El Estado esconde a sus soldados y condena la Constitución al olvido
16 Junio 2026 Affe Gutierrez 521
Cinco millones para explicar el honor de quienes defiende la Nación y RD$15.9 millones para enseñarle al país qué debe defender: sin presupuesto, sin narrativa y sin educación cívica, el uniforme pierde respeto y la Constitución se convierte en letra muerta.
Por Affe Gutiérrez
Santo Domingo. - Como egresado de mi alma mater, el Instituto Nacional de Defensa General de Brigada Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, tuve la oportunidad de participar, como parte del programa académico, en numerosas visitas de reconocimiento a infraestructuras críticas, agencias de seguridad y organismos estratégicos del Estado dominicano.
Una de aquellas visitas nos llevó al despacho del entonces ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, E.R.D. Durante el encuentro tuve la oportunidad de formular una pregunta que, aunque parecía estrictamente presupuestaria, tocaba el centro de un problema institucional mucho más profundo. (Solo mis lectores de uniforme entenderán el por que Teniente General en mayúscula, los demás entenderán un falta ortográfica).
Según la información que entonces aparecía en el portal del Ministerio de Defensa, el presupuesto destinado a publicidad era de apenas un millón de pesos. Mi pregunta fue sencilla: ¿cómo puede esta institución generar sentido de pertenencia, orgullo y reconocimiento entre sus propios miembros y ante la sociedad si carece de recursos para comunicar lo que hace, la disciplina que sostiene, la fuerza que representa, los servicios que presta y el honor de quienes visten el uniforme?
La respuesta fue directa: se trabaja con lo que hay, con lo asignado.
La frase retrata una realidad administrativa, pero también una cultura institucional. Una cultura en la que las Fuerzas Armadas reciben, ejecutan, obedecen y continúan su misión, incluso cuando las asignaciones resultan insuficientes para proteger su propia imagen, proyectar su valor ante la ciudadanía o atraer a nuevas generaciones hacia la carrera militar.
El presupuesto aprobado del Ministerio de Defensa para 2026 contiene RD$5,050,000 en la partida de “Publicidad, impresión y encuadernación”. Aunque representa un aumento frente al monto que motivó aquella pregunta años atrás, continúa siendo una asignación modesta y, además, no corresponde exclusivamente a publicidad. De esa misma suma deben financiarse trabajos de impresión y encuadernación.
Estamos hablando de poco más de cinco millones de pesos para una institución responsable de defender la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la Constitución y las instituciones de la República; asistir a la población durante desastres; respaldar la seguridad fronteriza; proteger infraestructuras críticas; apoyar la lucha contra el narcotráfico y participar en innumerables tareas de interés nacional.
La obediencia no puede convertirse en silencio
Parte del origen de esta pasividad puede encontrarse en una interpretación excesivamente restrictiva del artículo 252 de la Constitución. Su numeral 3 dispone que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y que no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar.
La norma tiene una finalidad democrática incuestionable: impedir que los cuerpos armados se conviertan en actores político-partidistas, cuestionen la autoridad civil legítima, condicionen las decisiones de los poderes públicos o utilicen las armas para intervenir en la competencia política.
Sin embargo, una cosa es la deliberación político-partidista y otra muy distinta es la deliberación técnico-institucional.
La Constitución no puede interpretarse en el sentido de que un comandante, un estado mayor, una dirección técnica o el propio Ministerio de Defensa estén impedidos de estudiar sus necesidades, evaluar riesgos, debatir doctrinas, formular políticas públicas, defender proyectos presupuestarios o advertir al poder civil sobre los efectos de una decisión.
Sin pensamiento institucional no existe planificación. Sin discusión técnica no existe doctrina. Sin análisis crítico no existe modernización. Y sin capacidad para plantear necesidades ante el poder político, las Fuerzas Armadas quedan reducidas a esperar pasivamente la voluntad del Poder Ejecutivo, aunque su infraestructura, su personal, su capacidad operativa o su imagen pública sufran retrocesos.
La obediencia militar es indispensable. La robotización institucional no lo es.
El soldado no está llamado a deliberar partidariamente ni a disputar el poder civil. Pero la institución militar sí debe pensar, planificar, proponer y defender técnicamente las condiciones necesarias para cumplir su misión constitucional. Confundir ambos planos debilita a las Fuerzas Armadas y empobrece la toma de decisiones del Estado.
Los países que entienden la defensa también comunican la defensa
Estados Unidos ofrece el contraste más visible. En 2023, sus servicios militares gastaron aproximadamente US$1,853 millones en esfuerzos amplios de reclutamiento y publicidad. La cifra incluye mercadeo, campañas de captación, producción de contenidos, presencia territorial y múltiples mecanismos destinados a presentar la carrera militar ante la sociedad.
No se trata simplemente de colocar anuncios.
En Estados Unidos es habitual encontrar presencia militar en centros comerciales, universidades, escuelas, ferias, eventos deportivos y actividades comunitarias. Allí los jóvenes pueden hablar con miembros de las fuerzas, conocer oportunidades educativas, observar equipos, recibir información profesional y descubrir que el servicio militar constituye una opción de vida.
Esa presencia crea reclutamiento, pero también identidad. Construye una conexión entre la sociedad y sus soldados. Enseña quiénes son, qué hacen, por qué existen y qué papel desempeñan en la protección del país.
Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina también destinan recursos a comunicación institucional, difusión, publicaciones, campañas de incorporación y promoción de sus fuerzas. Las clasificaciones presupuestarias varían y, en algunos casos, los fondos aparecen distribuidos entre el ministerio y las distintas ramas militares. La constante es que comunicar la defensa forma parte de la política de defensa.
Esta reflexión vuelve a cobrar actualidad con las campañas estadounidenses articuladas bajo el concepto “Peace Through Strength”, traducido como “Paz a través de la fuerza”. El mensaje no vende una persona ni promociona electoralmente a un gobierno. Proyecta una doctrina: la capacidad militar, la preparación y la fortaleza nacional sirven como instrumentos de disuasión.
Podemos coincidir o discrepar de la política exterior estadounidense, pero hay algo que esa nación comprende con claridad: el poder que no se comunica pierde parte de su efecto disuasorio; el servicio que no se explica deja de ser valorado, y la institución que no conecta con la sociedad termina separándose de ella.
No se trata de propaganda personalista
Proponer un presupuesto robusto de comunicación para el Ministerio de Defensa no significa justificar propaganda política, culto a la personalidad, promoción de funcionarios ni uso partidario de los fondos públicos. Precisamente por tratarse de recursos públicos, sus objetivos deben estar definidos y sujetos a evaluación.
La comunicación estratégica de la defensa debe promover la carrera militar, informar sobre las misiones de las Fuerzas Armadas, fortalecer la cultura de seguridad y defensa, educar sobre soberanía, frontera e infraestructuras críticas, reconocer el trabajo del personal y explicar a la ciudadanía cómo se emplean sus recursos.
También debe mostrar la participación militar en operaciones de rescate, atención de desastres, protección ambiental, vigilancia marítima y aérea, asistencia humanitaria, seguridad fronteriza, formación técnica, ciberdefensa y apoyo al desarrollo nacional. No es publicidad para generales. Es comunicación para la Nación.
Debe existir, además, una separación absoluta entre comunicación institucional y promoción personal. Las campañas no deben girar alrededor del ministro de turno, de un comandante o de una gestión particular. Deben sobrevivir a los cambios de mando y responder a una política permanente del Estado.
Una ciudadanía que desconoce a sus soldados difícilmente los respetará
El deterioro de la imagen institucional no siempre se produce por conductas negativas. También puede surgir del vacío.
Cuando el Estado no cuenta su propia historia, otros la cuentan por él. Cuando las Fuerzas Armadas no explican sus misiones, la ciudadanía termina conociéndolas únicamente a través de controversias, denuncias, incidentes o estereotipos.
El silencio no es neutral. El silencio cede el espacio público.
Una parte importante de la población dominicana desconoce cuánto hacen diariamente sus soldados. Desconoce el sacrificio de quienes permanecen desplegados en la frontera, participan en operaciones marítimas, vigilan el espacio aéreo, protegen instalaciones estratégicas o responden ante emergencias.
También desconoce las oportunidades profesionales existentes en la carrera militar, los programas académicos, las escuelas técnicas, las especialidades, los sistemas de becas y la posibilidad de servir al país desde áreas científicas, tecnológicas, médicas, jurídicas, aeronáuticas o navales.
¿Cómo puede un joven aspirar a una carrera que nadie le presenta? ¿Cómo puede una familia valorar una institución cuyo trabajo permanece invisible? ¿Cómo puede crearse orgullo nacional alrededor de misiones que el propio Estado no comunica?
Mientras la ciudadanía no comprenda las razones para valorar y respetar a sus Fuerzas Armadas, ese respeto dependerá de percepciones fragmentadas y no de un conocimiento real de su misión.
El mismo problema en el Tribunal Constitucional
La insuficiencia comunicacional no se limita al sector defensa. El Tribunal Constitucional enfrenta una contradicción semejante.
La Constitución es la norma suprema del Estado, pero para una parte considerable de la población continúa siendo un documento distante, técnico y reservado para abogados, jueces, funcionarios o académicos.
Si el Tribunal Constitucional dispone de una asignación cercana a RD$15.9 millones para publicidad, difusión o conceptos relacionados, la pregunta vuelve a imponerse: ¿cómo puede promover efectivamente el conocimiento de la Constitución entre millones de ciudadanos con una suma tan limitada?
No basta con imprimir ejemplares, organizar congresos jurídicos o celebrar actos institucionales. La promoción constitucional debe entrar en las escuelas, universidades, medios de comunicación, plataformas digitales, comunidades, centros penitenciarios, organizaciones sociales y espacios donde se forma la ciudadanía.
La Constitución debe explicarse en lenguaje sencillo. Debe convertirse en contenidos audiovisuales, documentales, animaciones, campañas, aplicaciones, concursos, programas escolares, cápsulas para redes sociales y materiales accesibles para personas con discapacidad.
Otros tribunales constitucionales de la región desarrollan programas de pedagogía, publicaciones, academias de estudios y centros de difusión constitucional. Ecuador cuenta con un Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Bolivia financia una Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales. Perú desarrolla publicaciones y materiales de divulgación dirigidos a diferentes sectores de la población.
La República Dominicana no necesita copiar mecánicamente esos modelos, pero sí comprender el principio que los inspira: una Constitución que no se enseña termina convertida en una Constitución que pocos conocen y menos personas están dispuestas a defender.
Defensa y Constitución necesitan aliados presupuestarios
La escasez de recursos no obliga necesariamente a que cada institución actúe de manera aislada.
El Ministerio de Defensa podría establecer acuerdos con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos sobre soberanía, defensa nacional, servicio militar voluntario, protección civil, símbolos patrios y cultura de seguridad dentro de programas educativos y campañas públicas.
También podría coordinar con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, universidades y centros tecnológicos para promover carreras y especialidades vinculadas a la defensa.
El Tribunal Constitucional, por su parte, debería formalizar un programa nacional junto al Ministerio de Educación para que la Constitución no sea una mención ocasional dentro del currículo, sino una herramienta viva de formación ciudadana.
El Ministerio de Educación maneja una capacidad presupuestaria, territorial y comunicacional muy superior. Utilizar esa infraestructura para difundir la Constitución no implicaría desviar su misión, sino cumplirla. Educar no consiste solamente en enseñar matemáticas, ciencias o lengua española. También implica formar ciudadanos conscientes de sus derechos, deberes e instituciones.
La Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, las universidades, los ayuntamientos, los medios estatales y las organizaciones sociales podrían formar parte de una política nacional de educación constitucional.
Una propuesta concreta
El Estado dominicano debería crear dos programas permanentes y diferenciados.
El primero sería un Programa Nacional de Comunicación Estratégica para la Defensa, adscrito al Ministerio de Defensa, con asignación presupuestaria propia, planificación plurianual e indicadores verificables.
Este programa tendría como objetivos fortalecer el sentido de pertenencia, promover la carrera militar, explicar las misiones de las Fuerzas Armadas, mejorar la relación entre civiles y militares, divulgar la cultura de defensa y proyectar los avances nacionales en seguridad, tecnología, asistencia humanitaria y soberanía.
El segundo sería un Programa Nacional de Cultura Constitucional, dirigido por el Tribunal Constitucional en coordinación con el Ministerio de Educación y otras instituciones públicas.
Su finalidad sería llevar la Constitución a cada escuela, comunidad, universidad y plataforma de comunicación. No como un libro decorativo entregado durante una ceremonia, sino como conocimiento práctico para la vida cotidiana.
Ambos programas tendrían que contar con controles claros. Deberían publicarse sus presupuestos, campañas, contrataciones, audiencias alcanzadas, resultados e indicadores de impacto. La comunicación pública no puede convertirse en un cheque en blanco, pero tampoco puede seguir tratándose como un gasto ornamental.
Lo que no se comunica deja de pertenecerle a la ciudadanía
Las Fuerzas Armadas protegen la Constitución y el Tribunal Constitucional protege su supremacía. Sin embargo, ambas instituciones enfrentan el desafío de comunicar aquello que están llamadas a defender.
Un país no construye seguridad solamente con armas, cuarteles, radares o vehículos. También la construye mediante confianza, identidad, legitimidad y comprensión ciudadana.
Del mismo modo, una Constitución no se sostiene únicamente por las sentencias de los tribunales. Se sostiene cuando la población la conoce, la invoca, la exige y se indigna ante su vulneración.
Mientras el ciudadano no conozca las razones para respetar a sus soldados, difícilmente los respetará plenamente. Mientras no comprenda para qué sirve la Constitución, difícilmente estará dispuesto a defenderla.
Las instituciones que no se comunican terminan siendo instituciones que nadie comprende. Y aquello que la sociedad no comprende, tarde o temprano deja de valorar, de proteger y de sentir como suyo.
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
