La venda de la justicia dominicana

24 Febrero 2020   Julio Gutiérrez

La venda de la justicia dominicana

El pueblo dominicano ha sido espectador de acontecimientos en los cuales, la administración de justicia, no ha satisfecho las expectativas ciudadanas. La frase “hasta las últimas consecuencias”, se detiene en muchas ocasiones, en penalizar a “los chivos expiatorios”. Los casos más sonados en la opinión pública, donde los infractores afectaron los bienes patrimoniales del Estado, vulneraron los derechos de la sociedad, al calificar, en principio, esos ilícitos de asociación de malhechores, pero al final solo aparecía un solo imputado.

Transcurridas dos décadas del presente Siglo XXI, la sociedad dominicana ha tenido que soportar atentados contra los bienes públicos por parte de personeros enquistados en posiciones importantes en los sectores públicos y privados. Cada vez que ocurre un hecho delictivo, la presión del pueblo para que se haga justicia es obviada.

 

Como bienvenida al Siglo XXI, en el periodo de gobierno 1996-2000, se creó el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME). Conforme a las reseñas periodísticas de esa fecha, los gestores de ese programa fueron acusados de distraer 1,438 millones de pesos de los fondos públicos. Cuatro funcionarios del gobierno peledeista fueron acusados por el gobierno perredeista del 2000-2004, pero el gobierno del 2004-2008, se desinteresó del caso. A partir de este caso, el gobierno que terminó en el 2004, fue acusado de utilizar fondos del Estado para financiar la compra de motores, cuyos propietarios tenían que colocar una bandera del perrede para la campaña reeleccionista de ese partido. Los analistas políticos de esa década consideran con esas maniobras, el resurgimiento del populismo en el país.

 

En el periodo que terminó en el 2008, apareció el flagelo de la corrupción denominado el “Caso de la Sun Land”, en el cual se ventiló que, de un contrato de 130 millones de dólares, se apropiaron 112 millones de dólares de manera ilegal. Este expediente quedó sin efecto, ya que no fue judicializado.

El soborno recibido de la empresa brasileña EMBRAER, por la compra de los aviones Super Tucano, ascendente a 3.5 millones de dólares, involucró a seis personas, pero en el desenvolvimiento del caso, solo una persona está detenida y enjuiciada. En este caso lo más escandaloso no es el pago del soborno, admitido por la propia empresa brasileña, sino la sobrevaluación de las aeronaves, pagadas a precios muy superiores a los establecidos en el mercado internacional para este tipo de aviones.

A menos de cinco meses del segundo periodo del presente gobierno, explotó como una bomba el caso de los sobornos de ODEBRECHT. Con la parafernalia montada en la detención de los presuntos implicados, se quería dar un golpe de efecto, iniciativa que no tuvo sus frutos, debido a que el pueblo consideró que “no son todos los que están y no están los que deben ser”. Como al efecto sucedió, de catorce imputados, solo seis se quedaron en el expediente. Lo más probable es que se judicialice a uno solo de ese grupo, como ha sucedido en el caso de los Súper Tucanos.

Han sido muchos los casos de corrupción administrativa que fueron detectados pero nunca se tramitaron para formar parte de un expediente judicial, gracias a una justicia, que según sea el caso, se levanta la venda de los ojos para ver a quien debe darle un tratamiento especial.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense