Ministerio Público confía serán enviados a prisión los que no pactaron
El Ministerio Público asegura que presentó las pruebas necesarias que la jueza Kenya Romero envíe a prisión preventiva por 18 meses a los seis imputados que no han reconocido su culpabilidad en el caso Calamar.
La decisión de Romero será dada a conocer este martes a las 10:00 a.m., informaron los abogados involucrados en el proceso judicial.
“Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer”, sostuvo la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Rosa Alba García.
García, quien forma parte del equipo que estuvo presente en la audiencia de este lunes, integrado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, por el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, así como por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, se mostró confiada de que los demás imputados van a recibir la medida de coerción solicitada ante el tribunal.
Los imputados que no han pactado son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, de Hacienda, Administrativo de Presidencia y de Obras Públicas, respectivamente.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi, contra quienes solicitaron 18 meses de prisión preventiva.
La magistrada pautó para las 3:00 de la tarde de este martes la lectura del fallo para la imputada Ana Linda Fernández. El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan todo el entramado.
14 negociaron
Los otro 14 imputados en el caso negociaron con el Ministerio Público, aceptando su participación en el supuesto entramado de corrupción orquestado desde el Ministerio de Hacienda, y que estafó al Estado por más de 19,000 millones de pesos. Para estos, el Ministerio Público pide medidas de coerción como prisión domiciliaria, entre otras.
Para la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) estos hechos constituyen los siguientes delitos: asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes.
Fuente: Diario Libre
