Celebrar el Poder Judicial con el desacato en la sala
06 Enero 2026 Affe Gutierrez 815
Por: Affe Gutiérrez
Santo Domingo, R.D. La ironía de este 7 de enero de 2026 es casi perfecta, en la víspera del Día del Poder Judicial, el Estado amaneció con un decreto que inaugura una nueva arquitectura institucional. El Decreto 1-26, del 5 de enero de 2026, nombró a Antoliano Peralta Romero como primer ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
La pregunta, sin embargo, no es si tenemos una nueva cartera. La pregunta es si en 2026 vamos a tener un sistema de justicia que mande, o seguiremos con uno que opina mientras otros deciden si obedecer.
Subimos en el ranking, pero el país todavía no “siente” la justicia
En 2025, República Dominicana mejoró en el WJP Rule of Law Index, en el puesto 76 de 143 (16/32 en la región), con +2.1% en su puntaje general. Uruguay lidera la región, seguido por Costa Rica y Barbados, ese avance existe, y se reconoce. Pero el mismo informe deja una verdad incómoda, seguimos mal parados en áreas que el ciudadano percibe en la piel, como son seguridad/orden, cumplimiento regulatorio, y una justicia civil que en el índice aún luce débil en el conjunto comparado, en otras palabras, el país sube… pero el barrio no lo nota.
“Tribunales al día” no significa justicia a tiempo para todos
El Poder Judicial empujó el discurso y la práctica del “cero mora”. En el primer trimestre de 2025, el propio Observatorio reportó que 74% de tribunales estaban al día (513) y publicó el detalle por departamentos judiciales, con contrastes fuertes (por ejemplo, Santo Domingo con porcentajes más bajos). Para el segundo trimestre, el indicador sube a 76% de tribunales al día, superando su meta intermedia. Y en el tercer trimestre, en asuntos contenciosos y graciosos, se reporta una tasa de solución de 102.20% (salió más de lo que entró, señal de descongestión).
Eso es avance. Pero hay una verdad que no cabe en un dashboard, y es que la mora no solo es cantidad; es sentido. Un tribunal puede “ponerse al día” y, aun así, producir decisiones que tardan en notificarse, en ejecutarse, o que terminan siendo letras muertas por una cultura institucional que ha normalizado el “después vemos”.
El Estado paga, pierde, reincide y se ríe
Si 2025 tuvo un “pecado estructural” que no se puede barrer debajo de la alfombra, es sin lugar a dudas el desacato a sentencias, especialmente del Tribunal Constitucional.
El propio TC tiene una Unidad de Seguimiento de Ejecución y publica listados de responsables de incumplimiento. La prensa documentó cómo instituciones públicas y cuerpos armados aparecen repetidamente en desacatos (con listados que incluyen decenas de casos). Y el costo no es simbólico, hay reportajes sobre millones perdidos por parte del Estado en astreintes y medidas de ejecución derivadas del incumplimiento.
Eso no es una anécdota, es un mensaje institucional devastador. Es el Estado diciéndole a la ciudadanía que “la Constitución se negocia; la sentencia se posterga; la obediencia es opcional.”
No sorprende que en 2025 se movieran propuestas para endurecer consecuencias frente al incumplimiento de sentencias del TC. Pero el dilema real no es aprobar un titular, es diseñar un mecanismo que no sea decorativo ni selectivo, y que no termine castigando a los mismos de siempre mientras el poder se declara “de difícil cumplimiento”.
Producción, modernización… y el talón de Aquiles de las Altas Cortes
Tribunal Constitucional (TC)
Puede haber modernización, portal, gestión, estadísticas. Pero si el TC dicta y otros posponen, entonces el TC termina como un faro que alumbra… sin barco que lo respete. El 2025 dejó claro que el desafío central es hacer valer la supremacía constitucional, no solo en doctrina, sino en conducta institucional.
Tribunal Superior Administrativo (TSA)
En el mismo boletín de enero–marzo 2025, se reporta que el TSA recibió 966 trámites y resolvió 982, para 101.7% de solución. Ese dato es valiosísimo, el TSA es donde el ciudadano se enfrenta al Estado. Ahí la justicia no debe ser valiente en el discurso, sino eficiente en el trámite y firme en el control. Pero volvemos al punto, el juicio administrativo, sin ejecución efectiva, se convierte en un “sí, usted tiene razón” … sin consecuencia.
Tribunal Superior Electoral (TSE)
El TSE reportó en su memoria de gestión 2021–2025 una producción masiva de decisiones, y su presidencia ha citado 19,304 decisiones en cuatro años, incluyendo contencioso electoral, cambios de nombre y rectificaciones. El reto aquí ahora doble, primero, sostener credibilidad en un ambiente regional donde la justicia electoral suele ser el primer campo de batalla de la desconfianza democrática y segundo, blindar el tribunal de la sospecha permanente de cuotas, del “CruZificado”, por ejemplo.
Jurisdicción inmobiliaria y seguridad jurídica
El discurso de inversión y desarrollo se cae si la propiedad no es confiable. En 2025, el Poder Judicial reportó desempeño alto en gestión de trámites y una lógica de descongestión en distintas áreas. En la práctica, lo que necesita la jurisdicción inmobiliaria no es solo productividad, es trazabilidad, estandarización, tiempos previsibles y menos zonas grises donde la discrecionalidad se confunde con “criterio”.
Carrera judicial, evaluación y formación
La profesionalización no se declama; se institucionaliza. La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) reporta graduaciones y formación de jueces y servidores judiciales (incluyendo nuevos jueces de paz y programas para el sistema). Y se han trabajado instrumentos de evaluación y reglamentos para fortalecer la carrera (incluida normativa del Consejo del Poder Judicial sobre evaluación del desempeño, y reglamentación específica del CNM para evaluar jueces de la SCJ).
Pero lo que falta, y aquí están “lo’ nervio nervioso”, es que la carrera judicial sea percibida como blindaje contra la llamada, contra la “sugerencia”, contra el padrinazgo, el ciudadano no necesita que el juez sea famoso, necesita un juez que sea inmovible frente al poder y predecible frente a la ley.
Pero la profesionalización real tiene una prueba simple, y es que el sistema sancione y evalúe sin miedo y sin preferencias. Si la disciplina cae solo sobre el eslabón débil, el mensaje interno es corrupción pedagógica; “lo correcto depende de tu apellido institucional”.
Escogencia de jueces y el CNM; el termómetro de la independencia
En el cierre de 2025, el CNM se movió para escoger jueces para vacantes en la Suprema Corte y otras instancias, con convocatorias y decisiones ampliamente cubiertas. El problema no es que se escojan, el problema es cómo se escogen y qué señal deja ese proceso sobre mérito, transparencia y captura política. Porque una alta corte puede tener grandes currículos, pero si el país interpreta que los asientos responden a cuotas, todo lo demás se vuelve sospechoso: sentencias, prioridades, silencios y velocidades.
El Ministerio de Justicia: la reforma nació… falta que nazca bien y cuidándose de el “monstruo administrativo”
En 2025, el Congreso aprobó el proyecto para crear el Ministerio de Justicia, y el debate fue intenso, por un lado, la promesa de ordenar política criminal, asuntos penitenciarios y coordinación; por otro, advertencias de riesgos institucionales. Luego vinieron observaciones presidenciales a la ley aprobada, evidenciando que el diseño no estaba cerrado ni pacificado. Más tarde quedó formalizada como Ley 80-25, con publicación en agosto de 2025 (y derogaciones ligadas al sistema penitenciario y a normativa histórica de representación del Estado). Y ahora, con el Decreto 1-26, se designa el primer ministro.
La creación de este ministerio puede ser una oportunidad para ordenar competencias… o el comienzo de un nuevo espacio de burocracia y control. Su legitimidad no dependerá del nombre ni del titular, sino de cinco decisiones concretas:
- Reglamentos, organigrama y presupuesto con trazabilidad pública. Sin esto, es solo un anuncio.
- Coordinación sin subordinación del Ministerio Público. Y es que la persecución penal no puede ser una dependencia política.
- Política penitenciaria separada del órgano acusador. Con metas medibles, existe una deuda histórica.
- Ejecución de sentencias como prioridad de Estado. No como molestia administrativa.
- Indicadores trimestrales verificables. Sobre mora, tiempos, ejecución, calidad, cumplimiento.
¿Mi posición editorial? Sí, hace falta ordenar el Estado, pero no para crear un “superministerio” que termine siendo el tablero donde el Ejecutivo mueva piezas sensibles del sistema penal y forense. Si nace, debe nacer con candados, controles, transparencia, límites operativos y no como palanca de control, dentro de un marco que no debilite al Ministerio Público ni a la independencia judicial.
Prisiones fuera de la Procuraduría; lo impostergable
Separar la gestión penitenciaria de la Procuraduría no es un capricho, es higiene institucional pendiente. La administración penitenciaria tiene dinámica propia (derechos humanos, reinserción, seguridad, salud) y no puede ser el apéndice natural del órgano acusador.
El diseño del Ministerio de Justicia, tal como fue aprobado en el Congreso, incluso contempla coordinación del sistema penitenciario, lo que muestra que el debate ya estaba sobre la mesa. Si queremos un sistema penal serio, prisiones deben ser política pública, no “logística del castigo”, un país que convierte la cárcel en sótano institucional termina produciendo más violencia de la que encierra.
Independencia del Procurador; discurso o práctica
En 2025, la idea de independencia del Ministerio Público siguió siendo uno de los grandes temas nacionales. Pero la independencia no se certifica con una frase; se prueba con decisiones concretas, a quién se investiga, cuánto se investiga, con qué velocidad, y qué tan lejos llega el expediente cuando toca apellido sonoro y de poder.
La independencia real es cuando la justicia no tiembla en el momento en que el caso deja de ser popular y se vuelve peligroso.
El espejo no es para admirarnos, es para corregirnos
En la región, el patrón es claro, los países que lideran el Estado de derecho, como Uruguay y Costa Rica en el WJP, lo logran menos por épica y más por rutina institucional, a través de reglas estables, previsibilidad y ejecución.
Y el contraejemplo regional también enseña que, cuando el proceso de nombramientos o el diseño de reformas se percibe como captura o atajo, la legitimidad se erosiona y el sistema se vuelve campo de guerra política. En América Latina, esa tensión es constante y reciente, y República Dominicana no está vacunada contra eso, por eso el método importa tanto como el resultado.
El 7 de enero no se celebra; se rinde cuentas
La justicia dominicana en 2025 tuvo avances medibles, mejora en índices, empuje de mora, herramientas de evaluación, producción jurisdiccional. Pero el corazón del sistema sigue enfermo de una cosa: “la obediencia institucional a la sentencia”. Sin ejecución, el fallo es literatura; y sin respeto al TC, la Constitución se convierte en un pedazo de papel maloliente, con trazas de materia fecal.
Por eso el título no es provocación, es diagnóstico. Celebrar el Poder Judicial con el desacato en la sala es como inaugurar un hospital mientras el Estado se niega a pagar la medicina. Se oye solemne, luce institucional… pero el paciente sigue igual, ¡muriéndose!.
Si en 2026 el nuevo Ministerio de Justicia quiere nacer con dignidad, que empiece por lo que más duele, el cumplimiento, prisión como política pública, nombramientos transparentes, y cero tolerancia al desacato. Porque el día que el Estado aprenda a obedecer la sentencia, ese día, y solo ese día, podremos decir que el Poder Judicial no se celebra, se respeta. Y ahí está la línea roja, la República no necesita más sentencias; necesita que se respeten. Si el Estado no obedece, la ciudadanía aprende a sobrevivir sin ley… y cuando la ley se vuelve opcional, lo que entra por la puerta no es el progreso, es la arbitrariedad.
El autor es Abogado y Comunicador
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