Empresas Nacidas Para Ganar

04 Mayo 2021   Julio Gutiérrez

Empresas Nacidas Para Ganar

Me imagino que los promotores del Proyecto de Ley aprobado en el año 2001, nunca pensaron que un sistema que prometía universalidad, equidad, solidaridad y libre elección, se convertiría en un negocio mercantilista, donde los actores principales (los pacientes) fueron considerados como simples clientes, sujetos a ser expoliados por unas empresas denominadas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En un par de décadas esas administradoras se han servido a su antojo. El poder de decisión a su favor y, en contra de los sufragantes de los fondos aportados, es alarmante. Las ARS, tienen el poder de decidir que tipo de medicamentos recetados por un doctor, se pueden adquirir, dentro de la miserable suma asignada, de ocho mil pesos anuales, para cubrir los tratamientos ambulatorios de los afectados de cualquier dolencia. Esas restricciones y otras relacionadas con determinadas enfermedades, les ha generado ganancias irritantes.

Para tener una idea de quien nació para perder, en el sistema dominicano de salud, veamos los siguientes eventos donde participan los clientes de la Seguridad Social. Primero, el afiliado a una ARS, cuando consulta a un médico, debe pagar una suma significativa para compensar el misero valor que las Administradoras de su dinero, les pagan a los profesionales de la medicina; es decir, el paciente tiene que financiar las consultas. De igual modo, sucede en los servicios de laboratorios y la compra de medicamentos. Tampoco en los procesos de internamiento e intervención quirúrgica, el usuario tiene cubierto sus riesgos de salud.

Las ARS han administrado los fondos del Sistema de Salud, como si fueran dueños de los mismos, pero los riesgos se lo dejaron a los que aportan esos fondos, en detrimento de su salud. Desde el 2003, año en que inició formalmente la aplicación de la Ley 87-01, las administradoras de los fondos, han recibido cientos de miles de millones de pesos, cuyo manejo le garantizó un porcentaje de hasta un 16 % de ganancia, llegando a contabilizarse más de 27 mil millones de pesos para el periodo 2007-2016. A estos beneficios habrá que agregarles los resultados de los años 2017, 2018, 2019. El 2020, ni mencionar, pues en ese año fue que “hicieron su agosto”; recibieron los aportes sin incurrir en gastos, debido a la pandemia.

Debido a que esas empresas no fueron diseñadas para perder, ahora se destapan con exigir al Gobierno Dominicano, una deuda originada por la pandemia del COVID 19, consistente en autorizar servicios de pruebas de antígeno para detectar el coronavirus, por un valor ascendente a más de tres mil ochocientos millones de pesos.

Cuando las ARS decidieron cobrar esa “deuda”, aparentemente no contemplaron varios factores, tales como: que esos servicios se realizaron durante un periodo de confinamiento, de cuarentena, de toque de queda, de muchas limitaciones y falta de control; que la base de sustentación, presenta debilidades, ya que cada persona que se sometió a esas pruebas, es un expediente individual.

Además, para justificar esa “deuda”, las empresas intermediarias de la salud, deberán cuadrar sus números, ya que un simple calculo de los 3,800 millones, divido entre el valor aproximado de una prueba, valorada en unos 4,500 pesos, resultaría que mas de 800 mil dominicanos recibieron las referidas pruebas, cantidad esta, muy por encima de las estadísticas de las autoridades sanitarias del país.

 

Lo que no han advertido los empresarios de las ARS privadas, es que la Ley 10-07 sobre el Sistema de Control Interno y de la Contraloría General de la República, establece en el Párrafo I, del Artículo 2, lo siguiente: … “están sujetas al ámbito de la aplicación de la presente Ley, las personas físicas y jurídicas que recauden, reciban o administren, a cualquier título, fondos o recursos públicos…”. Esto significa que, antes de ser pagada la referida “deuda”, la misma tendrá que validarse, en base a su verificación. Es bueno recordarle a los que manejan a las ARS, la frase que dice: “la avaricia rompe el saco”

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense