El peso de la deuda pública en la inversión estatal
16 Septiembre 2019 Julio Gutiérrez Heredia 1073
Cuando alguien trata el tema de la deuda pública, de inmediato se abren trincheras entre los que consideran que el vaso del apalancamiento está medio lleno o medio vacío, según el litoral político donde se produzca el pronunciamiento. En un artículo anterior explicamos que existen tres tipos de apalancamientos: el positivo, el neutro y el negativo. Con la definición del último tipo de apalancamiento, se puede interpretar el efecto que producen los dos primeros, ya que por apalancamiento negativo se entiende como la gestión para la captación de fondos mediante el financiamiento con instituciones financieras locales e internacionales, para cubrir obligaciones contraídas en períodos pasados; es decir, el uso de esos fondos no han generado ninguna productividad.
Como variable macroeconómica, la deuda pública ejerce una influencia importante en los flujos de caja de las cuentas fiscales, debido a la carga financiera que se consignan en el Presupuesto Nacional para amortizar (pagando capital más intereses) los saldos pendientes. El carácter galopante de esa carga está afectando los planes de inversión del Gobierno dominicano, limitando, de este modo, la aplicación de una eficaz política pública en sectores, tales como: la salud, la agricultura, la seguridad ciudadana, etc.
Entidades internacionales que analizan el comportamiento de la deuda pública del país, se quejan del aumento desmesurado de los compromisos contraídos con respecto al crecimiento del producto interno bruto (PIB), destacan que, la referida deuda se incrementa con más celeridad que el PIB, generando distorsión en nuestra economía.
En el sector público el efecto del apalancamiento no se toma con la seriedad que amerita y como lo conciben los administradores de las empresas privadas. En primer lugar, los administradores de la cosa pública no manifiestan la preocupación de tomar prestado a tasas de intereses estrictamente negociables y también que la extinción de la deuda no será de su competencia. Esta aseveración se puede confirmar con el tratamiento dado a los déficits presupuestarios a partir del año 2008, ya que los financiamientos obtenidos han sido para cubrir el servicio de las deudas interna y externa del país.
Al cierre del mes de octubre del año 2014 el balance de la deuda pública representó un 38.2 % del producto interno bruto (PIB) y para el presupuesto del 2019 ese porcentaje se coloca por encima de un 50 %. De seguir este modelo de financiación el Estado dominicano enfrentará el riesgo de no poder cubrir los costos de la deuda, en la medida que se vayan abultando los compromisos contraídos, tanto local como internacional.
Para evitar un apalancamiento desproporcionado o negativo, el Gobierno Dominicano como administrador de los bienes de la Nación y responsable de la ejecución del presupuesto público, debe analizar cuál es el nivel aceptable del volumen de la deuda pública y lo que implicaría el riesgo financiero al no poder cubrir los pagos en el futuro inmediato y mediato.
En diez años de ejecución presupuestaria, arrastrando un déficit equivalente al 2.3 % del PIB, el Gobierno Central ha especializado, del total de sus gastos, entre un 13 a 15 por ciento para cubrir los Gastos de Capital y un 85 a 87 por ciento para los Gastos Corrientes. En esta situación, se destacan, en los Gastos Corrientes, el pago de servicios (personales y no personales) y la amortización de la deuda pública. Con este diseño de la inversión pública, el proceso de desarrollo del país está sometido a una ralentización de los sectores productivos, pues con una inversión de un 13 o 15 por ciento en los Gastos de Capital, el cacareado aumento del PIB es cuestionable.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
