucional. La tensión es evidente: mejoramos en el papel, pero arrastramos una cultura que resiste el cambio. Un ranking no cura una costumbre.

El dolograma de la corrupción: cuando el Estado enferma.

Esta contradicción ha sido explicada con claridad por el auditor forense Julio Gutiérrez, quien advierte que la corrupción no debe leerse como una suma de casos aislados, sino como una patología estructural del Estado:“Si consideramos a la corrupción como un flagelo que afecta sensiblemente a la sociedad, como todo flagelo si no se controla, se puede convertir en una plaga, una epidemia”.

Desde esta lógica, la corrupción no se erradica con golpes mediáticos, sino con cambios culturales e institucionales profundos.Uno de los primeros “virus” de esa patología es el nepotismo, que responde a una visión patrimonial del poder:“Aquellos que ocupan las posiciones en la administración pública consideran que estas les pertenecen; por el solo hecho de ocupar la posición, la institución pasa a formar parte de su patrimonio personal”.Por eso la corrupción se reproduce incluso cuando cambian los gobiernos.

Malversar es fracasar como Estado.

Gutiérrez desmonta también la idea de que la corrupción es solo enriquecimiento ilícito individual. Sobre la malversación advierte que “La acción dolosa no solo se manifiesta en distraer fondos para el beneficio de un funcionario… si esos recursos estaban destinados a una causa de bien común, por esa autoría culposa el Estado no logró sus objetivos”.Aquí la corrupción aparece como fracaso institucional, no solo como delito penal.

El precedente incómodo: AnisiaRissi y la impunidad por agotamiento.

Antes de los grandes operativos mediáticos, hubo un caso que quebró la narrativa fácil: AnisiaRissi. Fue sometida, encarcelada y expuesta públicamente siendo funcionaria del propio gobierno al que pertenecía. No fue una persecución del adversario político.

Sin embargo, en 2008 el Ministerio Público retiró la acusación por imposibilidad probatoria, tras años de proceso, desgaste personal y colapso del expediente por pérdida de evidencia. Rissi no fue símbolo de lucha anticorrupción, sino símbolo de un sistema que encarcela primero y explica después, y que termina cerrando casos sin verdad ni reparación.

Prevaricación: la corrupción desde la toga.

Dentro de ese mismo dolograma, Gutiérrez identifica uno de los virus más destructivos:“La prevaricación es una manifestación de un abuso de autoridad… el delito se comete cuando el juez sabe que resuelve en contra de la ley, o cuando invoca hechos falsos que no constan en los autos”.Y añade una advertencia demoledora:“En nuestro país, la prevaricación, desde el punto de vista judicial, la experiencia que tenemos no tiene límites”.Cuando la justicia enferma, la corrupción deja de ser excepción y se vuelve método.

Cuando no se investiga, se delata y, la justicia se vuelve rehén.

En el caso SeNaSa–Operación Cobra, hay un dato que no puede seguir rodeándose de eufemismos: lo que ha predominado no es una investigación estructural del Estado, sino la delación interesada de quienes formaban parte del mismo entramado que hoy dicen combatir.

No se trata de arrepentimiento ético ni de conciencia cívica tardía. Se trata de rupturas económicas internas. De relaciones sostenidas por compromisos financieros, no por valores. Cuando ese pacto se quiebra, la lealtad desaparece y nace la delación, no como acto moral, sino como moneda de cambio procesal.

Este no es un problema de personas; es un problema de método.

La delación, en cualquier sistema serio, no sustituye la investigación. Es un insumo precario que solo adquiere valor cuando es verificado, contrastado y sostenido por prueba objetiva, pericial y documental. De lo contrario, el expediente no se construye: se narra. Y cuando el proceso penal se apoya más en relatos que en evidencia dura, la prisión preventiva deja de ser cautelar y se convierte en castigo anticipado.

Aquí el riesgo es mayúsculo, un Estado que se conforma con delatores en vez de investigadores profesionales renuncia a la verdad. Cambia rigor por rapidez. Técnica por espectáculo. Y justicia por aplauso.

La historia dominicana ya conoce este guion: empieza con confesiones negociadas, sigue con coerciones severas y titulares ruidosos, y termina años después en absoluciones por insuficiencia probatoria, que nadie explica y nadie repara. La impunidad no se derrota, se disfraza.

Por eso resulta pertinente la advertencia de Julio Gutiérrez:“El litigante temerario es la persona que altera el proceso, ya sea falsificando, corrompiendo o destruyendo la prueba”.Cuando el expediente nace sin investigación real; cuando la prueba no se produce, sino que se negocia; cuando la palabra interesada reemplaza a la verificación técnica; la justicia deja de ser sistema y se convierte en apuesta.

14 de diciembre, la justicia fue rodeada por la plaza.

Ese deterioro cultural se expresó con claridad el 14 de diciembre, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mientras el tribunal conocía una solicitud de medida de coerción, una marcha exigía prisión preventiva. No se pedía juicio. No se pedía prueba.
Se pedía encierro.La escena reveló que la prisión preventiva se ha culturizado como condena anticipada.

Coerción no es condena.

Conviene recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar, no una pena. Se fundamenta en probabilidad, no en certeza. Sin embargo, en la práctica dominicana, la excepción se ha invertido: el imputado ya no es juzgado en el tribunal, sino en la plaza pública.

Temeridad: cuando la mala fe sustituye al derecho.

Ese fenómeno conecta con otra advertencia de Julio Gutiérrez, esta vez desde el plano ético-procesal. En “Los temerarios de mi país” redefine la temeridad más allá de la imprudencia común:“En nuestro país no solo los que están frente a un volante con una actitud inconsecuente son temerarios… hay otras personas que por su accionar adquieren ese calificativo”.Especial atención merece el litigante temerario:“Un litigante temerario es aquel que enarbola la defensa sin fundamento jurídico… a sabiendas de que carece de razón o de pruebas, abusando de la jurisdicción”.Y va al núcleo del problema:“El litigante temerario es la persona que altera el proceso, ya sea falsificando, corrompiendo o destruyendo la prueba”.Apoyándose en Piero Calamandrei, recuerda:“El abogado, como el historiador, traicionaría su oficio si alterase la verdad relatando hechos inventados”.

La temeridad, advierte, no es exclusiva del derecho: alcanza a contadores, ingenieros, médicos y políticos que saben que actúan mal y aun así perseveran.

Impunidad: el aliado constante.

RPor eso, en “Dolograma de la corrupción”, Gutiérrez concluye con una verdad transversal:“El dolograma de la corrupción tiene diferentes manifestaciones y actores con un aliado sinuoso y malvado que es la impunidad”.No es castigar más: es investigar y juzgar mejor

La República Dominicana no necesita más prisiones preventivas celebradas como sentencias, ni más expedientes armados sin prueba. Necesita investigaciones técnicas y forenses, custodia real de la evidencia, procesos sin temeridad y sentencias firmes o absoluciones tempranas y reparadoras.

Porque cuando lo correcto sigue siendo extraordinario, la democracia no avanza: se erosiona.

La lucha contra la corrupción no fracasa cuando se absuelve a un culpable. Fracasa cuando el Estado decide no investigar en serio y confía su verdad a quienes tienen incentivos para mentir, exagerar o negociar.

Un país que encarcela primero y verifica después no combate la corrupción: la administra.

Un sistema que confunde delación con investigación no fortalece la justicia: la precariza. Y una sociedad que celebra la prisión preventiva como sentencia no exige verdad: exige sacrificios.

La corrupción no se derrota con delatores.Se derrota con prueba.Y la justicia que no prueba, no juzga, apuesta.

El autor es Abogado y Comunicador

affegutierrez@egae.mil.do