El sine die de los expedientes de corrupción

01 Febrero 2021     926

Cualquier excusa no tiene fundamento para explicar las razones por las cuales permanecen “almacenados”, más de trescientos expedientes, calificados de actos de corrupción, imputados a diferentes funcionarios de la administración pública. Para no acusar directamente a un gobierno pasado o a cualquier autoridad judicial, carguémosle la culpa a la impunidad.

Para los dominicanos, la impunidad es considerada como una maniobra de los dirigentes políticos, motivada por “acuerdos de aposentos”, con el propósito de mantener la “gobernabilidad” del sistema y proteger a determinados miembros de sus partidos o personas identificadas como “simpatizantes”.

Por espacio de tres décadas se han acumulado expedientes vinculados con el manejo inapropiado de los recursos del Estado dominicano. La explicación vertida por el organismo responsable de la persecución de la corrupción, es que esos 326 expedientes están aún sin estudiar. Estamos hablando que han pasado diez y siete años engavetados, “durmiendo el sueño eterno”, esperando ser estudiados.

Los partidos políticos a los cuales pertenecen los imputados de corrupción administrativa, se convirtieron en apoyadores de esas indelicadezas, sirviendo de cuevas o refugios para evitar la acción de la justicia.

Los pendientes de ser encartados en esos trescientos y tantos expedientes, pueden ser el doble o más personas involucradas, dependiendo del tipo de delito cometido, ya que, si la tipificación es soborno, el número es considerable. Igual sucedería, si el desvío de recursos se realizó utilizando falsas sociedades y corporaciones. En cambio, si la falta grave es prevaricación, hay motivos suficientes para mantenerse “en estudio” por tanto tiempo.

Ahora, la imposibilidad de judicializar, como es debido, a la cantidad de expedientes en espera de investigación, podría atribuirse a que, muchos de los involucrados no residan en el país, hayan sido desvinculados de sus cargos o físicamente no estén disponibles.

A ese escenario hay que agregar la apatía mostrada por los gobiernos de los tres partidos que en las últimas tres décadas se han repartido el poder; no obstante, sus gobernantes en la toma de posesión, juraron con perseguir y condenar la corrupción administrativa.

Otros expedientes que se suman a los que están estudio, son aquellos archivados en determinados tribunales, en especial, la Suprema Corte de Justicia. Las decisiones se fundamentaron por absolución o insuficiencia de pruebas, en algunos casos, y, en otros casos se declararon autos de no a lugar a las persecuciones por actos ilícitos.

Aparentemente, hay una motivación para declarar a esos expedientes en estudio, con un sine die o sin plazo determinado para su reactivación, para ser judicializados, ya que la experiencia con otros casos similares es el sobreseimiento. Por lo tanto, el pueblo espera que con la nueva configuración del Ministerio Público, aquellos que han cometido actos dolosos contra los bienes del Estado dominicano, resarcen lo que no es suyo.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense